Congreso en enero: Solo 9 días efectivos de trabajo, rupturas de cuórum y una ley aprobada
Los diputados de la República se encuentran actualmente en su segundo receso aprobado en enero: retomaron funciones el 12 de enero tras un período de descanso de tres semanas por fin e inicio de año.
Recientemente, el pasado martes 27, aprobaron darse vacaciones y suspender tantos órganos legislativos y las sesiones de Plenario del 28 al 30 de enero para fines electorales, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo 1° de febrero.
Con esto, aplicando los dos recesos, únicamente laboraron 9 de los 15 días disponibles para ejercer funciones. Cabe recordar que los viernes los legisladores no asisten al Congreso, ya que dedican estos días, en apariencia, para giras en regiones.
Ahora los congresistas retoman funciones legislativas el lunes 2 de febrero, un día después de los comicios nacionales.
Con esto, los diputados ponen fin al último período de sesiones extraordinarias del presidente Rodrigo Chaves, en el que manejó la agenda del Congreso tanto en comisiones como en Plenario. Una vez retornen los legisladores estarán en sesiones ordinarias, donde el control de la agenda retorna a ellos.
Agenda entrabada en enero
Sin embargo, durante este mes de enero, los congresistas solo trabajaron 9 días efectivos, con múltiples rupturas de cuórum en el recinto legislativo que retrasaron la agenda.
Una de estas situaciones se dio el 15 de enero, donde se rompió el cuórum del todo y se levantó sesión ante la ausencia de 20 legisladores.
A esto se le suma que la agenda se vio frenada tras reveses del Ejecutivo al convocar y desconvocar la agenda en reiteradas ocasiones.
Esta dinámica legislativa se volvió recurrente en la recta final de la actual campaña electoral. Incluso, varios legisladores que también son candidatos presidenciales, como Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República), Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista) y Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), conjugaron su labor parlamentaria con actividades propias de la campaña, como la asistencia a debates, giras y otros eventos proselitistas.
También se presentó una situación inédita, con el sismo de 4.5 de magnitud, el 12 de enero, que obligó a levantar la sesión de Plenario y las comisiones de la noche, ante el riesgo de réplicas.
Ante estas trabas y retrasos, los diputados únicamente lograron aprobar un solo proyecto de ley en segundo y último debate; la ley contra el sicariato.
Durante las sesiones extraordinarias también se retornó a la vía rápida de jornadas 4×3, la cual se sacó del Plenario tras la aprobación de varias mociones y consultas a otras instituciones. Ahora este proyecto regresaría al recinto legislativo el 5 de febrero.
Luego de dos años aprueban ley contra sicariato
Tras varios meses de pugnas, procedimientos de consulta y modificaciones, 42 diputados de la República aprobaron en segundo y último debate, la denominada Ley contra el Sicariato, la cual establece penas de hasta 40 años de prisión para quienes cometan este delito y castiga con entre 3 y 5 años de cárcel a quien encargue a sicarios cometer este acto.
Se trata del expediente 24.047 "Ley contra el sicariato en Costa Rica" presentado por el diputado de Nueva República, David Segura.
La aprobación se dio luego de que 14 legisladores (PLN, Frente Amplio e independientes) presentaran una consulta facultativa ante la Sala Constitucional, la cual rechazó el planteamiento al considerar que las consultas formuladas no eran claras.
El proyecto se aprobó en primer debate el pasado 18 de setiembre; sin embargo, posteriormente se retrotrajo para introducir nuevos ajustes. Tras esas modificaciones, volvió a aprobarse en primer debate el 25 de noviembre. Dicho expediente se votaría en segundo debate el pasado jueves 15 de enero, pero los legisladores rompieron cuórum.
Durante la discusión, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, criticó el desinterés del Poder Ejecutivo en destinar ₡8.000 millones al Poder Judicial para fortalecer la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.
Acuña también recordó un episodio en el que el presidente Rodrigo Chaves afirmó que no asignaría más recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al señalar que consideraba a sus funcionarios como "animales ponzoñosos".
Por su parte, la diputada Gloria Navas manifestó estar a favor del combate contra el narcotráfico; no obstante, advirtió que la aprobación del proyecto podría incentivar la aplicación de una figura penal que, según indicó, genera duplicidades, ya que el delito estaría ya contemplado en el Código Procesal Penal.
"Obvio que estoy a favor de combatir la inseguridad", expresó.
Contradicciones del gobierno
Rocío Alfaro Molina, jefa de fracción del Frente Amplio, señaló contradicciones en el gobierno de Rodrigo Chaves, al acusar al Congreso de romper el cuórum y de presentar una consulta ante la Sala Constitucional. No obstante, denunció que el propio Poder Ejecutivo convocó, el pasado viernes, el trámite de vía rápida del proyecto de Jornadas 4×3, lo que bloqueó la agenda del Plenario e impidió la votación de la ley contra el sicariato.
La discusión del proyecto se habilitó nuevamente luego de que, este lunes 19 de enero, durante la sesión matutina del Plenario Legislativo, la mayoría de los diputados aprobó un texto sustitutivo sobre las jornadas 4×3 y varias mociones de consulta, lo que paralizó el trámite abreviado.
Alcances del proyecto
Con el texto, se adiciona un artículo 112 bis y un artículo 280 bis al Código Penal, Ley N ° 4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 112 bis – Homicidio por sicariato
"Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona, por promesa remuneratoria o encargo", expone el texto.
Artículo 280 bis- Oferta, solicitud o promoción públicas de homicidio por sicariato
"Quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria, será castigado con pena de prisión de tres a cinco años".
El texto es claro en que se impondrá la misma pena a quien públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato.
El texto pasó al Poder Ejecutivo para su firma y publicación oficial.