Concejo Municipal ordena que alcalde y vicealcaldesa de Mora no reciban salario mientras estén suspendidos
Por decisión unánime, el Concejo Municipal de Mora ordenó suspender el pago de salarios por seis meses al alcalde Alfonso Jiménez Cascante y a la vicealcaldesa Ariuna Cabal Lombodorzh, según lo acordado la noche de este miércoles 26 de febrero.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública impuso la medida cautelar contra Jiménez y Cabal de suspensión de ejercer sus cargos, la cual fue revelada el pasado viernes 21 de febrero. Los regidores debían decidir si la sanción aplicaría sin remuneración o si, por el contrario, se les continuaría pagando su salario.
Tanto Jiménez como Cabal son investigados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por los presuntos delitos de peculado, pago irregular de contratos e incumplimiento de deberes.
Según la investigación judicial, ambos funcionarios habrían intervenido para favorecer a ciertas empresas. En uno de los casos, se habrían efectuado pagos por obras que no fueron concluidas.
Además, se investiga si se entregaron fondos sin los procesos de licitación o permisos correspondientes en el cantón.
Advertencias
El proveedor de la Municipalidad de Mora, Geremmy Chaves Marín, y el exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Cristian Arroyo, recibieron advertencias sobre presuntas irregularidades en los contratos del gobierno local con la empresa Rahso de Guanacaste.
La contratación se realizó mediante el procedimiento de "Licitación Abreviada" y bajo la modalidad "Según Demanda", con un monto presupuestario base de ₡200.000.000. Este contrato fue adjudicado a la empresa Rahso de Guanacaste.
El 12 de septiembre de 2022, la Auditoría Municipal emitió una primera advertencia sobre "eventuales irregularidades en el proceso de contratación".
El 30 de septiembre de 2022, el gobierno local recibió una segunda advertencia, dirigida tanto al proveedor como a Arroyo, quien, antes de asumir como director ejecutivo de Conavi, se desempeñaba como ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad.
El informe detalló que el oferente debía contar con al menos dos unidades de taller móvil, debidamente equipadas, para atender averías en distintos sitios. No obstante, la empresa no pudo justificar de manera clara las especificaciones técnicas de dichos equipos ni los registros de propiedad.
Uso de maquinaria
La Municipalidad de Mora habría utilizado maquinaria municipal para la construcción de un paso de servidumbre con recursos provenientes de la Ley 8114, que administra los fondos de la Red Vial Cantonal, a pesar de la prohibición establecida en el marco legal costarricense.
Este hecho se encuentra documentado en el Estudio Especial sobre la Gestión Administrativa, Operativa y Financiera de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, del 25 de enero de 2024.
Cuatro meses después de la elaboración de dicho informe por parte de la Auditoría Interna del gobierno local, el caso llegó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), donde se investiga bajo el expediente 24-000152-1218-PE.
Según la denuncia, de la cual CR Hoy tiene copia, la reparación de la servidumbre abarcó aproximadamente 100 metros lineales y se realizó en el sector conocido como Calle Vargas, en el distrito de Tabarcia.
De acuerdo con la acusación, dicha servidumbre pertenece a un particular de apellido Vargas, a quien, aparentemente, se le reparó una entrada ubicada en fincas privadas mediante el uso de maquinaria municipal.