La presidenta, Laura Fernández, negó que el Gobierno haya comprado o esté por comprar Pegasus. Pero en la Asamblea una diputada oficialista habló expresamente de una "operación Pegasus" y existen cuestionamientos sobre una tecnología de espionaje que tendría capacidades similares. ¿Usted le cree a la presidenta o considera que todavía hay razones para desconfiar?

Bueno, es que, de entrada, en democracia uno no debería sencillamente creer por un acto de buena fe. En democracia existe la rendición de cuentas, existe la transparencia y existe el acceso a la información.

Entonces, eso es lo que nos parece preocupante, que hemos visto diversas expresiones, por así decirlo, de diferentes personas oficiales, voces de gobierno, que nos hacen la alerta.

No solamente una diputada del Partido Pueblo Soberano dijo en el plenario que existía una operación Pegasus.

Recordemos que el ministro Chaves dijo que, en efecto, había una negociación, que luego dijeron que realmente no, pero que luego tal vez sí se está explorando, con el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, para poder tener acceso a diferentes tecnologías.

Por otro lado, tenemos al ministro de Justicia, que dice que tienen identificados a opositores políticos.

El subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano luego reconoce que las personas que tienen identificadas son personas de partidos políticos y personas que fueron parte, en algún momento, de gobierno.

Y, por último, el secretario general del Partido Pueblo Soberano también indica que han accedido a bases de datos y que tienen identificadas a personas opositoras.

Es decir, lo que podemos sacar de todo esto es que pareciera que hay un deseo de parte de la administración de poder tener acceso a información y poder tener ubicación, identificación y otro tipo de datos de personas que podrían ser opositoras al Gobierno y tal vez a otros perfiles que les interese.

Aunado a esto, existe un decreto muy amplio de secreto de Estado que cobija prácticamente con absoluto secretismo muchísima información, mucha más de la que un secreto de Estado debería cubrir.

El secreto de Estado existe y existe porque se necesita, y es justamente para no tener que publicitar información que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional o que pudiera poner en riesgo hasta operaciones específicas que se lleven contra el crimen organizado.

Pero adjudicaciones, contrataciones, el uso de fondos públicos y otra serie de información que no necesariamente va a poner en riesgo la seguridad nacional están cubiertas por este decreto.

Entonces, en este momento, si nosotros quisiéramos tener mayor acceso a información alrededor, ya sea de una contratación o una posible negociación para tener un software espía tan poderoso como Pegasus, pues está cubierta por secreto de Estado.

Entonces, diay, nos toca creerle a la presidenta, que levantó la mano y que dijo: "¿Quién tiene Pegasus?", y ella levanta la mano y dice: "Yo no lo tengo".

Eso es todo lo que tenemos el día de hoy. La democracia no debería funcionar así.

Coalición Agenda Ciudadana, junto con otras fracciones de oposición, acudió a la Sala Constitucional contra el decreto que declara secreto información sobre seguridad, compras, contratos y presupuestos. ¿Qué cree que está tratando de ocultar el Gobierno y cuál sería el escenario más grave que podría producirse si ese decreto se mantiene?

El escenario más grave es que esta gran cobija de secreto de Estado realmente esté impidiendo el acceso a la información que se necesita en una democracia sólida como Costa Rica, en donde nuestros gobernantes tienen que rendir cuentas y tienen que tener transparencia con el uso de los fondos públicos.

Recordemos que aquí no estamos hablando de estrategias de operación para crimen organizado. No estamos hablando de cosas que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Estamos hablando de contrataciones que pueden ser millonarias. Realmente no lo sabemos porque, repito, en este momento todo está cobijado por secreto de Estado, y esa cobija podría dar cabida a corrupción, también podría dar cabida a un mal manejo de fondos públicos, que, recordemos, los fondos públicos son de todos los costarricenses.

También podría dar cabida a abusos. Por ejemplo, el uso de mecanismos como la DIS para tener abusos.

Ya se han presentado, por ejemplo, en el cuatrienio pasado y en la administración pasada, denuncias muy específicas de la posibilidad de que la DIS se estuviera utilizando como policía política y que se estuviera dando seguimiento a algunas diputaciones.

