A propósito o no. Pero la misma Casa Presidencial se encargó de entorpecer el avance de la reforma al empleo público en el Congreso por sus contradicciones y mal manejo en torno a la propuesta para subir los salarios a los altos jerarcas de la administración pública.

Después de comenzar los primeros contactos con fracciones parlamentarias para buscar apoyos al proyecto que presentaría, el proceso queda ahora en un compás de espera y su futuro es incierto.

Las posibilidades de retomar puentes de diálogo son limitadas, luego de que trascendió que en el borrador del proyecto del Gobierno para ordenar el empleo público se incluyó una propuesta que le aumentaría los salarios al Presidente de la República, vicepresidentes, ministros, viceministros y diputados.

En declaraciones públicas, el mandatario, Luis Guillermo Solís, optó por desmarcarse del tema, a pesar de que su viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, comenzó días atrás conversaciones en el Congreso y hasta planteó la propuesta a algunos jefes de bancadas.

Dijo que no fue consultado, algo que no creen diputados de oposición por tratarse de materia tan compleja, como empleo público, y que el borrador no contaba con su apoyo, a pesar de que meses atrás avaló otras iniciativas, como una planteada por el Movimiento Libertario, con un contenido casi idéntico.

Según la polémica propuesta del Gobierno, se crearía un régimen de salario único para los altos jerarcas de la administración pública. Con ella, el Presidente llegaría a ganar hasta ¢7,3 millones, los vicepresidentes ¢6,4 millones, los ministros ¢4,7 millones y los viceministros ¢4 millones.

Impasse

De las justificaciones de Solís y de su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, queda un sinsabor entre los legisladores, pero sobre todo nebulosas.

Avanzar en una negociación y discusión de las reformas al empleo público en medio de este panorama es poco viable, reconocen congresistas de diferentes partidos.

Luis Vásquez, subjefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que "cuando arranca una negociación y en el camino ese puente queda destruido por el mal manejo del gestor del proyecto (el Poder Ejecutivo), lo mejor es hacer un alto y que la casa la ordenen ahora ellos".

El socialcristiano dejó claro que mientras la Presidencia no rinda explicaciones convincentes, "el interés de continuar con un proyecto que merece tanta atención, como la reforma al empleo público, no se va a dar".

Insiste en que el mismo Gobierno dinamitó los puentes y tras colmo de males lo que presentó fue un proyecto "cosmético".

Karla Prendas, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), también culpa al Gobierno.

"El que frenó todo fue el Gobierno. El Presidente dijo que el proyecto no cuenta con su apoyo y entonces no hay nada", manifestó.

Anunció que a partir de ahora todo lo manejarán por medio de notas oficiales, por escrito y firmadas por sus responsables.

"La credibilidad de hacerlo de palabra, pensando que a una reunión de jefes de fracción llega un viceministro de la Presidencia y alguien de Hacienda, y que nos digan que es una propuesta oficial, y que después pase lo que pase, ya no es suficiente para creer. El ambiente ya es complejo", reforzó.

Dudas

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), declaró que le genera "muchas dudas" continuar con el proceso.

"Uno sabe que en el Gobierno hay enemigos de avanzar con el tema de empleo público y una forma de perder algo es enredarlo", sostuvo.

En su opinión, incluir elementos impopulares (como el alza de salarios a los jerarcas) es restarle viabilidad política al proyecto.

Natalia Díaz, jefa de fracción del Movimiento Libertario, también ve pocas opciones de avanzar en la negociación.

"Se genera desconfianza. Yo, por ejemplo, no conozco el proyecto. Hay falta de credibilidad del Poder Ejecutivo, problemas de comunicación y falta de transparencia", aseguró.

En enero de este año, durante las sesiones extraordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo boicoteó el proyecto de la legisladora Sandra Piszk, del PLN, que pretendía ordenar 6 pluses salariales en el sector público.

En esa ocasión, el ministro Alfaro alegó que el impacto fiscal de la iniciativa era poco significativo y posteriormente, el Gobierno lo desconvocó de las extraordinarias, en medio de presiones sindicales.