Congreso aprueba ley que obliga a instituciones a centralizar compras

Archivo CRH

Los diputados aprobaron por unanimidad en primer debate este jueves el expediente 22.661, un proyecto denominado: "Manejo eficiente de la liquidez", que busca mejorar el sistema de pagos que hacen las instituciones públicas, lo que permitiría ahorros y mayor transparencia.

La propuesta, que fue impulsada por la Contraloría General de la República (CGR) en la legislatura anterior, establece en primera instancia un sistema de pagos unificados para prácticamente todos los ingresos públicos de las instituciones, mediante una única plataforma.

Es decir, todas las compras y pagos que realicen las entidades estatales estarían unificadas en un solo lugar.

El diputado del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña, explicó que si bien ya hoy se tiene el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) con esta nueva ley sería una ampliación y continuación a lo que ya se hace en esta plataforma, para que todos tengan esa obligación.

"Dicha plataforma será de uso obligatorio para todas las entidades públicas, y para aquellos sujetos privados que administren o custodien fondos públicos. En los casos que no se utilice la plataforma de conformidad con este artículo, la Tesorería Nacional ordenará a las entidades el cierre de cuentas en el Sistema Financiero Nacional, lo cual será de cumplimiento obligatorio", dice el texto aprobado.

El otro aspecto es que establece un sistema de cuentas en Caja Única en la Tesorería Nacional.

"Es hacer que todas las instituciones que están dentro del marco de aplicación de esta ley, no puedan llevarse los recursos que se les transfiere a una cuenta en una banco", explicó Acuña.

En lugar de eso, deberán colocar esos recursos en una cuenta de la Tesorería Nacional que funcionaria como el banco de cada entidad.

"El objetivo principal de esto es evitar que instituciones que reciben una transferencia del Gobierno, por ley, y no la usan por alguna razón, por incapacidad o por planificación, y luego van y compran bonos de gobierno", afirmó el frenteamplista.

Entonces se da un círculo vicioso porque el Gobierno para poder financiar a esa institución emitió bonos por los que paga intereses y luego tienen que pagarles intereses a esas instituciones porque guardan esos recursos en bonos de gobierno.

"Eso no tiene sentido y genera ineficiencia, por eso estarían obligadas a poner esos recursos en un sistema de cuentas de la Tesorería Nacional", agregó.

Si son recursos que deben ser usados a menos de 12 meses, no recibirán ningún interés, pero si tienen una planificación a futuro, se pagará una tasa de interés "razonable".

Sobre las funciones del Banco Central en el proyecto dice el texto aprobado:

El Banco Central de Costa Rica ejercerá, única y exclusivamente funciones de cajero general del Sector Público, cobrando al costo por los servicios brindados. En cuanto realice esas funciones, se considerará como auxiliar de la Tesorería Nacional, quedando sujeto a sus disposiciones y prioridades, y en ningún caso podrá disponer de los ingresos públicos, ni pagar suma alguna con cargo a ellos, si no es mediante la orden de pago respectiva por parte de Tesorería Nacional.

Quedan fuera

En la discusión del proyecto se acordó dejar fuera de estas obligaciones a las universidades públicas, debido a que ya la Constitución Política establece como se manejan los fondos que estas reciben. Se excluyó además el Sistema de Banca para el Desarrollo.

Puntualmente, dice el texto aprobado sobre las exclusiones:

• Se exceptúan de la utilización obligatoria de la plataforma, la liquidez pública originada en las actividades que se realicen bajo régimen de competencia y tengan como propósito la generación de lucro.
• Los fondos de pensiones y las cuotas obrero-patronales y cuota estatal.
• Los ingresos públicos generados por los entes públicos no estatales.
• El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE).
• Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)
• Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y otros ingresos generados por las instituciones de educación superior universitaria estatal (IESUE) o a nombre de estas.
• La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE).

Estos recursos exceptuados podrán ser incorporados de forma voluntaria por las entidades al Sistema.

La CGR, estima que estas medidas permitirán ahorros del 1% del producto interno bruto (PIB) anual a las arcas estatales.

El texto aprobado indica que las autoridades deberán tener implementada esta ley en su totalidad, en un plazo máximo improrrogable de 60 meses contados a partir de su vigencia.

El segundo debate está pactado para la próxima semana.