Contralora sobre “Ley Jaguar”: “Es un Poder Ejecutivo queriendo diseñar su modelo de control”
Marta Acosta explicó su análisis de la ley jaguar a la prensa este martes. Foto: CRH.
"Es un Poder Ejecutivo queriendo diseñar su modelo de control", así resumió la contralora general de la República, Marta Acosta, el proyecto denominado "Ley Jaguar" por el presidente Chaves y que se pretende llevar a consulta popular vía referéndum.
Acosta indicó este martes, luego de comparecer ante la Comisión de Hacendarios del Congreso, que si esta ley es aprobada se daría una grave fiscalización de los recursos públicos, afectando a la ciudadanía.
"La Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde", indicó Acosta.
Tras un análisis de dicha ley (expediente legislativo 24.364) la Contraloría indicó con alarma que esta reforma, a varios artículos de la ley orgánica de este ente, tiene como fin principal "desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General".
"Manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo ejercidos por la Contraloría sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado; en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance", agregó la jerarca.
"Peor de lo que parece"
La Contraloría señala que de aprobarse esta ley, hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar.
"Lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad", comentó Acosta.
Explicó que el control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar, desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente.
"Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles", enfatizó.
"Escoger a dedo"
La "Ley Jaguar" también busca modificar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
Según Acosta esto debilitaría los controles sobre el gasto público, ya que se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta.
"El Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera legislativos, de manera que se potencian los riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente", explicó.
También en relación con la reforma a la ley orgánica de Japdeva, que se incluye en la propuesta de referéndum, Acosta explicó que se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a Japdeva escoger "a dedo" a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.
El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes
Indicó que quedan atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referéndum.