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Contraloría advierte: Japdeva no está en quiebra, pero urge una decisión

Funcionaria recalca que práctica de financiar gasto corriente con deuda no es sano

Por Pablo Rojas | 3 de Jul. 2019 | 12:00 am

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(CRHoy.com). Para la Junta Administradora de la Vertiente Atlántica y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no hay más allá.

Tras años de déficit, inacción y decisiones desafortunadas, la hora de la verdad está aquí y, en gran medida, en las manos de los diputados de la Asamblea Legislativa.

Esa es la interpretación hecha sobre las palabras dadas este martes por Marta Acosta, contralora general de la República, a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La funcionaria compareció para dar una opinión sobre el proyecto de ley que procura un presupuesto extraordinario por ¢23.700 millones, obtenidos a través de títulos de deuda, para mantener a flote a la institución y apalancarla hacia la salvación por mientras se aprueba otra iniciativa: la transformación de la junta con una reducción en la planilla mediante un plan de movilidad laboral y la incursión en nuevos negocios.

Acosta no cree que Japdeva esté en quiebra (como sí lo apuntó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, el pasado 26 de junio), pero dejó en claro que no se pueden postergar decisiones. Sin embargo, los diputados mantienen dudas en torno a la -aún ausente- información sobre la cantidad de funcionarios que se acogerían a las opciones propuestas para la movilidad laboral.

Con el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), a cargo de APM Terminals, en febrero de 2019, aunado a la histórica inacción para modernizar la institución, la entidad pasó a vivir su realidad más sombría. Pasó de tener ingresos por ¢3.700 millones en enero de 2019, a proyectar ¢700 millones a junio de este mismo año. Unos ¢3.000 millones menos en cuestión de 5 meses.

El poco dinero que ingresa obedece al movimiento de carga mixta y convencional. Lo peor es que los gastos mensuales de la entidad superan los ¢3.400 millones (¢2.500 millones por salarios y el resto en rubros operativos) con déficit de ¢2.700 millones.

Acosta recomendó que ambos proyectos de ley para rescatar la institución vayan aparejados. Además, aclaró que "para ella Japdeva no está quebrada porque es una entidad en operación, con generación de ingresos, activos valiosos y roles establecidos".

La idea del Poder Ejecutivo radica en que Japdeva pase de 1.186 funcionarios a 400. Es decir, que alrededor de 700 u 800 se acojan a alguna de las opciones de movilidad.

"Yo recomiendo que cuanto antes se tomen decisiones. Hoy estamos en esta situación porque pasaron 11 años desde que se aprobó el contrato de la concesión (de APM Terminals) y no se tomaron las decisiones que se debieron haber tomado. Por eso hoy tenemos consecuencias, incluso sociales. Aquí lo importante es que cuanto antes se tomen decisiones. El tema es que el gobierno va a tener que estarle pasando más recursos a Japdeva", expresó la contralora.

La realidad es bastante sombría. Salvo 2014, la junta terminó en los 3 períodos restantes con números en rojo:

  • 2015: -¢462 millones.
  • 2016: -¢1.500 millones.
  • 2017: -¢4.229 millones.
  • 2018 (estuvo hasta mayo): -¢3.416 millones.

"El hecho de que una empresa tenga pérdidas o déficit presupuestario no quiere decir que esté quebrada. Ese es un tema que hay que aclarar. Mucho se ha hablado de quiebra. Sí, está en cuidados intensivos pero no está quebrada", recalcó Acosta.

Eso sí, la funcionaria calificó el financiamiento de gasto corriente con canjes de deuda como una práctica que "no es sana".

Sin dinero

¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto extraordinario? Andrea Centeno, presidente ejecutiva de Japdeva, indicó que el "plan b" es el peor escenario de todos y supone la llegada de la insuficiencia económica.

"Ahí habrá que tomar decisiones que llevan a una insolvencia económica", citó.

La Contraloría General de la República (CGR) calificó como indispensable que la institución "se redimensione cuanto antes, pues no es conveniente posponerlo más en razón de que ingresos del Gobierno actualmente son insuficientes para pagar su propia operación (déficit primario)".

Así las cosas, los legisladores deberán tomar una decisión en las próximas semanas.

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