(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a los diputados desde junio del año pasado sobre la creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC), iniciativa de ley que fue aprobada en primer debate el lunes anterior.

Así consta en el oficio DFOE-PG-0307 del 25 de junio del 2020 que envió a la Asamblea Legislativa como respuesta a consultas hechas por legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, que tramitó y dictaminó afirmativamente la iniciativa de ley impulsada por la congresista Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En esa oportunidad, la entidad fiscalizadora llamó la atención sobre la importancia de contar con un análisis técnico que fundamentara la viabilidad y conveniencia de crear la AEC, "aspecto que resulta de la más alta relevancia en el contexto fiscal del país, agravado por los efectos provocados por la pandemia".

Según señaló la CGR, el desequilibrio recurrente en las finanzas públicas del país revelado en el acentuado descalce financiero en la operación del Gobierno "genera un altísimo riesgo para el retorno a la sostenibilidad necesaria para atender en el mediano plazo la provisión de los servicios públicos".

Y uno de los factores que ha contribuido a esa situación, de acuerdo con el criterio de la CGR, es la dispersión del esquema de organización de la Administración Pública, "ya que dificulta la conducción eficiente del Poder Ejecutivo, siendo ineludible un diseño institucional del Estado costarricense, que promueva la articulación del aparato estatal y evite la duplicidad de funciones, aspecto que la Contraloría General ha abordado e insistido en reiteradas ocasiones".

Fue por esta razón que la entidad fiscalizadora consideró indispensable determinar la capacidad del país para la creación de nuevas entidades, si se toma en cuenta la situación fiscal de Costa Rica y la priorización de acciones para retornar a la sostenibilidad y para la contención del impacto de la pandemia por el COVID-19 en el mediano y largo plazo.

"En esa línea, se reitera también lo indicado en el oficio DFOE-PG-0454 sobre el numeral 3 del proyecto de ley, en el sentido que de forma prioritaria el ordenamiento costarricense se debe encaminar a uniformar el régimen jurídico público aplicable, pero en caso de requerirse la creación de nuevos sujetos públicos se propone una serie de criterios de análisis a considerar en las discusiones legislativas, relacionadas con el ensanchamiento del Estado y la creación o modificación de instituciones públicas, con el objetivo de analizar el tema de manera integral".

El numeral 3 de la iniciativa de ley se refiere a la creación, funcionamiento y organización de la Agencia Espacial.

¿Y la plata?

Uno de los puntos en los que hizo especial énfasis la Contraloría fue en el financiamiento de la Agencia.

Esto, porque en el artículo 13 de la propuesta dictaminada afirmativamente por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación se indicaba que, como parte del financiamiento de las operaciones de la AEC, se tendría un aporte de las instituciones del sector público no financiero.

Pero se omitía "indicar de manera expresa el porcentaje concreto de éstos que anualmente le estará destinando dicha cartera. Lo cual es importante de precisar en dicha ley, de modo que las instituciones del sector público no financiero y la propia ACE cuenten con la seguridad jurídica respecto de si este aporte resulta obligatorio o es una simple habilitación y, en caso de ser obligatorio, se indique la periodicidad y el monto del mismo".

En el texto aprobado en el primer debate por el Plenario, se indica que el porcentaje del aporte será de un 0,4% del superávit libre liquidado al final del periodo económico anterior.

Se señala que la AEC financiará sus operaciones con un aporte obligatorio de las instituciones del sector público no financiero durante los primeros 5 años de vigencia de la ley. Se excluyen de esa contribución al Gobierno Central, gobiernos locales, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), universidades públicas y la Universidad Técnica Nacional.

Otras fuentes de financiamiento que indica son los ingresos propios que resulten de la venta del portafolio de productos y servicios de la Agencia, créditos, donaciones, legados y otras contribuciones.

Dificultades

Cuando el Poder Ejecutivo propuso la ley "Pagar", mediante la cual se pretendía recoger recursos de superávits de instituciones públicas para el pago de deuda pública, la misma Contraloría determinó que en muchos casos los recursos estaban comprometidos o sencillamente no existían.

Y algunas entidades que sí tenían recursos, como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), pidieron que se les excluyera porque ya tenían obligaciones asumidas.

La misma inquietud han expresado algunos legisladores con el proyecto de ley que pretende obligar a las empresas públicas a aportar hasta un 30% de sus utilidades para pagar la deuda pública durante 4 años.

Es decir, no siempre las instituciones, aunque tengan superávit, pueden aportar sus recursos para seguir financiando nuevos entes que dispersan aún más la organización del Estado costarricense.

Según la Contraloría, "al no contarse con un análisis técnico que sustente la viabilidad y conveniencia de la creación de esta agencia, resulta también incierto si el recurso inicial y el período por el que está dispuesto permitirá a la ACE contar con la capacidad de asegurar la sostenibilidad de su funcionamiento".

La entidad fiscalizadora también advirtió de posibles afectaciones a las instituciones derivadas de la obligación que deberán acatar.

La AEC, de acuerdo con el texto aprobado, se dedicará a la investigación, innovación y desarrollo, y estará ubicada en Liberia, Guanacaste.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 21.330- recibirá su segundo debate hoy jueves.