Hubo denuncias públicas.

Hoy, la DIS está cobijada por este secreto de Estado. Entonces, ¿cómo se maneja?, ¿qué se está haciendo?, ¿cuáles son los objetivos reales de la DIS? En este momento no se pueden conocer por este secreto de Estado.

Entonces, a nosotros nos parece que una administración tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía. Tiene que utilizar las herramientas como el secreto de Estado de manera excepcional, limitada y bajo criterios de razonabilidad justificados, pero esto no puede ser a costa de la transparencia, de no rendir cuentas, de la utilización de fondos públicos sin tener que explicarle a la ciudadanía cómo se están utilizando e invirtiendo y, sobre todo, Costa Rica no es —y ninguna democracia tiene que ser— un voto de fe.

Realmente, los y las gobernantes tienen la responsabilidad de transparentar sus acciones y de rendir cuentas.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, dijo que tienen "identificados" a opositores y que incluso saben dónde se reúnen. Paralelamente, el PPSO reconoció que construyó una base de datos de opositores con información obtenida del traspaso de poderes. ¿Usted cree que estamos ante una estructura de vigilancia política del Gobierno o todavía no hay elementos suficientes para hacer esa acusación?

Nosotros tenemos preocupaciones y gente cercana que está en el sector de seguridad o inteligencia nos ha expresado algunas preocupaciones de la posibilidad de que sí haya intervenciones telefónicas.

Nosotros mantenemos la preocupación de que, tras haber tenido denuncias de posibles seguimientos en esta administración, eso ni siquiera se podía llamar a rendir cuentas porque está cobijado por este decreto, que a nosotros nos parece que, por su amplitud, es un decreto que es inconstitucional y que realmente no está relacionado con la seguridad nacional, sino más bien con no transparentar un montón y una serie de acciones o inversiones que esté llevando a cabo la administración.

¿Laura Fernández es realmente distinta de Rodrigo Chaves? Después de 100 días, hay quienes sostienen que más que un nuevo gobierno estamos ante un tercer año del chavismo, con la misma confrontación con instituciones, medios y oposición. ¿Qué diferencia real ha visto usted entre Laura Fernández y Rodrigo Chaves?

Bueno, yo creo que la presidenta Fernández se ha dado a la tarea de mantener una forma de hacer política muy parecida a la de don Rodrigo, por lo menos en estos primeros 100 días.

Yo he insistido y la invitación siempre se le ha extendido a la presidenta Fernández de que esta administración tiene que llevar un liderazgo que sea el de ella.

Pero hasta ahora lo que hemos visto es una forma de hacer política que le ha dado continuidad al enfrentamiento, a la forma de hacer política de choque, de confrontación, de no tender puentes.

Fueron 100 días en donde se han profundizado confrontaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial, que ya venían de la administración pasada.

La administración pasada requería enemigos muy específicos y esta administración pareciera que eso lo quiere continuar. En la administración pasada, uno de los enemigos específicos era la Asamblea Legislativa y ya tenían también como enemigo específico al Poder Judicial.

Pero creo que con esta administración, dado que ahora el oficialismo y el Partido Pueblo Soberano tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, dominan el Directorio Legislativo y dominan todas las comisiones, entonces el enemigo número uno ya no puede ser la Asamblea Legislativa, y se han enfocado realmente en el Poder Judicial, con frases tan lamentables como la que hizo el ministro Chaves, de que ya tienen el Poder Ejecutivo, ya tienen el Poder Legislativo y ahora lo que quieren es tener dominio del Poder Judicial.

Eso es absolutamente antidemocrático.

Pero esa forma autoritaria, si uno lo quiere decir, confrontativa, no solamente ha continuado de la administración pasada a esta, sino que yo creo que se ha profundizado.

Vemos que el ministro Chaves, que sigue teniendo una preponderancia muy importante, que maneja posiblemente las dos carteras más importantes del Gobierno —Presidencia y Hacienda— y que hasta ciertos momentos pareciera que tiene el mismo peso que la misma presidenta Fernández, y la presidenta es ella.

