Comisión sobre Crimen Organizado respalda nómina de magistrados suplentes
La Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados pidió a los diputados oficialistas cumplir con su deber constitucional y votar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional que están pendientes.
Los juristas emitieron un pronunciamiento en el que plantean que la negativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) evidencia el desconocimiento del procedimiento legal, vulnera el principio de separación de poderes y tiene la intención de entorpecer la labor de la Sala IV.
Gloria Navas, integrante de la comisión, calificó la negativa como "una irresponsabilidad con el resto del país". Indicó que, aunque la Asamblea Legislativa puede devolver una nómina, en este caso los diputados oficialistas se niegan a votar sin una justificación. Además, recordó que el proceso para integrar la lista de magistrados suplentes es riguroso por las exigencias del cargo.
Oficialismo mantiene oposición
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, dijo que su bancada no respaldará la nómina propuesta por la Corte Suprema de Justicia, pese a que el proceso de selección tardó más de un año y a los candidatos se les entrevistó y revisaron antecedentes.
En reunión de jefes de fracción, Acosta dijo que el próximo jueves tendrán una decisión definitiva.
Por su parte, los diputados del bloque democrático solicitaron fijar una fecha para discutir y elegir a los nueve magistrados suplentes que requiere la Sala Constitucional.
La elección permanece estancada desde la legislatura anterior por la negativa del oficialismo. En ese periodo hubo seis rondas de votación sin éxito y, en la actual Asamblea, ya se han realizado cinco votaciones en blanco. Incluso devolvieron la nómina a la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, esta la remitió nuevamente sin cambios.
La Sala Constitucional advirtió que al menos 90 expedientes permanecen pendientes porque algunos magistrados deben inhibirse de conocerlos. Además, alertó que la situación podría agravarse si un magistrado titular se incapacita, lo que podría paralizar el funcionamiento del tribunal.
