Contraloría alerta riesgos en fondos públicos si se elimina la colegiatura obligatoria
La Contraloría General advierte que el proyecto de ley que busca eliminar la colegiatura obligatoria para determinadas profesiones es insuficiente para regular actividades vinculadas con la auditoría, certificación, control y rendición de cuentas sobre fondos públicos.
La iniciativa es impulsada por la diputada de Pueblo Soberano Marta Esquivel y se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La Contraloría señala que los artículos 4 y 7 del proyecto deben articularse con el artículo 5 para evitar contradicciones. Mientras los primeros prohíben exigir requisitos adicionales y restringen la supervisión de los colegios profesionales, el tercero reconoce la existencia de requisitos especiales establecidos por ley.
Según la institución, la redacción propuesta podría impedir que se exijan condiciones necesarias para determinadas funciones, como la colegiatura para ocupar puestos de auditor y subauditor internos en instituciones públicas o la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas de fondos públicos.
La institución advierte que estas labores requieren garantías de competencia técnica, independencia, ética, calidad y supervisión, debido a su importancia para el control y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
El proyecto también propone crear un Registro Nacional de Profesionales, público, digital y gratuito, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Sin embargo, la Contraloría advierte que la iniciativa no estima los costos de desarrollo, operación y mantenimiento del sistema ni establece una fuente específica de financiamiento.
Por ello, considera necesario evaluar el impacto presupuestario de la medida y la capacidad técnica y financiera del MEIC para asumir esa nueva función de manera sostenible.
Sobre el proyecto
La iniciativa busca establecer la colegiatura voluntaria como regla general, tanto en el sector público como en el privado, salvo para las actividades expresamente exceptuadas. Además, prohíbe exigir la incorporación a un colegio profesional como requisito para acceder a un empleo o prestar servicios fuera de esos supuestos.
Varios colegios profesionales han advertido sobre las posibles consecuencias de la propuesta para los servicios que prestan y la regulación del ejercicio profesional.