Chaves minimiza denuncia sobre presunta red de espionaje político en Casa Presidencial

La queja, bajo estudio del Ministerio Público, señala que esta célula se encargaría de "espiar" a adversarios políticos del mandatario, entre los cuales figurarían diputados, magistrados y fiscales.

En el documento de la denuncia se advierte que este grupo estaría a las órdenes de Jeffry Rolando Cerdas Lobo, quien es director de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial. También, estaría encabezado por Eduardo Guzmán, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y actual miembro de los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia.

Además, se señala que esta célula habría utilizado algunos de los vehículos decomisados por el narcotráfico, gestionados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y prestados a la Casa Presidencial bajo convenio de cooperación.

Chaves afirmó que "no puede avalar lo que no existe" y desacreditó los elementos contenidos en la denuncia. De paso, explicó que Cerdas es uno de los colaboradores más cercanos y que "pasa con él casi todo el día".

El mandatario cuestionó a Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, por revelar la existencia de la investigación por aparente uso indebido de los vehículos gestionados por el ICD, para aparentemente espiar a otros jerarcas del Estado, durante una audiencia con diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Este medio tuvo acceso a la denuncia que analiza el ente acusador, donde textualmente se expone que "desde hace más de un año está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS" cuya misión es "obtener información de las personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente (Chaves) y a sus principales ministros".

El documento señala que esa unidad hace "investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, sin que se tenga sustento probatorio de un delito más que ser adversarios ideológicos del mandatario".

También, se indica que 2 personas de "alto nivel", que operan bajo el mando directo del Presidente de la República, son los que dirigen con sus indicaciones cada operación asignada, sin tomar en cuenta otros mandos medios del MSP o a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), los cuales son órganos encargados de algunas tareas de vigilancia hasta donde el marco legal lo permite.

"Las órdenes y el mando de esta unidad, o estructura paralela de espionaje político, las emite un oficial de nombre Eduardo Guzmán (nombrado a lo interno como comandante) con el respaldo de otro oficial de nombre Jeffrey Cerdas", dice la denuncia. Cerdas es el jefe de la Unidad de Seguridad de Casa Presidencial y es el director general de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la cual es el cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia y Guzmán también tiene un alto rango en esa unidad.

La denuncia expone que los vehículos que serían utilizados no son los del Ministerio de la Presidencia, pues al menos 5 "fueron tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)" y que incluso varios oficiales de esa cartera estarían bajo investigación administrativa por esas acciones irregulares.

Además, añade que 12 o 13 funcionarios fueron tomados irregularmente de la planilla de Seguridad Pública y están trabajando en esa operación, a sabiendas de que estas acciones podrían configurar varios delitos, pues estarían ejecutando hechos que "violan el derecho de las personas que no son criminales al espiarlos ilegalmente".

Presuntamente, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) del MSP también serían víctimas de seguimientos y vigilancias irregulares por parte de este grupo.

La FAPTA tramita la causa bajo el expediente 24-000761-0619-PE y se sigue contra ignorado. Es decir, de momento no hay personas imputadas.

Sobre la presunta unidad irregular de espionaje denunciada ante la Fapta, Guzmán respondió a crhoy.com que no conocía sobre el tema.

"Primero desconozco de la denuncia y segundo si ya existe yo no me puedo referir porque está en curso la investigación judicial. Cualquier persona puede presentar una denuncia ante las instancias judiciales y tiene que presentar las pruebas pertinentes, pero como no conozco del caso no me puedo referir. Apenas yo pueda o tenga conocimiento puedo darle un criterio sobre esa situación, pero ahorita no puedo", enfatizó.

El fiscal Díaz señaló ante los diputados que recibieron una denuncia que advertía un aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico, en poder del Estado, para espiarlo a él y a otros jerarcas. Dichos vehículos son administrados por el ICD e históricamente algunos se han asignado a otras entidades de gobierno para ser utilizados.

"No sé si de la DIS. Vean, tal vez voy a revelar una investigación que llevamos. Se dice que no son vehículos de la DIS. Más bien, son vehículos que se le decomisan al narcotráfico, que posteriormente entran al ICD, eso es lo que dice una denuncia que tenemos y que esos vehículos son los que se utilizan para darnos seguimiento", detalló Díaz.

El funcionario agregó que, en días recientes, detrás de la casa donde reside, detectaron un sujeto con un vehículo parqueado en una actitud "sospechosa". "Eso ocurrió cuando yo iba llegando ¿Qué significa eso? Igual, no me importa (…) Esas son parte de las amenazas. Los seguimientos no son solo al fiscal general. Es a magistrados, es a diputados. Es a todo el que se oponga", indicó Díaz.

Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de esa comisión, reaccionó a la explicación dada por el fiscal y puntualizó que este tipo de actitudes responderían a acciones orquestadas desde Casa Presidencial y desde el oficialismo.

Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio (FA), relacionó la campaña de desprestigio contra Díaz y el Ministerio Público con recientes investigaciones penales sobre presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud.

Entre las instituciones que utilizan vehículos decomisados al narcotráfico, mediante convenios con el ICD, figuran: la CCSS, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).