Comisión de Seguridad rechaza razones de Chaves en veto a Ley de Ejecución de la Pena
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con una mayoría de 4 votos en contra, rechazó las objeciones emitidas por el presidente Rodrigo Chaves Robles en el veto total a la Ley de Ejecución de la Pena.
Chaves aplicó un veto doble por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad a la ley ya aprobada en segundo debate, alegando que la iniciativa le resta potestad al Ejecutivo sobre la administración carcelaria y se la otorgaba a un juez de ejecución penal.
Votaron en contra del veto las liberacionistas Dinorah Barquero y Alejandra Larios, la independiente Gloria Navas y Priscilla Vindas del Frente Amplio.
Mientras que se inclinaron por respaldar la medida presidencial Pilar Cisneros, el independiente Gilberth Jiménez y la socialcristiana María Marta Carballo.
Razones del Ejecutivo para veto
Dentro de las justificaciones para el veto, Chaves Robles expuso que se le estarían quitando potestades de administración de las condenas al Ejecutivo a través de la cartera de Justicia y otorgándoselas a los jueces de ejecución.
Para el Gobierno el juez de ejecución de la pena no es un coadministrador de la pena; su rol es el de garante de derechos y contralor de legalidad.
"Convertirlo en partícipe activo de la gestión penitenciaria implica modificar sustancialmente la arquitectura competencial prevista por el legislador procesal", señala el veto.
Ley de Ejecución de la Pena
El pasado 16 de febrero, el Congreso aprobó en segundo debate, con 32 votos a favor y 8 en contra, el proyecto de ley sobre la ejecución de la pena, la tercera etapa penal que aplica cuando un sospechoso inicia a cumplir su pena de cárcel.
De aprobarse la iniciativa, será ese juez quien tenga la facultad de decidir sobre eventuales medidas o beneficios penitenciarios para los privados de libertad, como la prisión domiciliaria, una vez que haya transcurrido el tiempo establecido dentro de la sentencia judicial.
Esto ha sido fuertemente criticado por el Gobierno, que lo cataloga de una "alcahuetería".
Votaron en contra de la iniciativa Pilar Cisneros y otros 4 diputados oficialistas, así como Carolina Delgado de Liberación Nacional.
El texto pasó un largo recorrido, de tres años, desde modificaciones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, audiencias, mesas de trabajo entre los Poderes de la República y mociones de reiteración en el Plenario Legislativo.
Trámite en el Congreso
Ante esta decisión, la comisión trasladará el informe de mayoría al Plenario Legislativo con la recomendación de rechazar las objeciones del mandatario.
Al mismo tiempo, Cisneros aseguró que presentará un informe de minoría.
Con esto, los legisladores deberán definir en el Plenario si acatan las objeciones y si resellan o no la ley. Sin embargo, al existir razones de constitucionalidad, deberán remitir el texto a la Sala Constitucional para evitar un vicio de procedimiento.
Los magistrados constitucionales tendrían hasta un mes para analizar el proyecto y devolverlo al Plenario, por lo que la decisión final sobre el eventual resello quedará en manos del Congreso entrante a partir de mayo.
Actualmente, el órgano constitucional también evalúa los vetos presidenciales a la pensión anticipada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la reglamentación de las leyes, previamente remitidos por los actuales diputados.