Consorcio precalificado para revisión técnica ve intención del Gobierno en mantener a Dekra
El consorcio Applus, uno de los dos precalificados en el concurso de revisión técnica vehicular, denunció que el Gobierno ha realizado maniobras para mantener a Dekra a cargo del servicio.
Entre estos señalamientos están la omisión o falta de informes, así como la extensión del permiso de Dekra, en criterio de Applus.
El concurso inició en 2023 y contó con la participación de tres firmas: Applus, TÜV Rheinland y la misma Dekra, pero esta última se descalificó por incapacidad financiera para asumir un nuevo contrato que incluía más estaciones, sistema informático y nuevas pruebas.
El proceso siguió con normalidad hasta que en junio de 2025 el expresidente Rodrigo Chaves y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunciaron que iban a anular la precalificación. Esta decisión se tomó sin el acuerdo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y sin explicaciones a ambas empresas.
Uno de los argumentos fue que el proceso no tuvo los frutos esperados, aunque no hubo claridad de qué expectativas había.
También se dijo que se iban a escoger dos concesionarios entre dos participantes, por lo que no iba a haber competencia. El país se dividió en dos regiones, con el fin de adjudicar a dos firmas para la revisión. Applus sostiene que los temas gruesos están especificados y la tarifa es regulada según el servicio al costo, por lo que hay poco margen para competir.
Además, Applus indica que había desconfianza luego del proceso en el que se escogió al permisionario temporal. En 2022, la empresa sueca Opus Group fue la mejor calificada en ese concurso, pero el permiso se le dio a Dekra.
La decisión del Ejecutivo se tomó también contra del pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR), la cual advirtió al Cosevi que la precalificación de las empresas oferentes en la primera etapa estaba en firme.
Otros criterios técnicos, incluso internos del Consejo, también llamaron la atención sobre el procedimiento que quería llevarse a cabo. Para Applus, el Gobierno quería girar órdenes distintas a lo que estaba en curso en la Junta Directiva del Cosevi.
CR Hoy intentó conocer la posición de TÜV Rheinland, la segunda empresa precalificada, pero a pesar de los intentos no se pudo obtener una versión oficial.
Cosevi actuó un mes después
La confirmación de la anulación por parte del Cosevi llegó el 2 de julio de 2025. Ese día, la junta directiva de la entidad estuvo conformada por la exministra de Salud Mary Munive y el ministro de Educación Leonardo Sánchez. Munive planteó que la precalificación debía anularse por una incompatibilidad de sanguineidad.
Applus tiene entre sus 14 empresas a Riteve, con un 3% de participación. A su vez, una de las compañías que forma Riteve es Transal. La posición de Munive giró en torno a que un representante de Transal es familiar de empresarios involucrados con Tuasa.
Un artículo de la Ley de Tránsito establece como conflicto de interés cuando existe relación entre el prestatario de la revisión vehicular y empresas de transporte público. No obstante, Applus considera este argumento como insuficiente y que, en el peor de los casos, significaría que buses de Tuasa no podrían pasar por la revisión en Applus.
En la sesión siguiente, del 9 de julio, los dos ministros y el viceministro acordaron pedir la ampliación hasta por un año del permiso temporal de Dekra, prorrogable hasta que se cuente con un proceso de contratación debidamente finalizado.
Applus denuncia que estas dos sesiones se hicieron sin un informe legal que justificara la decisión. CR Hoy consultó al Cosevi si existe el informe, pero se está a la espera de respuesta.
Las dos empresas recibieron la notificación de la anulación hasta finales de julio. Sin embargo, la Contraloría llamó la atención sobre este mecanismo y solicitó hacerlo por alguno de los dos medios que establece la ley.
Es por eso que en setiembre la Junta Directiva del Cosevi dejó sin efecto la sesión en la que anularon la precalificación y pasó el tema a manos del ministro. El mismo Consejo admitió a CR Hoy que se le apartó de ese proceso.
Se llevó a lesividad
La decisión ministerial fue remitir el tema a la Procuraduría General de la República (PGR) para valorar una demanda por lesividad, uno de los dos mecanismos legales para anular un acto administrativo.
Applus considera que se tomó este camino por dos razones: porque es un proceso más demorado (unos tres años) y porque el otro camino requería la intervención de la Contraloría.
La PGR confirmó a CR Hoy que interpuso el proceso de lesividad y que el Tribunal Contencioso le dio curso el 15 de abril.
No obstante, la demanda vuelve a rescatar el argumento de la incompatibilidad por relación de sanguineidad entre Riteve y Tuasa, una postura incluida en el acta que la Junta Directiva del Cosevi posteriormente anuló.
El proceso sigue en esta instancia. Un posible resultado es que el juez declare la nulidad, lo que significa el fin definitivo del concurso, aunque pueden haber apelaciones. Otra posibilidad es que se rechace la petición y el concurso se retome en el punto en el que quedó.
Entidades responden
Tras las acusaciones de Applus, el ministro Zeledón indicó que nunca ha tenido una reunión con representantes del consorcio y evitó referirse a las manifestaciones de la empresa.
El Cosevi, por su parte, pidió a la compañía presentar un sustento probatorio que respalde sus afirmaciones.
Ambas instituciones confirmaron que Dekra seguirá encargada de la revisión técnica indefinidamente con el permiso de uso en precario, hasta que se resuelva la lesividad.
Dekra evitó responder sobre este tema, pues aseguró que es competencia del Cosevi.