Congreso aprobó reforma para marina en Limón sin necesidad de la ley jaguar

Un acuerdo entre las fracciones legislativas permitió modificar y aprobar la reforma a Japdeva para la marina de Limón, sin la necesidad de recurrir al contenido de la ley jaguar impulsada por el expresidente Rodrigo Chaves.

En el gobierno pasado, Chaves culpó a los diputados, a la Sala Constitucional y a la Contraloría de oponerse al progreso de Limón por rechazar la forma en que querían llevarlo acabo. La Contraloría emitió una alerta sobre el riesgo de que se perdieran los controles, al permitir que el proyecto no contara con fiscalización. Molesto por esta postura, Chaves siendo presidente encargó el proyecto de ley "jaguar", al que la Sala IV le encontró vicios de constitucionalidad, por lo que no se aprobó.

Años después y con un gobierno de continuidad, se le hicieron reformas al proyecto de reforma a la ley de Japdeva, con lo que se cumplieron con los controles fiscalizadores, lo que permitió que se llegara a un consenso entre la oposición y el Gobierno, por lo que el proyecto se aprobó.

Se trata de una reforma que permitirá a Japdeva realizar alianzas estratégicas para obras de infraestructura como la marina y la terminal de cruceros.

Chaves presentó, el 5 junio de 2024, la ley jaguar con la que pretendía reformar la Ley de Contratación Pública para construir Ciudad Gobierno y la marina, sin concurso público.

"Tenía portillos para el chorizo"

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, destacó el acuerdo alcanzado entre las fracciones del bloque democrático y el Gobierno para sacar adelante la iniciativa.

El legislador afirmó que el proyecto no pudo avanzar inicialmente porque el Poder Ejecutivo presentó "un texto muy malo", que, según dijo, "tenía portillos para el chorizo" y permitía contrataciones a dedo.

Villalta resaltó que el diálogo entre las fracciones permitió darle viabilidad al proyecto e insistió en que esa es la ruta que debe seguir el Congreso para impulsar iniciativas en beneficio del país.

Asimismo, instó al Gobierno a dejar de lado las peleas y los insultos y "ponerse a trabajar".

Por su parte, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, dijo que la ley que se aprobó no tenía cambios sustanciales respecto al texto base.

Señaló que la "única diferencia importante era la exclusión de la ley de contratación", que quedó incluída en la versión final.

Según dijo, desde el oficialismo no se opusieron a estos cambios y que el objetivo era agilizar el aval de la iniciativa.

Controles rigurosos para Marina

A inicios de junio, el Congreso aprobó un primer texto sustitutivo que estableció una mayor fiscalización estatal y la rendición de cuentas en las alianzas estratégicas. Aunque quedan exentas de los procedimientos ordinarios de contratación pública, deberán respetar los principios de transparencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia y rendición de cuentas.

La modificación también establece que los proyectos desarrollados en terrenos de Japdeva no podrán perder su condición de dominio público ni ser vendidos, arrendados o gravados. Asimismo, las alianzas y los procesos de contratación serán regulados mediante un reglamento específico derivado de la ley.

Además, se mantiene la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) y el refrendo de los contratos por parte del ente contralor. El texto también incorpora mecanismos para definir la entidad responsable de otorgar las concesiones de las obras e incluye disposiciones para proteger el patrimonio natural de Costa Rica.

Canon de fiscalización

Un segundo texto, avalado tras otro consenso de los legisladores, incorporó la creación de un canon obligatorio para financiar la supervisión, fiscalización y seguimiento de los proyectos. El socio o aliado estratégico deberá aportar un monto no menor al 1,5% de los ingresos brutos generados por cada alianza.

Cada alianza deberá contar con la autorización y aprobación final del Consejo de Administración de Japdeva.

El plazo máximo de estos acuerdos será de hasta 50 años, aunque la duración deberá justificarse en cada caso mediante estudios técnicos y económicos, según la magnitud de la obra y su modelo financiero.

Según estimaciones del gobierno, el proyecto de la marina y terminal de cruceros en Limón tendría un costo de $900 millones y generaría 23.000 empleos. Las obras iniciarían el año entrante.

La presidenta Fernández firmó el expediente el pasado 2 de julio dejándolo en firme como ley de la República.