Conductores se exponen a riesgos por daños prematuros en ruta Barranca-Limonal
Obras se contrataron para mantener lo que se dejó incompleto en la ampliación de la vía
Los conductores que utilicen el tramo ya construido entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares sobre la ruta nacional 1 (Interamericana Norte) se exponen a transitar en vías cuyas condiciones se encuentran en riesgo por daños prematuros en la infraestructura.
El detalle se encuentra contemplado en un informe de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de octubre de 2024 acerca de la contratación de obras de emergencia para la vía que conecta a las provincias de Guanacaste y Puntarenas.
El proyecto de infraestructura vial tuvo su orden de inicio en agosto de 2020 y debió entregarse la obra en febrero de 2023. Sin embargo, el ritmo de avance no fue el esperado.
Por esta razón, siendo ministro del MOPT, Luis Amador Jiménez, se tomó la decisión de rescindir el contrato con el consorcio alegando incumplimientos contractuales.
A noviembre de 2022, las compañías ejecutaron solo el 18% tras el uso de $34 millones de $182 millones designados a sus labores.
A raíz de ese incumplimiento en las obras, el MOPT optó por sacar la licitación PIT-197-CD-O-2023, la cual tuvo como finalidad que se contrataran los servicios de una empresa que efectuara obras menores para salvaguardar la seguridad del tramo y velar por la seguridad de los usuarios tras la terminación anticipada del contrato de obra.
Ese contrato fue adjudicado a la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. por $2,9 millones, con una fecha de inicio del 16 de octubre de 2023 y una finalización del 15 de marzo de 2024.
Hallazgos
La Auditoría se efectuó con la finalidad de revisar si las obras ejecutadas de pavimentos y estabilización de taludes cumplen con las especificaciones de diseño, así como también revisar que las cantidades pagadas en el proyecto coinciden con las condiciones establecidas en el cartel.
Sobre el primer punto, el órgano auditor encontró que las actividades ejecutadas por el contratista coinciden con las reportadas por la Unidad Supervisora. No obstante, recalcó que no se pueden emitir criterios sobre el proceso de ejecución porque al momento de la visita estaba finalizado.
"En los informes de la Unidad Supervisora de octubre 2023 a marzo 2024, se indica que el contratista no presentó los resultados del autocontrol de calidad a tiempo para ser fiscalizados e incluidos en los informes mensuales.
"Este tipo de faltas del contratista, están contempladas en el cartel con medidas sancionatorias, sin embargo, según lo indicado por el coordinador general de la UEP, no se han aplicado. La condición anterior genera un riesgo de daño prematuro de las obras por deficiencias en el control de calidad y el riesgo de incumplimiento de la normativa", se lee en el informe auditor.
De acuerdo con la Auditoría, se aprobó el pago de la demarcación horizontal de línea blanca y línea amarilla "sin tener evidencia de resultados de pruebas de retroreflectividad, lo que genera un riesgo de accidentes y pérdida de recursos".
En cuanto a la revisión de las cantidades pagadas en el proyecto y que coincidan con las condiciones definidas a nivel de cartel, se efectuaron al menos 14 gestiones de pago "en las que se cancelaron actividades utilizando un renglón de pago distinto al que correspondía".
La Auditoría aseguró al momento de la emisión del informe que la orden de modificación no estaba aprobada aún o sobrepasó la cantidad disponible para los eventos requeridos con el fin de cancelar.
"Esta condición genera un riesgo de pérdida de recursos y evidencia un incumplimiento en el orden de aplicación de las órdenes de modificación y el procedimiento establecido en el Manual Operativo del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)", recalcó el informe auditor del MOPT.
Con respecto a la bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Auditoría recordó que su uso debe ser obligatorio y esencial para fortalecer una gestión eficiente y transparente en proyectos.
No obstante, los expertos aseguraron que al momento en que se produjo la ejecución contractual "no se contó con la bitácora oficial", presuntamente "por la gestión tardía del formulario de exoneración", pese a que ese documento debió gestionarse de forma inmediata tras la adjudicación del contrato.
El informe concluyó que ese comportamiento generó el riesgo de una falta de control en el desarrollo del proyecto y la evidencia en el incumplimiento en el control llevado a cabo hacia el CFIA.