Contraloría: Jerarcas deben pagar póliza de su propio bolsillo

La Contraloría General de la República (CGR) le subrayó claramente al Ministerio de Hacienda que la póliza para proteger al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y a los altos jerarcas del gabinete de eventuales procesos judiciales debe ser sufragada de su propio peculio por el Mandatario y el resto de funcionarios.

Así lo expuso el ente contralor el pasado 16 de enero al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén y a la proveedora institucional de esa cartera, Carmen Inés Corrales Segura, a través del oficio DFOE-DEC-0100, firmado por Rafael Picado López, gerente de Área de la CGR.

En ese oficio, la CGR dejó claro que la garantía o caución a la que hace referencia el artículo 13 de la Ley
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) impone para todo encargado de "recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos" rendir una garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

La CGR añadió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableció que estas pólizas tienen por finalidad la protección de la Hacienda Pública y se encuentra fundamentada, en el sistema de control de la Hacienda Pública, establecido por la propia Constitución Política y que este es un requisito indispensable para poder acceder al cargo público.

Por otra parte, la CGR dijo que el hecho de que el Instituto Nacional de Seguros sea el ente autorizado para ofrecer seguros al Estado, no implica que todas las pólizas emitidas por esta entidad puedan ser contratadas por las instituciones públicas.

"El INS ofrece productos tanto para el sector público como para el privado, y el Estado únicamente puede contratar aquellos seguros que respalden gastos que se encuentren permitidos en el marco legal vigente. En consecuencia, no basta con que un seguro sea emitido por el INS para que el Estado pueda contratarlo; se requiere que el gasto amparado por dicho seguro corresponda a un gasto legítimo que el Estado pueda asumir conforme a la normativa aplicable", establece en la CGR.

La entidad fiscalizadora dijo que "cualquier cobertura, financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal carece de sustento legal, pues desvirtúa el régimen de responsabilidad administrativa, según el cual cada funcionario debe responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones".

"La contratación de seguros por parte del Estado debe obedecer al propósito de respaldar exclusivamente aquellos riesgos inherentes a su operación que puedan generar obligaciones económicas legítimas, y no puede utilizarse como una vía para asumir responsabilidades personales de los funcionarios públicos. El régimen de responsabilidad administrativa establece que cada servidor debe responder personalmente por sus actos en el ejercicio de sus funciones, y, por tanto, no corresponde que el Estado destine recursos públicos para cubrir riesgos individuales que no estén previstos en el marco legal", añadió.

La cuestionada "póliza de la vergüenza e impunidad" fue revelada por crhoy.com desde el 25 de octubre.

La millonaria contratación fue frenada por el Poder Ejecutivo tras los cuestionamientos generalizados de los sectores políticos de que se intente pagar con recursos públicos.

El pasado 26 de noviembre, a pesar de un criterio de ilegalidad de la propia Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, el Gobierno consultó su legalidad ante la Procuraduría General de la República.

Por esta póliza el presidente Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad.