CONARE y SEC se unen a acción de inconstitucionalidad contra presupuesto de Educación
CONARE cita jurisprudencia del año 2.000 en el que se detalla el porcentaje mínimo presupuestable
(CRHoy.com) El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Sindicato De Educadores Costarricenses (SEC) se unieron a la acción de inconstitucionalidad que presentó la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en contra del presupuesto ordinario 2023 en el que se le asignó al sector educativo un 5,8% el pasado 7 de febrero.
Los sectores que se sumaron a la acción presentaron intervenciones de coadyuvancia ante la Sala Constitucional. La acción de inconstitucionalidad presentada por APSE se tramita bajo el expediente 23-002835-0007-CO, la Sala le dio curso el 23 de febrero.
"CONARE, acudió por este motivo ante la Sala Constitucional el pasado viernes. Su coadyuvancia expone ampliamente jurisprudencia constitucional, como una resolución del año 2000 que indica que el mínimo presupuestable para la educación tiene fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos y varios institutos jurídicos más", se detalla en un comunicado de la APSE.
Una coadyuvancia es un proceso jurídico en el cual una parte actora se suma al procedimiento por tener un vínculo jurídico importante con la parte a la que quiere ayudar, en este caso, el CONARE y el SEC desean que se falle a favor del aumento presupuestal a la educación pública del país.
"También se cita la resolución de 2018 ante el trámite de consulta del entonces proyecto de ley 20.580, aprobado como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el cual se determinó que por medio de una ley no se pueden obviar las obligaciones presupuestarias constitucionalmente ya establecidas", indicó la APSE.
En la coadyuvancia del SEC, la fuerza sindical cita la sentencia 012803-16, la cual detalla que de no respetar el destino específico de un fondo atado constitucionalmente viola el artículo 78 constitucional y además el derecho a la educación y el principio de progresividad, aspecto que han venido advirtiendo los rectores de las universidades públicas y los sindicatos desde el año anterior.
De momento, la decisión le corresponderá a la Sala Constitucional para determinar si se mantiene el mandato constitucional de asignar el 8% del PIB a la educación pública.