Chaves se excusa en argumentos pasados para vetar pensión anticipada de oficiales del OIJ

El presidente Rodrigo Chaves se excusó en  argumentos pasados para vetar la ley que permitiría a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pensionarse de forma anticipada a los 55 años.

El veto total del mandatario llegó la tarde de este martes 6 de mayo a la Asamblea Legislativa. En un oficio dirigido al presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, Chaves utilizó una serie de justificaciones y más de 300 hojas de estudios actuariales pasados para respaldar su negativa.

La justificación del mandatario se basa en tres argumentos que fueron expuestos en el pasado, que no impidieron que la ley obtuviera luz verde tras años de debates en Cuesta de Moras. Sin embargo, al llegar a Casa Presidencial, Chaves los recicló para aplicar el veto.

Chaves en contra de beneficiar OIJ

De acuerdo con el documento enviado a la Asamblea Legislativa, la iniciativa representa un beneficio exclusivo para los agentes del OIJ. Por esta razón, el mandatario sostiene que transgrede el principio de igualdad ante la ley, ya que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, otorgar privilegios a determinados puestos constituye una forma de discriminación.

En su justificación, el mandatario señaló que no existen motivos que respalden un "trato privilegiado" por parte de los diputados hacia los funcionarios judiciales que cuentan con permiso de portación de armas.

"Resulta claro que no existe ninguna condición objetiva que justifique el trato diferenciado que se pretende dar a los agentes del OIJ respecto al resto de la población trabajadora que se encuentra en condiciones equivalentes, por lo que no se daría el supuesto que prevé la jurisprudencia constitucional para hacer válida la discriminación y, en consecuencia, se genera un privilegio injustificado y odioso que lesiona el numeral 33 de la Carta Fundamental, con lo que se produce uno injusticia", asevera el oficio.

El mandatario cuestionó además que la iniciativa no contemple un trato equivalente para otras fuerzas policiales como la Fuerza Pública, la Policía de Migración, la Unidad Especial de Intervención, la Policía Fiscal, la Policía Turística o la Policía Penitenciaria.

Estudios actuariales

El documento expone que no existe un estudio técnico ni financiero que respalde que la propuesta sea sostenible o que explique cómo se compensará el aumento en el gasto público que implicaría la creación de este régimen de pensiones.

Junto con el oficio del presidente, el Gobierno adjuntó un estudio actuarial elaborado en 2022 por el máster Cristian Torres Jiménez. Con base en ese documento, se  advierte que aprobar la propuesta agravaría la situación financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El estudio mencionado por Chaves indica que el fondo de las pensiones del Judicial tiene un déficit actuarial de más de ¢4.441 millones, con una razón de solvencia de solo 0,87, lo que significa que solo tiene el 87% de los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones futuras.

Asimismo, la misiva reitera que esas cifras coinciden con otros estudios actuariales.

"La propuesta legislativa no incorpora medidas correctivas ni establece fuentes de financiamiento alternativo, y disminuye los requisitos de jubilación para un grupo limitado, ignorando el colapso proyectado del fondo", menciona el documento.

Violación al principio de sostenibilidad financiera

La Presidencia también advirtió que la iniciativa transgrede el principio de sostenibilidad financiera. Al respecto alegó que este debe ser una condición indispensable para garantizar el derecho a la jubilación en Costa Rica.

Este principio consiste en la obligación de contar recursos suficientes para asegurar los pagos del Estado sin arriesgar las finanzas públicas ni las transferencias a otros programas.

"Más allá de pretender tener buenas intenciones, reconocer un beneficio a una población de trabajadores en particular, por las razones que fueren, este proyecto de ley que aprobaron los diputados constituye el caldo de cultivo para desproteger la sostenibilidad financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que ya de por sí está comprometida", agrega el documento.