Contraloría le “jala las orejas” a Infocoop y niega proceso rápido de contratación
El Infocoop sigue intervenido por irregularidades. (CRH)
La Contraloría General de la República (CGR) le dio un "jalón de orejas" al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) por solicitar una contratación directa concursada, por más de ¢59 millones, cuatro meses después de que saliera publicado un decreto para ampliar una investigación forense.
El 28 de junio pasado se instruyó a la Junta Interventora del Infocoop realizar una investigación sobre el trabajo de las comisiones liquidadoras de cooperativas durante los últimos 20 años, así como procesos de contratación administrativa vinculados con esta intervención.
"En este sentido, llama la atención que dicho Decreto Ejecutivo se publicó en el Alcance 124 de La Gaceta del 28 de junio del 2018, mientras que la solicitud de autorización del Infocoop para la contratación de dichos servicios fue presentada ante este órgano contralor hasta el 22 de octubre del 2018, sea casi cuatro meses después, sin que la Administración haya dado explicación alguna ni justificación de por qué no inició los trámites del procedimiento ordinario que por el monto correspondería tramitar a partir de que dicho Decreto Ejecutivo entró en vigencia, de forma tal que para este momento dicho procedimiento concursal ya podía haber finalizado", señaló la CGR.
La Contraloría, ante esta situación denegó dicho procedimiento, en un oficio el 30 de octubre pasado y le señaló al Infocoop que puede realizarlo mediante un procedimiento de contratación ordinario, "siempre y cuando esa entidad tramite dicho procedimiento con la debida diligencia y eficiencia requerida, lo cual es de absoluta y exclusiva responsabilidad de sus funcionarios".
El 9 de marzo pasado, este medio informó que el Infocoop pretendía gastar más de ¢95 millones, aparte de los ¢82 millones que ya le habían autorizado, para ampliar una investigación por presuntos actos de corrupción que habrían cometido funcionarios de dicha institución.
La Contraloría General de la República le negó autorización para modificar el contrato derivado de la contratación directa que hizo el 5 de mayo del año pasado.
El Ministerio Público realizó una serie de allanamientos el 28 de marzo pasado e informó que dichas acciones se realizaron para desarticular una red criminal que habría generado pérdidas por un monto de ¢9 mil millones en dicha institución.