Contraloría: “Debate sobre referéndum ya se realiza en las instancias correspondientes”
Edificio de la Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) respondió a la propuesta de debate que lanzó este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que la ministra de Planificación, Laura Fernández discuta con la contralora General de la República, Marta Acosta, la llamada "ley Jaguar" que el Gobierno busca se envíe a consulta popular vía referéndum.
"Ante consultas de medios de comunicación, nos permitimos indicar que el debate sugerido sobre el referéndum ya se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones", indicó la oficina de prensa del ente contralor.
"La CGR atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra", agregó la respuesta oficial.
El mandatario insistió sobre el debate entre las jerarcas, que sería televisado, luego que Acosta indicó a la prensa el martes, que la "ley jaguar" lo que busca es cercenar las competencias de fiscalización y control de la Contraloría sobre la hacienda pública.
La ministra Fernández ha insistido en decir que los argumentos de la Contraloría son falsos, a pesar de que el expediente de la "ley jaguar" cambiar varios artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Precisamente, este jueves, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, explicará a los jefes de fracción la resolución que reveló ayer sobre el procedimiento del referéndum.
"A dedo"
Hay que recordar que en febrero pasado, los jerarcas de la Contraloría recibieron al presidente Chaves, a Fernández y otros miembros del gabinete, en una discusión que fue transmitida por distintos medios de comunicación, donde se analizó el proyecto de "Ciudad Gobierno".
La Contraloría le aclaró al equipo de Gobierno en ese momento que en ningún momento han dicho que el proyecto de "Ciudad Gobierno", no se puede hacer, únicamente que la excepción que Casa Presidencial quiere usar para desarrollar la iniciativa no es viable según la ley.
El Gobierno busca concretar este proyecto sin concurso público, financiado por el BCIE por un monto de $450 millones, para desarrollar la obra en terrenos del Estado que se ubican cerca de Plaza Víquez en la capital.
El presidente Chaves y la ministra Fernández, hablan de un "procedimiento especial" bajo el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y dar un arrendamiento al BCIE una vez el banco termine la obra.
Precisamente, en la "ley jaguar" se busca modifica este artículo en cuestión.
La Contraloría advirtió que usar esa norma no cabe en esta propuesta, ya que la ley es claro en que ese artículo es únicamente "para compra y arrendamiento de inmuebles".
Acosta ha dicho que si ese artículo es reformado como quiere, el Gobierno abriría una puerta para contratos "a dedo".