Chaves y su abogado pretenden trato especial de la Corte en trámite de acusación penal
Valoran solicitar a Corte Plena que les brinde audiencia para refutar acusación, aunque ley no establece ese procedimiento
José Miguel Villalobos, abogado, asesor y quien se presenta como amigo de Rodrigo Chaves Robles, anunció que el mandatario y él, en su calidad de defensor, pretenden solicitar a la Corte Suprema de Justicia un trato especial en el trámite de la causa penal contra el gobernante, por supuestamente haber cometido el delito de concusión.
Luego de que el lunes la Fiscalía General presentara una acusación formal contra Chaves y su ministro cercano, Jorge Rodríguez Vives, el abogado chavista anunció que están valorando solicitar a los magistrados una cita para refutar los hechos que se investigaron, aunque este paso no está contemplado en ninguna ley.
La pretensión es que el mandatario rinda una declaración ante los 22 miembros de la Corte Plena para cuestionar por qué consideran que la acusación presentada por el fiscal Carlo Díaz no se sostiene, y que, a partir de la comparecencia del gobernante, ellos tomen una decisión.
En una entrevista con un noticiero, Villalobos reconoció que este procedimiento no está establecido en la ley, pero aseguró que están valorando esa alternativa.
"Estamos considerando un elemento que me parece que puede ser interesante y es si vamos a expresar nuestro criterio ante la Corte Plena. No es un procedimiento que exista.
Vamos a analizar esa posibilidad de pedir una audiencia ante la Corte Plena para que se haga una analogía como lo que ocurre en la audiencia preliminar, en los procesos penales.
La Corte Plena no va a decidir si don Rodrigo Chaves es culpable o no, lo único que va a decidir es si de la acusación se desprende un interés para enviarlo a la Asamblea y pedir que se remueva el fuero", manifestó el jurista a Repretel.
De acuerdo con Villalobos, la intención sería pedir un espacio y expresar su posición antes de que se ejecute un antejuicio, en el cual se determinará si la acusación está apegada a la ley y si cabe la posibilidad de pedir a los diputados que levanten la inmunidad del mandatario.
(…) No sé qué cuándo se tomará esa decisión, ni que va a hacer la Corte, en qué agenda lo va a poner y demás, y luego iría a la Asamblea Legislativa.
En ese ínterin tomaremos la decisión y finalmente es don Rodrigo, si va a renunciar a la inmunidad o al fuero de improcedibilidad únicamente para esta causa.
El abogado aseguró que no descartan que Chaves renuncie a su fuero especial, pero aclaró que no lo haría de forma generalizada —pues tiene cerca de 100 causas pendientes—, sino específicamente para este caso. Esa decisión se tomará en las próximas semanas.
Villalobos brindó una entrevista en televisión el mismo día que se negó a asistir al juicio de La Trocha, en el cual representa a la mayoría de imputados y pese a la colaboración de los Tribunales, él insiste en no hacer acto de presencia.
Proceso inexistente
Villalobos pretende emular los actos de la audiencia preliminar, un trámite de la etapa intermedia de los procesos penales ordinarios, en la cual se examina la acusación penal y la admisibilidad de las pruebas, y eventualmente se autoriza la apertura a juicio.
Sin embargo, para quien ostente la presidencia de la República, o los demás miembros de los Supremos Poderes, la Constitución Política y el Código Procesal Penal establecen un procedimiento especial más beneficioso, según han reconocido incluso magistrados actuales.
En estos casos, la Corte Suprema de Justicia analiza la procedencia de la acusación. Si se considera admisible, se traslada a la Asamblea Legislativa para el antejuicio y la valoración del levantamiento del fuero de improcedibilidad o inmunidad.
Recibida la acusación en la Asamblea Legislativa, se nombra una comisión especial integrada por tres diputados, la cual analizará las pruebas y emitirá una recomendación al plenario sobre la viabilidad de continuar con el proceso penal, así como sobre la procedencia de levantar el fuero.
Tras el levantamiento de la inmunidad, un magistrado de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) estará a cargo de los actos de investigación, hará una prevención a la persona imputada para que, en tres días, designe a su defensora o defensor, y procederá a tomarle la declaración indagatoria.
A diferencia del proceso ordinario, al Ministerio Público no le corresponde recibir la declaración indagatoria del imputado. El magistrado instructor dará cinco días a las partes para el ofrecimiento de pruebas para el juicio.
Vencido el plazo, se refiere a la prueba admitida y se señala fecha y hora para el debate oral y público. El juicio será realizado por los magistrados de la Sala de Casación Penal, siguiendo las mismas reglas de un debate ordinario.
La sentencia emitida puede ser impugnada por las partes, y competirá a la Corte Plena conocer de ella. Pese a tratarse de un proceso claramente diferenciado, Villalobos y Chaves pretenden ser escuchados por los magistrados antes de que se emita una decisión, aunque la ley no lo contempla.
Acusación
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía presentada en la acusación, Chaves y Rodríguez habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli, empresario y productor audiovisual que obtuvo un contrato de proyectos para la Presidencia, para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación, al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, asesor de la campaña electoral, personal e íntimo amigo de Chaves.
A "Choreco" se le benefició con $32 mil para la compra de una casa. En aquel momento, el ministro Jorge Rodríguez Vives, quien para el momento de los hechos fungía como jefe del despacho presidencial, luego fue ministro de Comunicación y ahora está al mando de la cartera de Cultura.
Bulgarelli es el testigo de la corona en ese caso donde se investiga la contratación que hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor, para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.
La contratación se dio entre octubre del 2022 y octubre del 2023 y fue por un monto de $400 mil, financiados con una donación de la entidad internacional.
En unos audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir "cariñitos" y asuntos específicos dirigidos a mejorar su imagen, que serían financiados con los fondos donados por el BCIE al país.
Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.
Chaves, como imputado en la causa penal 25-000019-0033-PE, donde figura como sospechoso de cometer el delito de concusión, mientras que bajo el expediente 25-000044-0033-PE.