¿Cómo se llevarán a Celso Gamboa y a Pecho de Rata a EE. UU.? Esto comunicó la DEA
El camino judicial ya está completamente libre y sin obstáculos para concretar la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez. Solo falta que Estados Unidos, país requirente, presente la documentación en la que se compromete a no imponerle más de 50 años de prisión ni cadena perpetua.
Una vez cumplido este trámite, que es más de carácter administrativo, un juez del Tribunal Penal de San José deberá verificar los documentos y que se cumpla con esto. A partir de ese paso, EE. UU. tendrá un plazo de dos meses para concretar el traslado de Gamboa.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, confirmó que ya se encuentran en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para los actos de entrega del extraditable. Esa agencia antinarcóticos enviaría una aeronave para realizar la movilización.
"Muy posiblemente venga un avión dedicado a eso. Yo he tenido conversaciones ya con el jefe de la DEA y él por lo menos de lo que me ha manifestado, ellos pondrían el avión y harían el traslado, ellos mismos", explicó el jefe del Ministerio Público.
No sería un vuelo comercial ni una aeronave convencional la utilizada por EE. UU. para el traslado. La DEA opera una División de Aviación (conocida como Airwing), con más de 100 aeronaves —entre helicópteros y aviones— y alrededor de 135 agentes especiales pilotos.
Esta división se utiliza comúnmente para brindar apoyo aéreo a los elementos operativos y de inteligencia de la DEA y a las fuerzas del orden, con el fin de detectar, localizar, identificar y evaluar actividades de tráfico ilícito de narcóticos.
Este respaldo resulta fundamental para desmantelar organizaciones de narcotráfico que impactan significativamente la disponibilidad de drogas ilegales en Estados Unidos. La División de Aviación cuenta con agentes y aeronaves ubicados estratégicamente en el Caribe, América Central y América del Sur.
Este cuerpo utiliza aviones pequeños y medianos, como el Beechcraft King Air (variantes B200 y B350) y aeronaves Diamond DA42 y DA62 para tareas tácticas, aunque también han sido empleados en extradiciones de alto perfil en Centroamérica, como la del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, en 2022.
Otra alternativa es que la justicia estadounidense recurra al Sistema de Transporte de Prisioneros y Extranjeros de Justicia (JPATS), operado por el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals o USMS), conocido popularmente como Con Air.
Este sistema constituye la mayor red de transporte de detenidos federales en EE. UU., mediante aviones, autobuses y furgonetas para movilizar reclusos entre centros de detención y tribunales, y se encarga del traslado seguro de prisioneros y extranjeros bajo custodia federal, con personal especializado y aeronaves propias o arrendadas.
Los Marshals, encargados de estas operaciones, son la agencia federal de aplicación de la ley más antigua del país y actúan como el brazo ejecutivo de los tribunales federales, bajo el Departamento de Justicia.
Al ser Celso Gamboa un prisionero entregado por el Poder Judicial de Costa Rica al Tribunal del Distrito Este de Texas, quedaría bajo órdenes de jueces estadounidenses y, por ende, serían los Marshals quienes asumirían los traslados.
Custodia de Pecho de Rata
Cualquiera de los dos mecanismos podría utilizarse también para Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, Diosito o el Rey de Cahuita, señalado por EE. UU. como socio de Gamboa, con quien presuntamente se habría asociado ilícitamente para traficar grandes cantidades de cocaína a lo largo del continente, con destino final en ese país.
No obstante, en el caso de López Vega aún existe un obstáculo judicial: un juicio pendiente por legitimación de capitales. Esto se debe resolver antes de la extradición diferida. Para agilizar su entrega, la Fiscalía optó por aplicar la misma estrategia utilizada con el exmagistrado.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Carlo Díaz, presentó un criterio de oportunidad para solicitar la suspensión de esa causa penal y así eliminar el impedimento para la extradición. Este martes se definirá su futuro procesal.
El fiscal general explicó que, a partir de esa resolución, se deberá decidir si se envía a Celso Manuel y a Edwin Danney juntos, o si se extradita primero al exministro, quien ya no enfrenta trabas judiciales. Por ahora, no existe una fecha concreta para la entrega.
"Ya habiéndose quitado el obstáculo de las causas penales, se sería una cuestión de mero trámite. No quiero dar un plazo, pero en realidad es bastante rápido.
Si hablamos desde el punto de vista de de los procesos penales pendientes, ya la única persona que no tendría ningún proceso penal pendiente es Don Celso Gamboa. Don Edwin todavía tiene procesos penales pendientes y ahí, vamos a solicitar los criterios de oportunidad. Ya es una cuestión de la DEA.
Yo ahorita no le podría definir si ellos van a priorizar la extradición de Don Celso que es el que ya no tendría ningún obstáculo o si van a esperar tal vez un margen corto de tiempo para ver si ya se aprobó también los eventuales criterios de oportunidad de don Edwin", señaló.
Tal como reveló CR Hoy pocas horas después de la captura de Gamboa, de acuerdo con investigaciones de la DEA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), el exmagistrado habría obtenido hasta $500.000 por cada envío de droga, dinero que presuntamente pagaban otros narcotraficantes para facilitar el ingreso de cargamentos al país.
Las pesquisas incluso señalan que habría movilizado grandes sumas de dinero, y que testigos relataron transacciones de aproximadamente $16 millones ligadas a ganancias del narcotráfico. Gamboa negó estas acusaciones.
Se le señaló como coordinador del Cártel de Sinaloa y del Clan del Golfo, y Gamboa le dijo a un agente encubierto que el actual Gobierno le facilitaba el ingreso de sus cargamentos al territorio nacional.
A López Vega se le requiere por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas, según detalla la solicitud de extradición presentada ante tribunales federales en Dallas, Texas.
En ese requerimiento se le imputa, junto a otros implicados, su participación como cabecilla de una red criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, así como el uso de aeronaves y fincas en Sixaola para mover la droga.