Ciudad Gobierno: Lo que dice Chaves no es lo que concluyó la Contraloría
Rodrigo Chaves, presidente de la República. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -En otro de sus ataques a la Contraloría General de la República (CGR), el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles que la entidad fiscalizadora no le permite a su administración hacer el proyecto Ciudad Gobierno.
Sin embargo, eso no fue lo que la CGR manifestó acerca de la iniciativa mediante la cual se pretende agrupar a 35 instituciones públicas y 10.746 funcionarios en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
En la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este miércoles, Chaves sostuvo que lamenta que "la Contraloría General de la República esté impidiendo, con criterios bastante debatibles desde un punto de vista legal, el hecho de que podamos construir nuestra propia Ciudad Gobierno".
Según el mandatario, si se utiliza el mismo razonamiento hecho público ayer por la contralora general de la República, Marta Acosta, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, las instalaciones de las superintendencias y otras obras del Poder Judicial también habrían sido ilegales. Pero "sí las dejaron pasar".
Nosotros íbamos a empezar a demoler el 15 de setiembre y no había por qué hacer nada más, y de un momento a otro nos llegó de sorpresa: ¿Sabe qué? Yo he estado siguiéndo lo que usted está haciendo, no lo haga.
Así lo declaró Chaves al referirse a la decisión de la Contraloría de rechazar un recurso de apelación en subsidio a favor del proyecto Ciudad Gobierno planteado por los ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, y de Hacienda, Nogui Acosta.
La jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), por su parte, descalificó los argumentos dados por la Contraloría alrededor del proyecto y afirmó que el Gobierno eligió la figura del arrendamiento operativo establecida en la Ley General de Contratación Pública para llevarlo a cabo después de valorar las opciones financieras en el mercado, y no por "ocurrencia".
"Nos decantamos por el arrendamiento operativo no por casualidad, sino porque nos genera un ahorro de más de $17 millones al año", agregó.
El critero contralor
Marta Acosta, contralora general de la República. (Archivo/CRH).
En su resolución, Acosta no concluyó que no se haga el proyecto Ciudad Gobierno, sino que el procedimiento que pretende utilizar el Gobierno para desarrollar el mismo no está contemplado en la Ley General de Contratación Pública.
Se ratifica que el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia al Estado no es una opción que contemple la citada norma.
Esa fue la conclusión de la contralora Acosta en un criterio que notificó a los jerarcas del Mideplán y de Hacienda ayer martes.
El Poder Ejecutivo pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, sin que medie concurso público, a través de un procedimiento bajo la ejecución y el financiamiento de $450 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La contralora Acosta sostuvo que la normativa no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida y que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
También argumentó que el arrendamiento financiero conlleva endeudamiento y que el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
"La adquisición de un inmueble a plazos, mediante pagos es un arrendamiento financiero y por ende deuda pública, por lo que no existe ninguna razón para eximir tal decisión de las autorizaciones dispuestas en el ordenamiento jurídico vigente", agregó.
Cualquier endeudamiento externo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. El Gobierno pretende saltarse esa norma constitucional.
Antecedentes
Laura Fernández, jerarca del Mideplán. (Archivo/CRH).
La resolución que emitió Acosta confirmó un criterio anterior del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República del pasado 5 de octubre.
En esa ocasión, se rechazó de plano un recurso de revocatoria interpuesto por los ministros Laura Fernández y Nogui Acosta.
Los jerarcas plantearon esa gestión tras una advertencia que emitió la entidad fiscalizadora el 4 de setiembre anterior sobre la ilegalidad en la forma en la que el Ejecutivo pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.
Esa vez, la Contraloría dijo que para llevar a cabo el proyecto se requiere de un procedimiento ordinario de contratación con concurso público, y no una contratación directa.