Contraloría analiza denuncia por “nombramiento ilegal” de Mónica Taylor en la CCSS
La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia por el presunto nombramiento ilegal de Mónica Taylor en la presidencia ejecutiva de la institución.
De acuerdo con el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR, el proceso se encuentra en fase de adminisibilidad. La Auditoría realizó una serie de gestiones que trasladaron al órgano contralor para consideración.
El nombramiento de Taylor fue denunciado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) debido a que mantiene una relación laboral con el Ministerio de Hacienda, lo cual le impediría integrar la Junta Directiva de la CCSS por lo establecido en la Ley Constitutiva de la institución.
La Auditoría confirmó a ANEP por medio de un oficio, al cual CR Hoy tuvo acceso, que la denuncia fue enviado a la Contraloría.
"Dicho traslado se formalizó mediante el oficio AI-AINNOVAC-0340-2025, del 6 de noviembre de 2025, en el cual se expusieron los antecedentes generales del caso y el marco jurídico aplicable, sin que ello comporte adelanto de criterio ni pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del nombramiento, valoración que corresponde exclusivamente a los órganos constitucional y legalmente habilitados para conocer y resolver sobre esa materia. De forma complementaria, y como parte de las acciones preventivas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica institucional, esta Auditoría Interna solicitó a la Procuraduría General de la República, mediante el oficio AI-1289- 2025, del 13 de agosto de 2025, un criterio jurídico sobre la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, gestión que actualmente se encuentra en trámite ante ese órgano asesor"
Taylor fue designada por el Consejo de Gobierno el 8 de enero de 2025 y antes de su nombramiento en la CCSS fue asesora de Rodrigo Chaves.
Denuncia ante la Procuraduría
El pasado 10 de junio, el sindicato Undeca, denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública al Consejo de Gobierno por el nombramiento de Taylor.
El Consejo de Gobierno, al parecer ignoró esta prohibición expresa, una grave violación del ordenamiento jurídico. El deber de probidad, consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), también pudo haber sido quebrantado al permitir un nombramiento que contraviene principios básicos de legalidad y ética en el ejercicio de la función pública, indicó la agrupación sindical.
Desde el sindicato exigen verificar la legalidad del nombramiento y que, de comprobarse la violación, se anule y aplique las sanciones correspondientes.
La Procuraduría indicó a este medio que no se referirían al caso debido a que no están facultados para proporcionar información relacionada con investigaciones preliminares.
