CIDE-UNA denuncia “desconexión” entre políticas del MEP y realidad en las aulas

El análisis del Sistema Educativo 2025, realizado por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), identificó rezagos históricos y decisiones sin planificación como las principales causas de la actual crisis educativa. Su fin es aportar evidencia técnica para orientar decisiones de política pública.

Según detallaron, Costa Rica cierra el 2025 con retrocesos en aprendizajes, deterioro de infraestructura y tensiones en derechos educativos. Además, el país registró una disminución en la prueba PISA de matemática, pasando de 402 a 385 puntos; más de 880 órdenes sanitarias en centros educativos; y 108.000 incapacidades docentes por estrés.

Este dictamen retoma los hallazgos del Décimo Informe del Estado de la Educación y explica que la crisis actual responde a tres factores acumulados: los rezagos estructurales desde inicios del siglo XXI, las interrupciones educativas entre 2018 y 2022, y la ausencia de dirección política entre 2022 y 2025.

También señaló que la falta de continuidad afectó el rendimiento del estudiantado y generó cambios constantes en evaluación, conectividad e infraestructura.

El análisis advierte, además, sobre fallas en el uso y distribución de recursos educativos. Se cita como ejemplo el almacenamiento prolongado de computadoras sin su entrega completa a los centros educativos, situación que aumentó las brechas digitales y frenó la estrategia de competencias tecnológicas.

El CIDE señala una "desconexión" entre las políticas anunciadas por las autoridades y lo que realmente ocurre en las aulas, afectando las oportunidades de aprendizaje en todo el sistema.

Uno de los puntos más sensibles del análisis es la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, que fue sustituido por el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia.

El Consejo del CIDE manifestó su rechazo a la medida, afirmando que carece de sustento técnico y pedagógico. Recordó que la educación sexual integral es un derecho respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Convención sobre los Derechos del Niño, y que la nueva propuesta deja los contenidos abiertos a interpretación de cada centro educativo.

Según el análisis, esta decisión impacta especialmente a adolescentes y poblaciones sexualmente diversas, que quedarían sin espacios formativos claros.

Otro elemento cuestionado por el CIDE son los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre apariencia, tatuajes y expresiones identitarias, vigentes a partir de 2026.

El organismo señala que no existe evidencia empírica que vincule este tipo de regulaciones con mejoras académicas, y advierte que la discusión distrae de los desafíos reales: lectura, pensamiento matemático, infraestructura y formación docente.

El informe pone especial atención en la situación del personal docente. Miles permanecen en condición de interinazgo durante años, lo que afecta su estabilidad laboral y emocional. Entre 2021 y 2023, el 57% del personal docente reportó menos de 10 horas de capacitación anual y el 27,4% no recibió ninguna.

El CIDE advierte que no habrá mejora sostenida en los aprendizajes sin una política clara de dignificación profesional y mejores condiciones laborales.

Las más de 880 órdenes sanitarias vigentes en centros educativos representan, según el estudio, una deuda histórica que afecta derechos básicos y limita los procesos de enseñanza. Por ello, se propone una política integral de mantenimiento, renovación y uso pedagógico de los espacios, acompañada de una estrategia nacional de inversión en tecnología y conectividad.

El análisis también evaluó los resultados de la prueba de idoneidad aplicada en 2025. Ocho de cada diez funcionarios del MEP aprobaron el examen, lo cual evidencia solvencia profesional y abre paso a un mejor ordenamiento en los concursos docentes. No obstante, el CIDE advierte que una prueba estandarizada no debe ser el único criterio para valorar el desempeño, pues la docencia implica mediación pedagógica, contexto sociocultural y atención a realidades diversas.

Finalmente, el CIDE plantea varias rutas de acción para reconstruir la educación pública:

• planificación sostenida,
• mejora de condiciones docentes,
• infraestructura segura y con recursos pedagógicos adecuados,
• restitución de programas basados en evidencia,
• evaluación docente integral.

El Centro insiste en que la educación pública debe volver a ocupar un lugar central en la agenda política nacional y que las decisiones deben construirse en conjunto con las comunidades educativas.