Congreso aprueba reforma al Sistema Nacional de la Calidad
Un total de 47 diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate el expediente 21.160, una reforma al Sistema Nacional de la Calidad (SNC), para garantizar un mejor servicio a los usuarios y a muchos actores del mercado.
El proyecto propone garantizar servicios de calidad en materia de seguridad, comercio, salud y medio ambiente para las empresas públicas y privadas, como requisito indispensable para lograr una verdadera reactivación económica.
Cambios
La iniciativa hace que el Ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) será el rector del Sistema Nacional para la Calidad (SNC).
También la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el servicio Aduanal, serán incorporados al SNC.
El Ministerio de Hacienda, que también se integra al sistema, tendrá el papel preponderante de impulsor de la calidad a través de las compras públicas de las instituciones de Estado y de las mercancías importadas para fijar aranceles.
La reforma pretende articular las instituciones que componen el SNC como ministerios, el ente de acreditación, el Laboratorio Costarricense de Metodología, el Órgano de Reglamentación Técnica, la academia, entre otros.
También se fortalece la dirección de calidad del MEIC dejando en ella la función de verificación de mercado.
En esencia, la reforma tiene los siguientes objetivos:
- Impulsar el desarrollo de objetivos de política pública en materia de calidad que contribuyan a mejorar la competitividad del país.
- Articular la participación de la Administración Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la calidad, integradas al SNC.
- Asegurar el uso de los mecanismos de evaluación y demostración de la conformidad en el cumplimiento de los objetivos legítimos.
- Facilitar procesos de capacitación a las organizaciones productoras o comercializadoras de bienes y servicios, e instituciones públicas en la materia de su competencia.
- Asegurar la calidad de los productos y servicios disponibles, de los que ingresan al mercado nacional y apoyar los destinados a la exportación.
- Asegurar la protección de los consumidores contra prácticas inadecuadas en la producción de bienes y la prestación de servicios.
La diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Luz Mary Alpízar resaltó que el país ha apostado por la calidad y recordó que por 20 años se tuvo una primera ley, hasta la actual reforma aprobada este jueves.
"Tuve el honor de ser parte de los equipos técnicos que redactamos la primera Ley hace más de 20 años. Ya se necesitaba este reforzamiento a la Ley, aclarar funciones de los diferentes órganos, fortalecer el Consejo Nacional de la Calidad y dejar claro muchos de los requisitos", comentó.
La diputada Alpízar recordó que la Asamblea Legislativa estuvo a punto de archivar el proyecto, y que dio una lucha fuerte y decidida, para continuar su discusión.
"Para lograr que Costa Rica sea un país desarrollado debemos involucrarnos en las normativas internacionales de calidad y comprometernos. En la Universidad de Costa Rica teníamos un refrán, no se merece calidad quien no la exige. Si el Primer Poder de la República no da el paso de aprobar un proyecto de este nivel, le estaríamos diciendo al mundo que no estamos listos", señaló.
Enfatizó que empresarios, industria, consumidores y muchos otros actores se verán beneficiados.
"Un país que no apuesta por la calidad queda rezagado. La calidad da confianza a los mercados, al cliente que va a un laboratorio para conocer su salud, por ejemplo, necesario para obtener un diagnóstico", agregó.
La jefa de fracción del Frente Amplio (FA) Sofía Guillén, mencionó que este proyecto tuvo un largo proceso de construcción.
Calificó como relevante que se garantice los certificados internacionales y que los consumidores y beneficiarios finales reciben el mejor servicio.
"Garantizar que los mercados operen con estándares de calidad óptimos es fundamental para la imagen internacional, y para dar bienestar a la población", señaló.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Gilberto Campos, recordó que en una primera versión del texto los actores tenían serios problemas de recarga a los actores del sistema y generaba cargas adicionales al Estado con una visión de mayor burocratización del sistema.
"Este proyecto que votamos hoy cambia un poco esa visión estatista y burocrática y elimina el peso a los actores del mercado, con un sistema de sanciones groseras", dijo Campos.
Precisamente, una de las reformas hechas al texto fue eliminar las sanciones económicas que se pretendían establecer.
El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su trámite final.
