CNE confió en palabras de Amador para atribuir a tormenta los daños en pista del Oduber
Jerarca admite que dieron por ciertas las consideraciones del exministro
Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la CNE. Captura de pantalla/YouTube
Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), señaló a Luis Amador, en el rol de ministro de Obras Públicas y Transportes, como el responsable de solicitar la ampliación del decreto de emergencia por la tormenta tropical Bonnie para incluir al cantón de Liberia e intervenir la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
Así lo apuntó el funcionario ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa durante una comparecencia celebrada este lunes.
Picado aseguró a los legisladores que fue el ahora exministro, junto a Fernando Naranjo Elizondo -entonces director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)- el responsable de solicitar (a mediados de 2023) la ampliación del decreto de emergencia por el evento climático sucedido en julio de 2022.
Un informe de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) del Departamento de Aeropuertos de la DGAC advirtió la inconveniencia de intervenir la pista del AIDOQ mediante la ampliación del decreto de emergencia por la tormenta Bonnie.
El documento DGAC-DA-IA-OF-451-2023, con fecha del 7 de agosto de 2023 y remitido por los ingenieros de la UIA a Naranjo Elizondo advirtió que no existía el suficiente nexo causal para atribuir el deterioro de la pista al paso de Bonnie, la cual impactó parcialmente el norte del país a inicios de julio de 2022.
Los expertos técnicos reconocieron que la infraestructura requería una intervención ante el deterioro acumulado por la operación aérea en años recientes, pero recomendaron optar por la vía de contratación convencional al considerar que no existían elementos para asociar el incremento en el deterioro al impacto de Bonnie.
Picado admitió este lunes 24 de junio que no tenían los insumos para verificar un año después -por cuenta de la CNE- que existió un daño causal entre el paso de la tormenta Bonnie y el incremento en el deterioro de la pista del AIDOQ.
Según el funcionario, confiaron al 100% en los elementos técnicos señalados por el exministro Amador y por el exdirector Naranjo.
"Tenemos que creer en los criterios técnicos que en este caso nos están firmando el ministro del MOPT (Amador) y el director de Aviación Civil (…) Estamos obligados a confiar en el informe que nos hacen los especialistas", dijo el presidente ejecutivo de la CNE.
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
El decreto ejecutivo firmado a mediados de 2023 por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Natalia Díaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, permitió que 1 año después del paso de la tormenta la DGAC y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solicitaran incluir la pista entre la infraestructura dañada tras el paso de Bonnie.
A partir de esto, la CNE licitó de emergencia los trabajos. La obra fue adjudicada a inicios de 2024 a Constructora MECO S.A. por ₡21.889 millones.
"Basado en la información que tenía, tomé la información que correspondía (…) La CNE ha hecho todo apegado a la legalidad. Todo lo que le corresponde. Así se verifica todo lo que hay que verificar", insistió Picado.
La licitación motivó el cese de Amador y de Naranjo como jerarcas el pasado 12 de marzo. Según Chaves, ambos habrían sido omisos al no percatarse de que las especificaciones técnicas del cartel para la obra habrían sido un supuesto "traje a la medida" para beneficiar a la empresa que resultó adjudicada y los destituyó alegando una "responsabilidad política" por eso.
Según el mandatario, los exjerarcas debían asumir la "responsabilidad política" por no fiscalizar que el cartel presuntamente estaba "hecho a la medida" en detrimento de las otras 2 compañías participantes: el Consorcio Pedregal y H.Solís. Sin embargo, Amador y Naranjo refutaron esa versión y puntualizaron que ninguno de los oferentes objetó el cartel licitatorio impulsado con los requisitos estipulados por la DGAC.