Contraloría improbó presupuesto municipal de Puntarenas por incumplimientos legales

La Contraloría General de la República (CGR), mediante el oficio DFOE-LOC-2369, de este martes 23 de diciembre de 2025, informó sobre la improbación del presupuesto inicial 2026 de la Municipalidad de Puntarenas.

En el documento se comunica que no fueron aprobados ₡17.917,71 millones y que esta decisión debe ser notificada al Concejo Municipal puntarenense para que se emitan las instrucciones correspondientes.

Según detalló la CGR, el presupuesto fue remitido mediante el oficio n.° MP-AM-OF-3299-09-2025, del 28 de septiembre de 2025.

No obstante, la improbación presupuestaria se fundamentó en las atribuciones conferidas a la Contraloría para el ejercicio de la fiscalización externa.

Explicación de la improbación

La revisión externa del presupuesto puede derivar en la aprobación total, aprobación parcial, improbación total o archivo sin trámite del documento presupuestario.

El artículo 105 del Código Municipal establecía como condición obligatoria que el presupuesto ordinario del año siguiente debía ser conocido y aprobado en una sesión extraordinaria convocada con ese único fin.

Este requisito, de larga data y ampliamente conocido en el sector municipal, tenía como propósito garantizar la exclusividad, profundidad y calidad del análisis presupuestario por parte del Concejo Municipal, lo cual ha sido reiteradamente exigido por este Órgano Contralor en el ejercicio de la fiscalización externa.

Incluso, el incumplimiento de dicha condición ha dado lugar, en múltiples ocasiones, a la improbación de presupuestos municipales.

Si bien mediante la Ley n.° 10.795, publicada en La Gaceta n.° 233 del 11 de diciembre de 2025, el artículo 105 del Código Municipal fue reformado y se eliminó el requisito de sesión extraordinaria y de exclusividad para el conocimiento del presupuesto ordinario, dicha modificación rige únicamente a partir del 1.º de enero de 2026 y hacia el futuro, conforme al principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 34 de la Constitución Política.

Por lo tanto, desde la Contraloría recalcaron que para el presupuesto ordinario 2026, aprobado durante el mes de setiembre de 2025, resultaba plenamente aplicable la redacción vigente del artículo 105 al momento de su conocimiento y aprobación, por lo que las reglas de control y fiscalización presupuestaria debían observarse conforme al marco normativo entonces vigente.

"Este cambio legal, si bien flexibiliza la forma, no releva a los concejos municipales del deber de asegurar un análisis riguroso y suficiente de los asuntos presupuestarios", recalcaron.

Resolución

Una vez revisada la información aportada, el Órgano Contralor resolvió improbar el documento presupuestario, al determinar que se incumplió con un requisito que aún se encontraba vigente y que establecía que el presupuesto municipal ordinario debía ser conocido y aprobado en el mes de setiembre, en una sesión extraordinaria y pública, dedicada exclusivamente a ese fin.

En consecuencia, para el año 2026 regirá el presupuesto del ejercicio presupuestario anterior, con los ajustes que correspondan, excluyendo los ingresos y gastos que, por su naturaleza, solo tienen vigencia para ese periodo.

No obstante, la CGR aclaró que en ningún caso podrán eliminarse ingresos o gastos con el fin de crear otros nuevos, lo que implica que no se podrán realizar traslados entre programas.

"El presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General, por rubro de ingreso, partida presupuestaria de gastos y programas, deberá ser igual o inferior al presupuesto del año anterior y no superior al monto del documento improbado. La administración será responsable de asegurar que dicho presupuesto cumpla con el bloque de legalidad aplicable", detallaron.

Versión del Ministerio de Salud

Ante el oficio de la CGR, el Ministerio de Salud compartió un comunicado de prensa en el que aseguró que entre los proyectos directamente afectados se encuentra la construcción de la planta de tratamiento del Mercado de Puntarenas.

Se trata de una obra clave para la salud pública, el ambiente y el adecuado funcionamiento de este espacio emblemático, según indicaron.

Ante este escenario, Salud manifestó su preocupación por el impacto que el atraso o la paralización de este proyecto podría tener sobre la salud de la población puntarenense.

"La reiteración de estas faltas evidencia un patrón de mala gestión, improvisación y desinterés por cumplir la ley, cuyas consecuencias recaen directamente sobre la inversión pública, los servicios municipales y la calidad de vida de las comunidades. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: parece que lo hacen a propósito… ¿con qué objetivo se toman decisiones que terminan afectando a toda la población puntarenense?", agregó Mary Munive, ministra de Salud.