Esta administración es de ella y la que tiene que liderar es ella, pero creo que sí se ha comprometido con darle continuidad a las formas y hasta a los perfiles y a los personajes de la administración anterior.

Laura Fernández llegó a acusar a la Sala Constitucional de dar un "golpe de Estado" después de la resolución sobre los magistrados suplentes. ¿Usted cree que la presidenta representa hoy una amenaza para la independencia del Poder Judicial?

Yo creo que el movimiento político podría representar una amenaza para la independencia de poderes.

Y sí lo creo, porque ellos lo han dicho. Porque ellos lo han expresado así.

Tienen control del Ejecutivo, tienen control del Legislativo y ahora quieren tener control del Poder Judicial.
Eso no es una democracia. En una democracia hay división e independencia de poderes.

Los tres poderes de la República tienen que trabajar coordinados. Tienen que trabajar en equipo, pero bajo un entendimiento de que hay una autonomía y un respeto que genera los balances propios de una democracia.

Entonces sí, creo que ellos, como movimiento político, han sido muy claros de que esas líneas de independencia entre los poderes ellos no necesariamente las respetan y tampoco las creen.

Creo que eso se ha expresado en diferentes formas, no solamente una administración que deslegitima el Poder Judicial, que quiere desacreditarlo, sino que querella magistrados, que fue lo que pasó con la Sala Cuarta, que está cumpliendo su deber y generando una resolución.

Entonces es un Ejecutivo que, cuando una resolución de la Sala Cuarta no le gusta, querella a los magistrados que emitieron una resolución que no les agrada.

Eso es absolutamente antidemocrático.

No solo eso, es una administración que está absolutamente obsesionada con tener una asfixia financiera al Poder Judicial. Los recortes que le quieren hacer al Poder Judicial nosotros no los vimos ni siquiera en momentos tan críticos como la pandemia.

Se manejó de una manera diferente. Aun cuando en ese momento había una administración con una necesidad absoluta de trasladar recursos a otras áreas, los espacios de diálogo y de negociación siempre se dieron. Aquí lo que tenemos es una asfixia financiera que podría realmente limitar hasta el cumplimiento de deberes de uno de los poderes de la República en medio de una crisis de crimen organizado y lucha contra el narcotráfico, donde es el Poder Judicial el que ha dado las acciones más contundentes, al menos en estos primeros 100 días de la administración Fernández Delgado.

La presidenta inicia diciendo que ella tiene una gran preocupación de que el crimen organizado está metido hasta el tuétano en el Poder Judicial, sin dar mayores pruebas.

Por el otro lado, de lo que sí tenemos pruebas es de que hay un informe que ha estado durmiendo el sueño de los justos por los últimos meses y que al día de hoy no sabemos qué acción se ha tomado, donde sí indica la posibilidad —un informe del mismo Ministerio de Seguridad Pública— de que ahí haya infiltración del crimen organizado, del narcotráfico.

¿Cómo valora en estos cuatro meses el papel del Bloque Democrático de los 26 diputados de oposición?

Creo que el bloque democrático de las 26 diputaciones hemos procurado estar a la orden y a disposición de colaborar y de trabajar en equipo para los proyectos que sean de beneficio para el país.

Muchos de los proyectos que la administración en estos primeros 100 días maneja como logros propios son logros de una Asamblea Legislativa que, con el apoyo de todas las fracciones, han resultado favorables.

Pero, por otro lado, sí es muy claro cuál es la forma de hacer uso de la mayoría que tiene el Partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa. En sesiones extraordinarias no existió la posibilidad de que se convocara ni un solo proyecto, a pesar de que había proyectos que tenían los mismos objetivos que el Ejecutivo decía tener, que ya estaban mucho más avanzados en la agenda legislativa. No hubo forma de que los convocaran.

En sesiones ordinarias, ellos toman la decisión de bloquear la agenda legislativa con el proyecto de jornadas 4×3, un proyecto que, el texto como está el día de hoy, es un texto que no funciona. Es un texto que está mal. Es un texto que tiene posibles vicios de inconstitucionalidad, que no tiene viabilidad política y que no le sirve a nadie más.

