Colegio de Abogados alza la voz y pide que se respete la institucionalidad del país
Misiva, dirigida a jerarcas de Supremos Poderes, urge evitar ataques a institucionalidad
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema; Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa y Rodrigo Chaves, presidente de la República. Archivo CRH
Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, envió una carta a los jerarcas de los 3 Supremos Poderes de la República en la que efectuó un llamado a respetar la institucionalidad del país.
La misiva, enviada este 25 de setiembre, llega en medio del ambiente de crispación que provocó la imputación de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 7 altos jerarcas de esa entidad, por presuntas irregularidades en la adjudicación del manejo de 138 Ebais a 5 cooperativas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apuntan a que dicha contratación se efectuó en detrimento de otra que estaba en curso desde 2021 y que se habría efectuado pese a que la Auditoría Interna de la CCSS advirtió vicios legales en el proceso.
Según cálculos de la auditoría y análisis de la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación a las cooperativas provocaría la erogación de ₡12.400 millones anuales como sobreprecio.
Esquivel y los jerarcas de la entidad estuvieron detenidos entre el lunes y el martes. Contra ellos, la FAPTA pidió medidas cautelares no privativas de libertad (suspensión del cargo y firmar periódicamente).
El llamado del Colegio de Abogados de Costa Rica fue dirigido a Rodrigo Chaves, presidente de la República; Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esto menciona la carta:
Estimados señores:
Los hechos acontecidos últimamente y, en especial, en los dos días que anteceden, me obligan, en mi condición de Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a dirigirles la presente misiva solicitándoles, considerada pero vehementemente, que se respete la institucionalidad del país.
Los discursos y criterios de control político que realicen los Poderes del Estado dentro del ámbito de pesos y contrapesos que supone la división entre ellos, no puede tener como norte, nunca, el ataque directo a la institucionalidad del Estado.
Las prácticas en ese sentido, por más loables que se consideren, solamente desestabilizan el Estado de Derecho y polarizan a la sociedad, llevándolas al caos y, finalmente, a su derrumbamiento. Las diferencias existentes entre los Poderes y los demás órganos y entes que componen al Estado, tienen, desde antaño, los medios legales internos y externos para ser canalizadas.
El Colegio que represento, como ente fiscalizador del ordenamiento juridico y auxiliar de la justicia, según lo reconoce el artículo 1 de su Ley Orgánica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los exhorta a retomar el cauce de la prudencia y el respeto a la conformación política e institucional de nuestro Estado de Derecho.
Lo anterior por cuanto Costa Rica, se ha caracterizado por ser un país democrático y respetuoso de la separación de poderes, asi reconocido a nivel internacional. Además, que el 07 de noviembre la Constitución Politica cumple 75 años y ha sido el pilar de la sostenibilidad de la democracia y lider de la paz.
De ustedes, respetuosamente.
Francisco Eiter Cruz Marchena.
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la CCSS, al llegar a una audiencia judicial el 26 de setiembre de 2024. CRH
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia se defendieron de los ataques infundados dirigidos por el presidente Chaves durante una conferencia de prensa realizada este 25 de setiembre e insistieron en que el accionar de la FAPTA y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha apegado a la legalidad.
El accionar del OIJ y de la Fiscalía ha sido el mismo aplicado en allanamientos y detenciones en casos como "Cochinilla", "Diamante", la "trocha fronteriza", Aldesa y, más recientemente, el caso "Coopeservidores".
La fiscalía sostiene que en el caso de la CCSS los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.
Entre los jerarcas detenidos este lunes, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.