Con Carlos Cerdas y Mélida Solís presentes, arranca audiencia por caso Cochinilla
Fiscalía aún no adelanta las disposiciones cautelares que pretende contra imputados
(CRHoy.com) Una nueva audiencia de medidas cautelares por el caso policialmente conocido como Cochinilla arrancó la mañana de este viernes en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea.
En la vista participan los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, confirmaron los abogados Simón Angulo Arredondo y Érick Gatgens Gómez ante consultas separadas de CRHoy.com.
Ambos juristas descartaron que, hasta ahora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) les haya adelantado las disposiciones que pretende y los plazos. Desconocen así si lo que se busca es una prórroga, o bien, un cambio de medidas.
A Cerdas Araya y Solís Vargas, por su orden propietarios de las constructoras MECO y H. Solís, se les otorgó seis meses atrás una caución real -suerte de fianza- como alternativa a la prisión preventiva que descontaron por nueve meses. Además, se les impuso el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, impedimento de salida del país y la entrega del pasaporte.
Otros 26 imputados, entre ellos funcionarios y exservidores públicos, así como empleados de las compañías investigadas, descuentan disposiciones alternativas a la privación de libertad. Una muestra de ello es la representada de Angulo Arredondo, la exdirectora de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carmen Rímola Madrigal. Del grupo restante, solo Tobías Arce Alpízar tiene -adicionalmente- arresto domiciliario.
Los juristas consultados por este medio coincidieron en que se opondrán a la ampliación del plazo de las medidas.
"Más que todo nos vamos a oponer al arresto domiciliario y al monitoreo con el brazalete. En cuanto a las otras medidas, no tenemos ningún inconveniente", dijo Gatgens Gómez.
Su argumento se sustenta en la posible derogatoria de los artículos 2 y 7 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, un conflicto cuyas interpretaciones mantiene divididos a los órganos jurisdiccionales de Costa Rica desde hace siete meses.
Desde la perspectiva del defensor de Solís Vargas, un pedido de prórroga, toda vez que ya se excedió el año de medidas ordinarias, solo procedería ante el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.
"En este caso no ha avanzado en mayor cosa la investigación en cuanto a la prueba que se tiene que traer a los autos y alguna de esa prueba ha sido altamente cuestionada por denuncias penales e incluso hay una recusación contra el fiscal Glen Calvo Céspedes, que está en apelación en el Tribunal Penal de Hacienda", comentó Angulo Arredondo.
"De parte de la defensa van a haber oposiciones a las medidas que se van a solicitar porque ya ha transcurrido más de un año, los peligros procesales no están presentes y esta es una causa que se tramita a puro papel. Así que no hay un peligro para la Hacienda Pública en el entendido que el Ministerio Público ya tiene controlado todo lo que necesitaba para el expediente y para hacer sus análisis", agregó.
La audiencia inicialmente estaba prevista para iniciar a las 8:30 a.m. de este 16 de setiembre, pero dados problemas técnicos, el arranque demoró 45 minutos. La misma se desarrolla en la sala tres, la más grande de los tribunales de Goicoechea.