Colegio de Médicos: Procuraduría estableció que decreto de receta digital es inconstitucional
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que regula la receta digital de antimicrobianos. Confirmaron este viernes que la Sala Constitucional dio audiencia a la Procuraduría General de la República, quienes establecieron que hay problemas de constitucionalidad.
De acuerdo con lo expuesto por la Procuraduría violenta principios como la reserva de ley, la razonabilidad y la proporcionalidad, así como los derechos fundamentales a la intimidad, a la autodeterminación informativa y a la salud.
"En su criterio remitido a la Sala Constitucional, la Procuraduría también validó la legitimación del Colegio como accionante, al reconocer que las disposiciones impugnadas inciden directamente en el ejercicio profesional médico y en la relación médico-paciente", aseguraron desde el Colegio.
En su descargo, la Procuraduría advirtió que la importancia de la vigilancia epidemiológica, la obligación de la receta digital "no puede derivar en un cheque en blanco para el tratamiento irrestricto de datos sensibles en una base de datos administrada por un tercero no sujeto al secreto profesional o funcionarial".
Para el colegio la receta pone en peligro:
- El principio de confidencialidad de la relación médico-paciente.
- El secreto profesional.
- El derecho a la intimidad.
- La protección de los datos sensibles de los pacientes.
- El acceso a los servicios de salud.
Los médicos aclararon que no están en contra de la totalidad del reglamento, solo de los artículos que imponen la obligatoriedad del formulario electrónico que se debe llenar. Dicho formulario contiene datos sensibles como el diagnóstico o padecimiento clínico del paciente, la fecha y resultado de frotis o cultivos y las alergias medicamentosas de los pacientes.
Elliott Garina, presidente del Colegio, manifestó:
"La obligatoriedad de utilizar únicamente recetas digitales para la prescripción y despacho de antimicrobianos, como lo impone el artículo 11 del decreto, puede afectar gravemente la atención de los pacientes, ya que condiciona el acceso a medicamentos esenciales a una plataforma electrónica centralizada, lo que pone en riesgo la oportunidad y continuidad del tratamiento, especialmente en zonas rurales, centros con limitaciones tecnológicas o en situaciones de emergencia"