Ni siquiera al sector productivo le va a dar las garantías que necesita para afrontar los retos de las dinámicas laborales que tenemos al día de hoy, ni a las personas trabajadoras tampoco les da las garantías y las salvaguardas mínimas necesarias.

Si usted me pregunta a mí, el objetivo de ese proyecto básicamente fue bloquear la agenda legislativa, impidiendo que la Asamblea Legislativa pueda llevar adelante proyectos que son de importancia absoluta para diferentes sectores y para toda la ciudadanía: seguridad, temas de educación, temas de competitividad, temas de infraestructura, temas de recurso hídrico.

Hay una serie de proyectos que se necesitan y que, en este momento, pues sencillamente no se pueden conocer porque lo que tenemos son sesiones donde no hay ni siquiera debate, donde lo que hay es una lista de números de mociones en donde se vota favorable o en contra.

Donde, con toda honestidad, el Partido Pueblo Soberano tiene la mayoría para aprobar o no una moción. Entonces, si usted me pregunta a mí, es un absoluto sinsentido cómo utilizar una sesión en la Asamblea Legislativa, que le cuesta millones al pueblo de Costa Rica, donde no podemos sacar una agenda que sea prioritaria para el país.

Laura Fernández defendió el 5 de agosto las pensiones de los expresidentes y apenas una semana después anunció un proyecto para eliminarlas. ¿Esto es una rectificación legítima o demuestra que la presidenta gobierna reaccionando a la coyuntura y cambiando de posición según lo que políticamente le convenga?

Pues yo no sé si es que reacciona según lo que políticamente le convenga o no.

Lo que sí es un hecho es que la presidenta cambia constantemente de criterio.

Lo cual es un problema.

Una administración que le dice sí a la gente a un proyecto un día, luego le dice que no.

Luego, al día siguiente, que tal vez, para decir "yo nunca dije eso", y la verdad es que nos regresamos a lo que teníamos hace seis meses.

No da ninguna certeza. No pareciera tener claridad de cuáles son sus convicciones y esto no solamente creo que se da en el caso de las pensiones.

La presidenta Fernández, a diferencia de otras propuestas electorales, hizo campaña, hizo campaña completa. Uno de los pilares de su campaña fue la erradicación de todo tipo de pensión de lujo, y en eso ella incluyó en su campaña —porque, de hecho, lo criticaron ampliamente— las pensiones de los expresidentes y la expresidenta.

Pero ahora que ella eventualmente sabe que va a ser expresidenta, lo primero que hizo fue defenderlas y es una semana después que lo que hace, me parece a mí, para quedar bien, es mandar un proyecto a la Asamblea Legislativa, un proyecto que difícilmente vaya a tener viabilidad.

Es casi como para lavarse las manos, delegarle la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, que ese proyecto eventualmente tendría que consultarse con la Sala Cuarta, para que la Sala diga que es un proyecto inconstitucional y ella entonces diga: "Bueno, es que la Sala quiere proteger a las pensiones de lujo".

No, no, por Dios, la presidenta Fernández tiene un equipo de un montón de abogados.

Ellos posiblemente saben que lo que están mandando va a tener ese resultado.

De hecho, lo saben tanto que el proyecto de ley que estaba en la Asamblea Legislativa de pensiones de expresidentes, que el Partido Pueblo Soberano votó en contra, la misma semana que la presidenta Fernández defendió las pensiones de expresidentes, lo hicieron porque la retroactividad en ese proyecto lo hacía posiblemente inconstitucional.

Bueno, eso mismo es lo que está pasando ahora. Entonces, a mí sí me parece que es una salida fácil para la presidenta, una salida que le puede generar al final el objetivo de no tener que ella eliminar su propia pensión a futuro.

Y yo lo que he dicho es que la presidenta Fernández, si quiere realmente decirle a la ciudadanía que ella va a cumplir con su palabra, lo que puede hacer es decir públicamente que va a renunciar a su pensión.

¿Y eso cómo funciona?

Usted no la gestiona, presidenta Fernández. Básicamente, usted no hace la solicitud de su pensión. Y eso, como el presupuesto a nivel nacional se planifica como una autorización de gasto, si no hay un rubro establecido para pagarle a la futura expresidenta su pensión mes a mes, eso ni siquiera se presupuesta.

