Consulta de constitucionalidad pausaría “salvavidas” para Japdeva
Organización gremial duda de alcances para "obligar" salida de trabajadores
(CRHoy.com). Una consulta de constitucionalidad pondría en un compás de espera la aprobación en segundo debates del proyecto de ley de reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El texto fue aprobado en primer debate este martes 28 de agosto con el objetivo de otorgar más recursos para propiciar una reducción de la planilla institucional. La meta final, según lo que pretende el Poder Ejecutivo, es que la entidad recupere sostenibilidad y se enfoque en nuevos negocios.
Las desmejoradas condiciones de la junta, arrastradas desde hace años, se agravaron a partir de finales de febrero cuando iniciaron las operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la holandesa APM Terminals.
Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Japdeva (Sintrajap), confirmó que 10 diputados firmarán la consulta de constitucionalidad. Al parecer, el objetivo es plantear la gestión a más tardar el próximo lunes.
El líder gremial agregó que están disconformes con el planteamiento del proyecto. Principalmente, con un transitorio que obliga al "cese masivo" de funcionarios mediante las distintas opciones que se presentan: movilidad horizontal, prejubilación o bonificación por salida.
"Creemos que los diputados legislan en contra de la Constitución Política, porque como empleados tenemos derecho al debido proceso y al Derecho de Defensa. El lunes se estará presentando la consulta de constitucionalidad. Tenemos garantizadas las 10 firmas de diputados. Eso atrasa el asunto un tiempito más. Todavía no se podrá aprobar en segundo debate", subrayó Wells.
En el primer debate, el proyecto tuvo un apoyo de 38 legisladores y una oposición de 12. Según Sintrajap, hay 2 cosas que –además- podrían frenar el texto: una gestión judicial planteada por José María Villalta, diputado del Frente Amplio, para que Japdeva retome el papel como autoridad portuaria nacional o el otorgamiento de más carga para la institución, lo cual haría que los despidos pasen a segundo plano debido a la necesidad por contar con personal.
"Hay españoles interesados en que Japdeva haga transbordo de cargas que vendrían de empresas bolivianas. También, hay interés de jamaiquinos y de otros empresarios. Si eso lo logramos, el desempleo se frenaría. La gente está molesta. No podemos tapar el sol con un dedo. El presidente (Carlos Alvarado) defiende intereses que no son del pueblo", apuntó el líder del sindicato.
De hecho, para este fin de semana está programada una gira presidencial que llevaría a al mandatario por distintas localidades de Limón.
Wells anunció que Sintrajap, junto con otros grupos gremiales de la provincia atlántica, realizarán una manifestación pacífica contra Alvarado. "Al que nos da la espalda, tenemos que darle la espalda. Es mucho el daño que están haciendo", sentenció.
Si se presenta, la consulta de constitucionalidad podría tardar un mes en resolverse. Esta situación podría complicar temporalmente el futuro de la entidad, cuya sostenibilidad financiera está garantizada –al menos- por 3 meses gracias a un presupuesto extraordinario aprobado por un monto cercano a los 5.700 millones de colones.
¿Qué planea el proyecto?
Según el texto, se autoriza a las instituciones del sector público no financiero con superávit libre acumulado al 31 de diciembre de 2019 a trasladar recursos para cubrir los gastos corrientes de Japdeva hasta diciembre de 2023.
El monto total transferido a Japdeva por todas las instituciones no podrá superar los ¢10 mil millones y tendrá que ser devuelto por la entidad, de acuerdo con las condiciones financieras que establezca el Ministerio de Hacienda.
Estos y otros recursos -provenientes de otras vías- financiarán el plan del Gobierno que busca recortar la planilla de Japdeva, de 1.186 a 400 funcionarios.
Esto, mediante las siguientes medidas:
- Traslados horizontales de funcionarios a otras entidades del Estado.
- Auxilio de cesantía proporcional a los años de servicio laborados en la institución, en forma continua e ininterrumpida, hasta por un máximo de 12 años.
- Incentivos disponibles para quienes deseen cesar sus funciones. Habrá un incentivo de 8 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses efectivamente laborados para quienes tengan un salario bruto mensual inferior a ¢1 millón. A quienes tengan un salario bruto mensual igual o superior a ¢1 millón se les otorgará un incentivo adicional de 4 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses efectivamente laborados.
- Prejubilación para funcionarios con edades superiores a los 55 años de edad, con 25 años cotizados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o cualquier otro régimen autorizado del país.
- El monto de la prejubilación será equivalente en cada caso al 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos 5 años laborados en la Administración Pública.
Los extrabajadores de la institución, que se encuentren en calidad de prejubilados con cargo al presupuesto nacional, deberán incorporarse al IVM o a cualquier otro régimen del país cuando cumplan con todos los requisitos y condiciones para pensionarse.
Según una moción aprobada al texto, los funcionarios de la institución tendrán un mes para decidir a cuál modalidad se acogen, después de la entrada en vigencia de la ley.
Las plazas que libere Japdeva en su proceso de reestructuración no podrán ser reemplazadas de ninguna manera.
Para ello, los administradores de la institución tendrán que seleccionar muy bien el personal que puede acogerse a las medidas y el que puede permanecer en la entidad.
Después de reducir su planilla, Japdeva tendrá que buscar un esquema de reorganización que le permita incursionar en nuevos negocios frente a la operación de la TCM.
Actualmente, la institución percibe ingresos mensuales por ¢800 millones, pero sus gastos superan los ¢2.500 millones.