Congreso deja en firme póliza estatal para cubrir demandas contra policías
La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en segundo debate el proyecto que crea una póliza pagada por el Estado que cubra los gastos de representación legal de los policías que sean denunciados en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa reforma la Ley General de Policía y recibió el respaldo de diputados de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Dicha cobertura por responsabilidad patrimonial para eventuales indemnizaciones sería de hasta ₡23,1 millones, equivalentes a 50 salarios base, mientras que el monto para gastos de representación legal alcanzaría ₡11,5 millones, correspondientes a 25 salarios base.
Con la reforma se busca evitar que los funcionarios policiales deban asumir a título personal el costo completo de defender actuaciones realizadas en cumplimiento de sus actuaciones.
Diputados de Pueblo Soberano (PPSO) y de la oposición coincidieron en la importancia de garantizar protección y seguridad jurídica a los cuerpos policiales, de manera que cuenten con respaldo legal cuando enfrenten denuncias por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Abril Gordienko, diputada del PUSC, afirmó que se debe invertir en la protección de la Fuerza Pública y el Poder Judicial, pues prevé que aumenten las denuncias relacionadas con las actuaciones policiales.
Por su parte, el diputado del PLN Salvador Padilla destacó el alcance de esta póliza y la contrastó con el seguro que pretendió impulsar Rodrigo Chaves, denominado como la "póliza de la vergüenza", para que el Estado cubriera, en condiciones similares, los costos de los procesos judiciales contra jerarcas del Gobierno acusados de corrupción y otros delitos.
¿Quiénes quedan fuera?
La protección aplicaría únicamente a acciones u omisiones propias de la labor policial que impliquen una intervención directa frente a personas o sus bienes.
La póliza excluiría a los oficiales que actúen bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, así como a quienes incurran en conductas evidentemente contrarias a la ley al apartarse de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales.
Tampoco cubriría casos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
Además, los funcionarios policiales podrán renunciar a la cobertura de la póliza y solicitar, si así lo desean, la representación legal de la Procuraduría General de la República.
¿Quién pagaría el seguro?
La iniciativa establece que la póliza sería contratada por el Estado. Sin embargo, el texto actualizado del proyecto no establece una partida presupuestaria de donde se tomarían los recursos.
Esto lo advirtió un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, así como la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor señaló que los policías ya cuentan con mecanismos de representación jurídica. Además, advirtió que el proyecto carece de estudios de sostenibilidad financiera y enfatizó que las pólizas financiadas con fondos públicos deben proteger los intereses patrimoniales del Estado, sin trasladarle las responsabilidades individuales de los funcionarios.
Ahora, el texto pasará al Poder Ejecutivo para su firma y publicación oficial.