Colegio de Enfermeras denuncia censura por retiro de vallas sobre atrasos salariales
Una empresa publicitaria retiró en menos de 24 horas dos piezas de la campaña con la que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) denuncia atrasos salariales en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según el gremio, en una llamada le habrían indicado que la orden vino del Gobierno.
El Colegio exige saber quién ordenó el retiro y por qué, y anunció acciones administrativas y judiciales.
Las piezas retiradas son una valla en una parada de autobús frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José, y un tótem en la Plaza de la Cultura. El Colegio aportó fotografías del antes y el después.
De acuerdo con el gremio, la empresa le comunicó que la publicidad debía retirarse, sin dar mayores explicaciones. Fue durante una conversación telefónica posterior que, según el Colegio, se le habría dicho que la instrucción provenía del Gobierno.
La campaña, llamada "La Vida No Espera", incluye tótems, vallas, traseras de autobuses y publicidad en paradas en la Gran Área Metropolitana y en zonas regionales.
"Nos encontramos tomando acciones administrativas y judiciales para que se nos aclare quién giró la instrucción de retirar esta publicidad", afirmó el presidente del Colegio, Gabriel Guido Sancho.
Guido aseguró que el caso genera preocupación desde el punto de vista constitucional y que el Colegio lo llevará "hasta las últimas consecuencias" para determinar si hubo una intervención para limitar su derecho a denunciar públicamente la situación laboral del personal de Enfermería.
¿Censura previa?
El asesor legal del Colegio, Giovanni Rodríguez Solís, señaló que el retiro también debe analizarse desde la perspectiva constitucional.
"Esperamos que esto no constituya una violación a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política, mediante una censura previa que nos impida manifestarnos como corresponde a todos los costarricenses", manifestó.
El artículo 27 de la Constitución garantiza el derecho de petición, y el 28 establece que nadie puede ser perseguido por manifestar sus opiniones.
El Colegio afirmó que definirá sus próximas acciones según la información oficial que reciba y que seguirá denunciando los atrasos salariales mientras persistan.