Condenados por estos delitos no podrán acceder a beneficios carcelarios
Plan es parte de las propuestas calificadas como urgentes para combatir ola de criminalidad
Foto con fines ilustrativos.
(CRHoy.com) El Poder Judicial solicitó a los diputados aprobar con urgencia un proyecto de ley que establece una nueva regulación para la ejecución de las penas.
La iniciativa, en principio, establece legalmente los requisitos para que una persona pueda acceder a un régimen de privación de libertad con beneficios, que quiere decir fuera de prisión. Las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o feminicidio no podrán solicitar esos beneficios.
Este lunes, en la reunión sostenida en materia de seguridad en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre entregó el proyecto al presidente del Congreso, como parte de las respuestas a la ola de criminalidad que aqueja al país.
Aguirre señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso.
Lo anterior se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo.
"Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre.
El Fiscal General, Carlo Díaz, agregó que hoy no existe un procedimiento en el Código Procesal Penal para regular la ejecución de las penas.
"Regula los procesos de desinstitucionalización de las personas que están sentenciadas y pone como condiciones que deben cumplir como mínimo un tercio de la pena", afirmó el fiscal.
Otro aspecto relevante, explicó Díaz, es que se regulan las medidas correctivas que establecen los jueces.
"En algunas ocasiones los jueces disponen de medidas correctivas y ellos decidían por ejemplo si tenían que hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas y esto no tenía apelación del Ministerio Público ni del Ministerio de Justicia que administra las cárceles", agregó Díaz.
Con esta reforma, se otorga ese recurso de apelación a la Fiscalía, para esos casos.
Mejorar regulación
La magistrada presidenta de la Sala Penal, Patricia Solano reconoció que ha existido una "cierta libertad" entre la interacción de control que debe realizar el juez de ejecución de la pena y las potestades que tiene la administración penitenciaria.
Y esto es así porque se ha regulado de manera reglamentaria, permitiendo "ciertas subjetividades" al momento de aplicar las modalidades de la ejecución de la sanción.
"Entonces la ley pretende regular los casos y las condiciones para poder tener modalidades de ejecución diferente y eso es importante cuando hay hacinamiento carcelario", comentó.
El presidente Arias no dudo en señalar que ellos agilizarán la aprobación de esta y otras leyes para que los cuerpos policiales cuenten con las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado.
El Congreso se comprometió a avanzar de forma pronto con este y otros proyectos. Foto: CRH.
Gota a gota
Otro proyecto que se mencionó como urgente es una regulación necesaria para castigar a las organizaciones que se dedican a los financiamientos gota a gota.
En la corriente legislativa existen tres proyectos diferentes que buscan atacar esta problemática.
El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, señaló que el objetivo es establecer como delito la conducta de ese préstamo de usura, pero además que esto está asociado a una serie de delitos.
Hay una cuota eterna que nunca se acaba, y si no la paga, hay amenazas, disparos en las casas, luego lesiones e incluso llegar al homicidio.
Soto señaló que las organizaciones criminales locales llegan a tener ingresos hasta de un millón de colones diarios, como mínimo y buscan darle vuelta a esos dineros.
Soto fue enfático que estos proyectos lo que buscan es "contener" el accionar de la criminalidad, pero que el problema es más profundo y quiere acciones más a largo plazo por parte del Estado, como mejoras en la educación, mayores oportunidades, recuperación de espacios entre otros.