Contradicciones, polémicas y pleitos marcaron los 100 días del Gobierno de Fernández
Laura Fernández, presidenta de la República. (Foto de Ezequiel Becerra/AFP).
El reciente cambio de postura de la presidenta, Laura Fernández, sobre las pensiones de los exmandatarios es una de las últimas contradicciones, polémicas y pifias que marcan los primeros 100 días de su mandato.
El pasado 12 de agosto, Fernández, cuya gestión refleja la continuidad de las políticas de su antecesor, Rodrigo Chaves, anunció la presentación de un proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes, que constituyen una remuneración vitalicia de aproximadamente ₡4 millones mensuales.
El anuncio lo hizo días después de que defendiera ese régimen especial. Afirmó que esas pensiones se crearon para evitar que los expresidentes favorezcan a grupos económicos durante su mandato a cambio de obtener empleo después de dejar el cargo.
"El cargo de Presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos, y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes", dijo el 5 de agosto en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial.
Esta contradicción no es la única durante el periodo que lleva en el Gobierno.
La promesa del ROP
Fernández, presidenta número 50 de Costa Rica, enfrió la posición que mantuvo durante la campaña electoral sobre los proyectos de ley para entregar anticipadamente los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Durante la campaña, se mostró a favor de que los trabajadores y pensionados pudieran retirar o recibir de forma directa y anticipada los recursos acumulados en sus cuentas individuales del ROP.
No obstante, ya en el Gobierno surgieron diferencias marcadas con figuras del oficialismo, como Nogui Acosta, quienes se opusieron a la entrega total de los fondos por considerarla un riesgo para la estabilidad financiera de los futuros pensionados y jóvenes.
En un entorno marcado por críticas sindicales y ciudadanas —que cuestionaron a la Administración actual por la falta de avances en la devolución de este dinero y señalaron un cambio de discurso—, Fernández no impulsó los proyectos de ley sobre el ROP en la Asamblea Legislativa, a pesar de que el Poder Ejecutivo manejó la agenda de iniciativas de ley durante los primeros tres meses.
Nuevos impuestos
Su posición en torno a nuevos impuestos para enfrentar la caída de los ingresos tributarios también ha sido ambigua.
Mientras ha señalado que la estrategia de su Gobierno es fortalecer las finanzas públicas sin crear o aumentar tributos, en contra de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), todavía recientemente avalaba una propuesta que valoraba el Ministerio de Hacienda para subir la tarifa del 1 % al 13 % a los artículos de la canasta básica.
Incluso, Fernández validó la posición del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, quien defendió, el 15 de julio, la idea de eliminar la tarifa reducida a los productos de la canasta básica y argumentó que esta beneficiaba a los hogares de altos ingresos, a quienes llamó "emperifollados".
Más adelante, el 5 de agosto, Chaves dio marcha atrás y aseguró que el Ministerio de Hacienda no está desarrollando ningún plan para aumentar el IVA a los artículos de la canasta básica.
Declaraciones polémicas
Hasta ahora, la gestión de Laura Fernández se ha visto salpicada por polémicas a nivel local e internacional.
En mayo, declaraciones públicas que brindó tensaron las relaciones de Costa Rica con Panamá, en medio de una disputa comercial que mantienen ambos países, y un mes después, manifestaciones que hizo sobre Nicaragua le generaron críticas a nivel nacional y de parte de organizaciones del vecino país.
En el primer caso, la mandataria elevó el tono y criticó fuertemente el bloqueo comercial que Panamá mantiene desde 2019 contra productos agrícolas de Costa Rica (como lácteos, carnes, piña y banano), a pesar de un fallo favorable de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Fernández anunció que activaría mecanismos internacionales de presión y descartó, además, asistir a una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en suelo panameño por discrepancias de forma y fondo.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió con sorpresa a los reclamos, defendió la protección del mercado local y anunció como medida de represalia la decisión de no vender más energía eléctrica a Costa Rica.
Sectores de la oposición en Costa Rica cuestionaron la estrategia de la presidenta y señalaron que un diferendo comercial se escaló innecesariamente a un conflicto diplomático.
En el segundo caso, ocurrido en junio, Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el tipo de Gobierno que han elegido, evitando calificar al régimen de Daniel Ortega como una dictadura.
Argumentó que el Gobierno no puede involucrarse en problemas ajenos ni despotricar contra un país vecino debido a la importancia de la frontera para el comercio costarricense.
Sus palabras generaron rechazo de la oposición en Costa Rica, de exiliados y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que calificó al régimen nicaragüense de amenaza regional.
Laura Fernández, presidenta de la República. Créditos: Asamblea Legislativa
Tensión con el Poder Judicial
La agenda pública de la mandataria ha estado dominada por una prolongada confrontación con el Poder Judicial, un enfrentamiento que llegó a uno de sus puntos más altos el viernes 31 de julio.
Ese día —acompañada por miembros del gabinete y diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— acusó a magistrados de la Sala Constitucional de dar un "golpe de Estado", tras una resolución de ese órgano del Poder Judicial que prorrogó los nombramientos de magistrados suplentes.
Sus afirmaciones de que la resolución de la Sala IV invadía atribuciones de la Asamblea Legislativa y era ilegal provocaron el rechazo de magistrados, diputados de oposición y sectores políticos que cuestionaron el uso del término "golpe de Estado".
Pero, además, abrieron las puertas al "plantón", una multitudinaria y representativa concentración de fuerza convocada en apoyo al Poder Judicial, la cual contó con la participación de magistrados y autoridades del Poder Judicial, expresidentes de la República, diputados y ciudadanos.
La decisión de la Sala Constitucional puso punto final a un extenso bloqueo impuesto por el oficialismo para elegir a los nuevos magistrados suplentes del Alto Tribunal y se dio en medio de un contexto de creciente tensión del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
Semanas antes, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, comenzó a debilitar al Poder Judicial: desde asegurar que el narcotráfico y el crimen organizado se infiltraron "hasta los tuétanos" en el Poder Judicial, según las palabras de la propia presidenta, hasta aplicar un severo recorte presupuestario.
En ambos casos, la reacción de la Corte Suprema de Justicia no solo fue de rechazo a las afirmaciones de la mandataria, sino también de alerta sobre intentos de vulnerar la independencia de los poderes del Estado, en un contexto en el que el expresidente Chaves, al final de su mandato, había dicho que iban por el control del Poder Judicial.
Pifias
El primer día de su Gobierno, el 8 de mayo, anunció un decreto que establece administrativamente el año carcelario en 360 días naturales (y 30 días por mes) para el cálculo y cómputo de penas. Algo que ya se establece así en la ley.
En junio, Fernández presentó a la corriente legislativa seis proyectos de ley para enfrentar la creciente inseguridad en el país, iniciativas que repiten legislación o contienen planteamientos que podrían ser inconstitucionales, según reconocieron expertos en derecho.
La visita de la mandataria a Crucitas también estuvo envuelta en una polémica. Apenas estaban iniciando el recorrido se escuchó una detonación. Se armó un gran desorden, evacuaron a la presidenta, a los diputados también tuvieron que atenderlos. En declaraciones posteriores el Gobierno ligó la detonación con la visita de la presidenta a la zona, pero días después el Ministerio de Seguridad Gerald Campos descartó que fuera un balazo y dijo que no se tenía certeza de que hubiera ocurrido en suelo costarricense.
Las denuncias sobre presuntas amenazas de muerte en su contra han formado parte del convulso ambiente político. Fernández reveló, en julio, que ha recibido al menos nueve amenazas de muerte, entre ellas un supuesto plan para atentar contra su vida mediante un francotirador.