No se va a ahorrar. No es una cuenta que está a nombre de ella en donde, cuando ella ya tenga 63 años, hizo una cuenta de ahorros. No, no, ella sencillamente puede, de manera individual, no delegarle la responsabilidad de que ella pueda cumplir su palabra a nadie más.

Ella puede comprometerse y renunciar públicamente y no gestionar su pensión.

La pregunta es: ¿por qué no lo hace?

¿Por qué manda un proyecto de ley, se lava las manos y le delega esa responsabilidad a la Asamblea Legislativa? Ojalá para luego echarle la culpa a la Sala Cuarta y ella no tener que renunciar a su pensión.

Entonces sí me parece que eso sería actuar de mala fe. Y sería como intentar tomarle el pelo a las personas que le votaron porque ella se comprometió con hacer ese tipo de acciones.

Durante la campaña Laura Fernández apoyó la entrega anticipada del ROP, pero en estos primeros meses el Gobierno no impulsó esos proyectos. ¿La presidenta engañó a los electores con esa promesa o simplemente descubrió, ya en el poder, que era una mala política?

Creo que, más allá de si hay un debate de si es una buena o una mala política, el tema es cuál es la coherencia entre lo que se promete en campaña y luego, en la administración, lo que se lleva a cabo.

Y el problema con la presidenta Fernández es que en estos primeros 100 días ella ha entrado muy rápidamente en varias contradicciones.

En campaña ella dijo que iba a quitar las pensiones de expresidentes. Ella lo dijo y ahora, como presidenta, pues pareciera que primero las defiende y luego busca una salida que al final no resulta en que ella tenga que renunciar a su propia futura pensión de expresidenta.

Ella, en campaña, a diferencia de otros movimientos políticos, dijo que iba a entregar el ROP. Ahora, como presidenta, no necesariamente está anuente a hacerlo. Es más, ella en sus primeros 100 días básicamente le delega a su ministro de Hacienda que lo diga y básicamente el ministro lo que dice es que no lo van a hacer. Ellos no lo quieren hacer.

Más allá de si eso es correcto o no es correcto, el tema es que esa fue una de las promesas de campaña que ella hizo.
Pero no, esa no es la única y lo de las pensiones tampoco es la única.

Ellos se comprometieron como movimiento político y ella en campaña dijo que, bajo ninguna circunstancia, iba a subir ningún tipo de impuestos.

Ahora, como presidenta y con unas finanzas públicas que no están tan bien, están explorando la posibilidad de aumentar impuestos. Que no quieren llamarle a un aumento de impuestos a la canasta básica, que le quieren llamar otra cosa, que dicen que no es un aumento, es una exoneración. La realidad es que si usted hoy no paga un impuesto y mañana lo tiene que pagar, eso es un aumento de impuestos.

Todavía en enero de este año, las finanzas públicas de este país estaban mejor que nunca, boyantes, y ahora vemos que realmente tenemos una situación muy compleja con nuestras finanzas públicas y es por eso por lo que están revisando la posibilidad de aumentar impuestos.

Entonces creo que el tema de las pensiones, el tema de los impuestos y otros muchos son parte de las incoherencias en las que la presidenta ha incurrido, ha incurrido muy rápidamente.

Es más, le doy otra incoherencia que a mí me parece que es muy evidente: tanto la presidenta Fernández como, en su momento, ella siendo ministra y el ministro Chaves en la administración pasada, siendo presidente, criticaron enormemente, con justa razón, la red de cuido, aquellos nombramientos y aquellos favores que usted paga con nombramientos, con embajadas o con otro tipo de favores políticos.

Eso se criticó ampliamente.

Por ellos dos y por muchas otras personas de ese partido.

Bueno, yo diría que en los primeros 100 días nosotros lo que podemos ver es que esa red de cuido está más viva y sana que nunca, fortalecida, aumentada y sin ningún tipo de disimulo.

