Contraloría advierte falencias de Mideplan en implementación de Ley de Empleo Público

(CRHoy.com) La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe DFOE-FIP-RF-00001-2022 que es parte de una auditoría sobre el estado de avance de la Ley Marco de Empleo Público, donde señala una serie de falencias de parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en la implementación de esta normativa.

La nueva ley viene a establecer, a partir del 10 de marzo de 2023, un nuevo modelo de empleo en el país, mediante el cual se transforma el modelo existente y se amplía su cobertura.

La rectoría asignada a Mideplan, implica un rol de dirección, asesoría, apoyo, establecimiento y coordinación de políticas generales, lineamientos y normativas administrativas.

Asimismo, se le establece las acciones de evaluación del sistema de empleo público en todos sus componentes, a través de las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y calidad, con el fin de proponer y promover aquellos ajustes necesarios para el mejor desempeño.

¿Qué se ha hecho?

En primera instancia, la Contraloría menciona que dentro de la hoja de ruta para la implementación de la ley, el Mideplan designó a la Unidad de Empleo Público y se creó una Comisión Interinstitucional que, según la Administración, se encuentra realizando acciones para avanzar con el Reglamento a la Ley, del cual Mideplan señaló que existe un primer avance.

Además, como parte de los acercamientos hacia las partes interesadas, Mideplan realizó en junio del 2022 una Mesa Técnica de Escucha con organizaciones que representan a los trabajadores del sector público, con el fin de atender consultas o comentarios relacionadas con la implementación de la nueva ley.

Con respecto a las coordinaciones requeridas para la implementación de la Ley, se determinó a partir de las reuniones y de la documentación aportada por Mideplan en su condición de rector, y la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) como dependencia técnica, que no se han establecido mecanismos de coordinación formales para la emisión de criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas, indica el informe.

Se advierte que esa coordinación es necesaria para entender cómo se llevará a cabo la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, y la forma en la cual las instituciones darán cumplimiento a objetivos, metas y acciones en materia de empleo público.

Agrega la CGR que la competencia de rectoría de Mideplan está siendo coordinada únicamente por medio de la figura asesora del despacho ministerial y de la nueva Unidad de Empleo Público.

"Así las cosas, no se evidencia coordinación con otras áreas del Ministerio que puedan contribuir desde sus competencias técnicas a robustecer el proceso de implementación y de gestión del sistema de empleo de forma integral", señala el ente controlador.

Indican que Mideplan no aportó elementos que acrediten una coordinación para asumir a la DGSC como órgano desconcentrado, que brinde claridad organizativa y funcional del quehacer institucional para la implementación de la nueva ley.

Sin reglamento

En relación con la elaboración del Reglamento requerido por la Ley de Empleo Público, el informe señala que la Comisión Interinstitucional distribuyó entre sus miembros los capítulos de la Ley, con el propósito de que cada parte redactara lo concerniente en la elaboración del reglamento.

"Se planteó en la Hoja de Ruta de Implementación que contarían con un primer borrador para el 15 de agosto del año en curso; además, que se tendría prevista su publicación para consulta el 10 de marzo del 2023 y la emisión el 30 de abril del mismo año. Sin embargo, pese a que se solicitó a Mideplan información sobre las acciones realizadas y su respectiva documentación, no suministró información por lo que a la fecha del presente reporte no hay datos o indicadores que demuestren su avance", señala la Contraloría.

Recuerda el ente contralor que no contar con el reglamento supone un riesgo para las instituciones públicas, de no contar con la orientación requerida y por ende, no se lleve a cabo la implementación de la misma de forma oportuna.

"La falta de regulación orientadora para la preparación oportuna de la administración pública para la entrada en vigencia de esta Ley, puede condicionar el logro de los objetivos de ésta, dado que las partes responsables de la gestión de empleo no contarán con la orientación requerida en el momento oportuno", advierte la Contraloría.

El empleo público constituye un tema de primer orden en el ámbito de la Administración Pública, recuerda el informe, tanto por el rol fundamental de las personas en la construcción de una gestión más eficaz y eficiente como por su participación dentro del gasto estatal (las remuneraciones del sector público ascienden a alrededor de ¢27,6 billones en el 2022 lo que representa un 22,9% del total del presupuesto inicial aprobado).