Con ataques a diputados y amenazas a otras entidades, gremios judiciales advierten que huelga seguirá

Funcionarios judiciales, durante un movimiento desarrollado el miércoles. CRH

La huelga del Poder Judicial está lejos de terminar, por lo menos por ahora.

Anoche, los diputados aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de ley que será enviado a la Asamblea Legislativa y plantean recortes en los beneficios de las pensiones que gozan los empleados judiciales.

Los funcionarios, en huelga desde finales de la semana anterior, afirmaron que "esta es una nueva burla ante reiterados intentos de diálogo" y amenazan a otras entidades diciéndoles "Si cae el Poder Judicial ¡Siguen ustedes!".

Según los gremios, la única forma de deponer la huelga consistía en que los diputados tomaran en cuenta una propuesta hecha desde el seno del Poder Judicial para modificar el régimen de pensiones.

Los legisladores pasaron por alto la advertencia y tomaron como referencia un estudio hecho por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"El Frente Gremial no puede aceptar esta imposición fraguada de nuevo entre 4 paredes y denuncia la falta de transparencia de ese grupo de legisladores, en un tema crucial que mantiene paralizado a un poder de la República", cita un comunicado publicado al filo de las 10:00 p.m. del jueves.

Las críticas de los funcionarios judiciales recaen sobre 4 diputados: Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Marcela Guerrero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario (ML).

Los sindicatos anunciaron que este viernes analizarían con las bases gremiales el texto, posteriormente anunciarán las medidas a tomar. Incluso, recalcaron el ofrecimiento de otros frentes sindicales para unirse al movimiento.

Todo esto sucede, mientras Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la declaración de ilegalidad de la huelga.

Estos son algunos puntos de la propuesta:

• La jubilación será del 85% del promedio de los últimos 240 salarios. Actualmente, es del 100%.
• El aporte obrero será gradual de entre el 11% y el 15%, según gane la persona.
• Para efectos de la pensión ordinaria, la edad de retiro para hombres y mujeres se elevaría de 60 a 65 años con 35 años de servicio.
• Se establecerá un tope a las jubilaciones superiores a los ¢4 millones y se fijará un aporte solidario de hasta un 55% sobre el exceso de ese límite.
• Este tope será escalonado de acuerdo con el monto de la pensión. Por ejemplo, jubilaciones de ¢5 millones pagarán una contribución del 25% y las superiores a ¢8 millones un 55%.
• La administración del fondo de pensiones y jubilaciones saldrá del Poder Judicial.
• Con esta propuesta el déficit del fondo de pensiones, estimado en ¢5,3 billones se recortaría a ¢0.30 billones.