Vemos literalmente una fiesta de nombramientos que parecieran favores políticos de personas que, en la legislatura pasada, diputados que ni siquiera formaban parte del oficialismo, pero que de alguna u otra manera votaron favorablemente en ese momento. Ahora son nombrados en el gabinete o se les premia con una embajada o hemos visto que hasta concesiones mineras pareciera que forman parte de la red de cuido.

Entonces ese tipo de incoherencias me parece que han sido más que evidentes en varias áreas y consumadas en muy poco tiempo.

Chaves ahora ocupa simultáneamente Hacienda y Presidencia y mantiene una enorme influencia dentro del Gobierno. ¿Quién manda realmente: Laura Fernández o Rodrigo Chaves? O pregunta más directa: ¿usted considera que Chaves es hoy el verdadero poder detrás de Casa Presidencial?

Bueno, ciertamente Rodrigo Chaves tiene muchísimo poder, ya sea porque tiene una influencia desproporcionada o ya sea porque la presidenta Fernández sencillamente decidió delegarle a su ministro dos carteras y básicamente el control de todas las negociaciones, no solamente con la Asamblea Legislativa, sino con los sectores.

El ministro de la Presidencia es la persona que realmente es el enlace con diversos sectores y también le dio el poder y el control de la billetera del Estado.

Es más, en una entrevista hace poco, hasta la presidenta tuvo un lapsus y le llamó al ministro Chaves "presidente".
Creo que hay una delegación muy importante de poder. Creo que en algunas ocasiones, aun, por ejemplo, en el anuncio de los 100 días, el ministro Chaves parecía estar al mismo nivel que la presidenta Fernández y eso no corresponde.

La gente votó por doña Laura y es doña Laura la que tiene que liderar el país, pero ciertamente ella lo ha puesto a su ministro en una posición prácticamente en la que queda igual.

El Gobierno ha justificado el secreto de Estado y mayores niveles de reserva en nombre de la lucha contra el crimen organizado. ¿Hasta dónde está dispuesta CAC a permitir que se amplíen las facultades del Estado para combatir al narcotráfico sin que Costa Rica termine sacrificando privacidad, libertad de prensa y derechos fundamentales?

Es que, o sea, cualquier Estado tiene que garantizar el buen funcionamiento, el trabajo en equipo, la coordinación y las acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Pero eso, en un Estado que funciona como corresponde y una administración que trabaja como lo debe hacer, nunca va a significar limitación de las garantías individuales, limitación del acceso a la información, falta de transparencia en cómo se utilizan los fondos públicos o, por ejemplo, limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa.

No son compatibles con una democracia sólida. Cualquier democracia sólida, y así lo ha hecho Costa Rica en otras ocasiones, tiene que garantizar la seguridad sin comprometer la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información y, más bien, garantizarle la seguridad a la ciudadanía es, a su vez, sinónimo de garantizarle sus derechos constitucionales y sus garantías individuales.

Su mensaje final a los costarricenses…

Decirle a todos los y las costarricenses que de parte mía lo que pueden esperar es muchísimo compromiso, muchísima responsabilidad de hacer mi trabajo como diputada lo mejor que yo pueda, hacer equipo no solamente con las otras fracciones del bloque democrático, sino también tender puentes con el oficialismo para todos los proyectos que sean de beneficio para Costa Rica.

Pero sí tengo que admitir que yo, no solamente como diputada de la República, sino como costarricense, tengo muchísima preocupación de ver el rumbo por el que esta administración, que tiene cuatro años y más de 100 días, está llevando al país en Costa Rica.

Nosotros no deberíamos normalizar la posibilidad de intervenciones telefónicas. No deberíamos normalizar la posibilidad de seguimientos o de persecución política.

No deberíamos normalizar que un ministro de Estado indique que tiene identificados a sus opositores políticos, porque la pregunta es: ¿y después de identificarlos, qué sigue?

Después de identificarlos, ¿Qué es lo que pretenden hacer con eso?

Me parece que es un rumbo autoritario muy complejo y que, cuando se empiezan a borrar las líneas que dividen los tres poderes de la República y se empieza a borrar la autocontención y la responsabilidad de rendición de cuentas y de transparencia que tiene una administración, también se empieza a borrar la democracia.

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