Chaves y Batalla señalaron a ingenieros de Aviación Civil que se abstuvieron de firmar ajustes para obras en pista
Jerarcas habrían presionado a funcionarios para avalar ajustes en obras contratadas por $40 millones
Mauricio Batalla Otárola, fungió como ministro del MOPT, entre marzo de 2023 y enero de 2024. Archivo CRH/Casa Presidencial
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes, fustigaron entre setiembre y octubre de 2024 a los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) que se abstuvieron de firmar un criterio positivo sobre una ingeniería de valor planteada por la Constructora MECO S.A. para las obras de reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste.
A inicios de 2024, MECO fue adjudicada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para efectuar de emergencia obras de rehabilitación esa infraestructura por un monto cercano a los $40 millones, bajo el amparo de la ampliación del decreto de emergencia emitido en junio de 2022 para atender los efectos provocados por la tormenta tropical Bonnie.
Cuando comenzaron los trabajos, en marzo de 2024, los ingenieros de MECO se percataron que las obras requeridas en la pista no eran las que se citaban en el cartel de licitación promovido por la CNE. Si bien la carpeta asfáltica de la pista estaba en malas condiciones, la base estaba en buen estado. Por eso, presentaron la ingeniería de valor que redujo los alcances y el costo de las obras requeridas.
Dicha ingeniería de valor no fue aprobada por David Rojas Alfaro, encargado de la unidad ejecutora del proyecto por parte de la UIA, pues consideró que la ingeniería de valor no respondía a las necesidades de la pista y que, más bien, se requería una intervención más profunda para evitar que en poco tiempo se necesitara una nueva contratación.
Antonio Ortega Gutiérrez, diputado del Frente Amplio, denunció el 16 de setiembre que la DGAC contrató, a través de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), a un experto argentino para obtener un criterio técnico sobre el tema. En primera instancia, el especialista se plegó a lo señalado por los ingenieros de la UIA, pero luego rindió otro informe donde avalaba la ingeniería de valor presentada por MECO.
Ortega denunció en esa oportunidad que los funcionarios de la UIA de la DGAC fueron objeto de una investigación interna como una supuesta medida de presión por parte de los jerarcas.
"Ahora no sabemos si los 5 ingenieros que hay en la DGAC se agarran al diseño original porque cometieron un error o peor. No sabemos. Este argentino, diay es un experto ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hace este gobierno, buscar la verdad (…) Así es todo en Costa Rica. Todo mundo tiene un ángulo, un interés, la necesidad de proteger un error del pasado", dijo Chaves, en conferencia de prensa realizada el 18 de setiembre de 2024, quien aprovechó para cuestionar la exposición del diputado Ortega.
El 7 de octubre de 2024, ante la comisión legislativa especial de la provincia de Guanacaste, el entonces ministro Batalla y Marcos Castillo, director general de la DGAC, confirmaron que se había ordenado una investigación, a través de la dirección jurídica de la entidad, por supuestas actuaciones en contra del marco legal en la UIA en relación con el aval a la ingeniería de valor presentada por la empresa contratista.
"La diferencia concreta entre la gente que tenemos en la DGAC como técnicos y el experto extranjero, que me parece es un argentino, es abismal", añadió el exministro.
Batalla agregó que le pareció un "error de la UIA de la DGAC que se planteara un cartel de licitación para los trabajos sin contar con estudios recientes (como del año 2023, por ejemplo).
El ingeniero Rojas señaló que era importante tomar el criterio del diseñador de la estructura de pavimento ante la petición de MECO. Además, Rojas planteó a Castillo que se hiciera un análisis del plan de gestión requerido para la pista y pidió solicitar la colaboración del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) o que se recurriera a un auditor externo. Este laboratorio emitió un informe técnico en 2022 que planteaba la necesidad de reconstruir la pista y no rehabilitarla (como se contrató a inicios de 2024).
Detenciones y allanamientos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) desarrolló este martes 21 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Dentro de las diligencias, ejecutadas en conjunto con la policía judicial, se ordenó la detención de cuatro imputados: Mauricio Batalla, exministro del MOPT, de apellidos Batalla; Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE; Marcos Castillo y Henry Villalobos, fiscalizador de obras de la CNE.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Según el Ministerio Público, eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicados a la empresa Constructora MECO S.A.
Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).
La Fapta señaló que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
Presuntamente, las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
De acuerdo con la Fapta, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
A los investigados se les atribuye presuntamente haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.