Comisión del Colegio de Abogados cuestiona proyectos de seguridad del Gobierno
La Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados concluyó que cinco de los proyectos de ley presentados por el gobierno en materia de seguridad tienen conflictos constitucionales y generarían consecuencias más graves de las que plantean atender.
Dicho pronunciamiento será presentado ante la junta directiva del Colegio, con el fin de convertirse en un pronunciamiento institucional.
Sobre la Ley para Combatir las Asociaciones Criminales, que propone penas de entre uno y seis años de prisión para quienes integren estas organizaciones y de seis a 20 años en casos agravados, la comisión advirtió que introduce un concepto de asociación criminal que contradice la regulación vigente sobre delincuencia organizada.
Los abogados señalan que algunas agravantes están contempladas en la legislación actual y que la iniciativa abre la puerta a respuestas punitivas severas en situaciones que no lo ameritan.
Respecto a la Ley Mano Firme contra la Reincidencia, que busca imponer prisión preventiva a personas reincidentes sin que los jueces puedan valorar su arraigo familiar o laboral, considera que varias de sus reformas son abiertamente contrarias a principios constitucionales.
Advierte que la prisión preventiva se utilizaría como una pena anticipada y convertiría al juez en un simple tramitador obligado a imponerla automáticamente ante un supuesto peligro de reincidencia, sin valorar otros elementos relevantes. Por ello, recomienda archivar el proyecto.
En relación con la Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales, que propone mantener los antecedentes penales durante 15 años para efectos laborales y conservarlos indefinidamente para fines policiales, investigativos y judiciales, la comisión reconoce que existe un objetivo legítimo. Sin embargo, considera que su desarrollo es constitucionalmente inaceptable.
Señala como especialmente grave que se obligue a los jueces a no considerar delincuente primario a quien tenga antecedentes penales, aunque haya cumplido su condena hace años, además de eliminar la posibilidad de analizar cada caso de manera individual.
Sobre la Ley de Cero Ocio en las Cárceles, que distribuye parte de los ingresos de las personas privadas de libertad entre el sistema penitenciario, las víctimas, sus familias y el ahorro personal, la comisión sostiene que la iniciativa depende de una reforma integral del modelo penitenciario costarricense. De lo contrario, advierte riesgos de conflictos constitucionales y de violaciones a derechos fundamentales.
Laura Fernández, presidenta de la República, y Rodrigo Chaves, presentaron los proyectos el 14 de junio. CRH
Existe el riesgo de que el trabajo penitenciario termine convirtiéndose en una obligación forzada, alejando a las cárceles de su finalidad principal de rehabilitación y reinserción social de las personas
Sobre la Ley Gerson Rosales, busca reformar el artículo 28 del Código Penal, relacionado con la figura de la legítima defensa, así como otros artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.
La comisión indicó que lo más preocupante es la facultad que se otorgaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interrogar a personas detenidas sobre los hechos investigados en su contra, una práctica que, recuerda, históricamente ha estado asociada a abusos policiales y torturas para obtener confesiones ilegales.
Señala que la ampliación de la legítima defensa para familiares y extraños no representa una novedad, pues ya existe en el ordenamiento jurídico. También advierte que la presunción de racionalidad en el uso de la fuerza para servidores policiales podría interpretarse como una "licencia para matar" y propiciar abusos policiales amparados en la norma.
De acuerdo con el especialista en Derecho Alfredo Chirino, quien firma el oficio, la idea de este análisis es que se convierta en un pronunciamiento sobre los proyectos de ley presentados por el Gobierno en materia de seguridad.
Importante: Si desea leer el análisis completo, puede encontrarlo aquí.
