Congreso deja en firme castigos por créditos gota a gota
Poder Judicial ha recibido más de 1000 denuncias por este tipo de transacciones
Préstamos gota a gota
Por unanimidad de los 48 diputados presentes, se aprobó este martes en segundo debate el expediente 23.575, una reforma al Código Penal para castigar los llamados créditos gota a gota.
La propuesta establece diferentes sanciones según los grados de "extorsión" que se dan en este tipo de créditos al margen de la ley.
La pena más alta va hasta los 15 años de cárcel cuando el juez califique a los prestamistas como delincuencia organizada.
La reforma crea dentro del Código de Penal el término de "extorsión cobratoria".
La diputada verdiblanca Montserrat Ruiz resaltó que la aprobación de este tipo de normativa, además de ser urgente, refleja que el trabajo conjunto entre las instituciones es posible para combatir el crimen organizado.
La frenteamplista Priscilla Salazar resaltó que este proyecto busca defender a las víctimas de extorsiones, y si bien lo ve como un gran avance, no es la solución final.
Recordó que hay miles de personas en situación precaria, y que al enfrentar gastos inesperados no tienen los recursos para enfrentarlos, ni el acceso a un crédito formal, por lo que aún se deben hacer correcciones y dar ese debate de la exclusión bancaria, no por falta de requisitos, sino por las altas tazas de interés que el sistema financiero impone.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez, lamentó que las familias que viven esta situación de extorsión ha llevado a personas a ocultarse y cambiar su lugar de residencia para resguardar su vida.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) existen registros de hasta 1.131 denuncias relacionadas con los créditos gota a gota. En su mayoría, son delitos contra la libertad, daños, agresiones y extorsiones.
Los datos contabilizan las causas entre 2022 y noviembre del 2023.
"Los préstamos gota a gota tienen una cifra oscura y oculta importante, porque las personas por temor no denuncian", señaló el subdirector del OIJ, Michael Soto.
¿Qué hace el proyecto?
El proyecto reforma el artículo 214 bis del Código Penal, para que en adelante se lea como sigue:
Artículo 214 bis. Extorsión cobratoria
Será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años, a quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada.
La pena anterior será de 5 a 10 años cuando:
- La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad;
- Si el hecho fuere cometido por dos o más personas;
- Si agredieren física o psicológicamente a la víctima;
- Si el hecho es cometido con armas o mediare daños a la propiedad.
La pena anterior será de 8 a 15 años de prisión cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
1 de cada 20 ticos adquirió un 'gota a gota'
De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, 5.34% de los costarricenses reconocen haber accedido a este método para conseguir recursos de forma informal.
En su mayoría, adultos entre 45 y 44 años. Los hombres acuden ligeramente más a estos préstamos, un 54% de los consumidores.
Créditos 'manchados' por impago, falta de acceso al sistema financiero formal y baja capacidad de pago, son las razones más comunes para que las personas acudan a estas transacciones.
Este proyecto de ley presentado por la diputada Gloria Navas, fue modificado con aportes del Poder Judicial.
Diseño: Angie Bravo.
Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su trámite final.