Confrontación política de Chaves pasa factura: cae producción de leyes y decretos
Informe del Estado de la Nación 2025 señala que la producción alcanzó su nivel más bajo en la actual administración
Los constantes enfrentamientos que, por tres años y medio, ha protagonizado el presidente Rodrigo Chaves Robles con los demás supremos poderes de la República le pasaron una cara factura al país: en esta administración, la producción de leyes y decretos para el bienestar de los ciudadanos llegó a su nivel más bajo.
Así lo concluye el Informe del Estado de la Nación 2025, al señalar que el gobierno de Chaves "exhibe serias limitaciones" tanto en la conducción de su propia agenda como en su relación con la Asamblea Legislativa. A raíz de ello, el sistema político costarricense enfrenta una pérdida significativa de su capacidad para gestionar la política pública, implementar prioridades gubernamentales y construir acuerdos.
El informe, dado a conocer este jueves 13 de noviembre, resalta además que, tras tres años y medio de gestión, la evaluación del desempeño de la administración Chaves Robles muestra que sus propuestas tienen "bajo nivel de concreción, no se articulan en torno a un eje temático claro y presentan un bajo alineamiento con las demandas ciudadanas más urgentes".
Mientras los enfrentamientos y ataques hacia jerarcas por parte del presidente Chaves son "el pan nuestro de cada día" —como dice el refrán popular—, los ciudadanos no tienen más remedio que acudir con mayor frecuencia a los tribunales de justicia para buscar solución a sus conflictos.
Producción de leyes y decretos en picada
El Informe del Estado de la Nación 2025 analizó, por primera vez, lo que denomina "entregas" del sistema político, es decir, las leyes y decretos que impactan significativamente la calidad de vida de la población.
Según los datos aportados, la producción de entregas progresivas (o beneficiosas) se redujo a la mitad en la última década. Mientras que entre 2006 y 2014 se aprobaron, en promedio, 20 leyes promotoras del desarrollo humano por cada ley regresiva, después de 2014 la razón disminuyó a 10 entregas progresivas por cada entrega regresiva.
El informe señala que, durante la administración Chaves Robles, siguen produciéndose más entregas beneficiosas que perjudiciales. Sin embargo, el indicador alcanzó su nivel más bajo en 30 años, con solo ocho leyes y siete decretos progresivos por cada texto regresivo.
La investigación destaca que, para que el sistema político genere beneficios a los ciudadanos mediante leyes y decretos, es necesaria la cooperación y el diálogo entre los supremos poderes, así como un gabinete "unido y estable". Este último aspecto también ha afectado al actual gobierno por su constante rotación de jerarcas.
"La generación de entregas depende de la cooperación entre los poderes de la República —en particular el Ejecutivo y el Legislativo—, así como de la capacidad de mantener un gabinete unido, estable y capaz de alcanzar acuerdos. En su tercer año, la administración Chaves Robles registró 29 salidas del gabinete: ocho jerarcas de ministerios, 12 de viceministerios y nueve miembros de juntas directivas", señala el estudio.
En cuanto a la rotación ministerial, el informe subraya el caso del Ministerio de la Presidencia, clave en la relación con el Congreso. Tras la salida de la exministra Laura Fernández en enero de 2025, el cargo permanece vacante, hecho inédito en la historia política reciente.
"Esto significa una abdicación del Gobierno a una de sus potestades formales, el poder de nombramiento, y con ello profundiza el deterioro de sus relaciones con la Asamblea Legislativa", explicó Ronald Alfaro Redondo, investigador del Estado de la Nación.
Alfaro añadió que, en los períodos de sesiones extraordinarias —en los que el Gobierno controla la agenda del Congreso—, el Ejecutivo ha construido "agendas reducidas y rígidas", enfocadas en sus propias iniciativas y sin mayor participación de la oposición, pese a contar con una fracción minoritaria.
"Esta estrategia es válida, pero es más característica de la época del bipartidismo y no parece ajustarse a la realidad del Ejecutivo, lo cual compromete el logro de sus objetivos", afirmó Alfaro.
Proyectos sin mayor avance
El informe detalla que, en sus primeros tres años, el Ejecutivo presentó un promedio de 42 proyectos de ley por legislatura. El tercer año registra la menor efectividad histórica: solo el 21% de las iniciativas se convirtió en ley.
Además, señala que la capacidad de impulsar iniciativas es limitada incluso en aquellas herramientas de gestión pública que no requieren intervención legislativa.
Un recuento elaborado para el informe identificó 33 propuestas planteadas por la administración Chaves Robles a inicios de 2022. A tres años de mandato, solo ocho se han implementado, nueve se encuentran en trámite, dos presentan avances parciales y 11 —el 36%— no han sido ejecutadas.
"El portafolio de propuestas, además, carece de un eje estratégico y no parece alinearse con las principales preocupaciones ciudadanas", explica el documento.
Dado que desde abril de 2023 la inseguridad es percibida como el principal problema del país, el informe evaluó el avance de proyectos para combatir la criminalidad.
Se menciona que, de 650 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y el Legislativo en la tercera legislatura, solo 78 están vinculados con la seguridad. De estos, 74 fueron planteados por el Poder Legislativo y únicamente cuatro por el Ejecutivo.
Menos protestas, pero más recursos de amparo
El informe señala que en el país hay una disminución de los espacios de diálogo como herramienta para la concertación de acuerdos, asociada a una menor disposición del Ejecutivo para recurrir a esta vía.
Entre 1990 y 2024 se registraron 59 llamados a participación ciudadana, con un máximo de casi cuatro por año durante los gobiernos del PAC (2014-2022).
En contraste, en los tres primeros años de la actual administración se contabiliza solo un evento anual. Esta tendencia coincide con un ciclo prolongado de baja protesta y un aumento sin precedentes en la judicialización de los conflictos.
"Entre 2024 y 2025 se registraron 7.027 recursos de amparo declarados con lugar contra acciones del Ejecutivo, casi cuatro veces más que en 2021 y nueve veces más que en 2017, lo que refleja una presión creciente sobre el sistema judicial", señala el informe.