Chaves brindó dato falso sobre caso “Gandoca” en conferencia de prensa
Mandatario dijo que juez rechazó pretensión de Fiscalía sobre prisión preventiva, pero esto es erróneo
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, dio una aseveración falsa en conferencia de prensa sobre el caso "Gandoca", el cual salpica a un empresario de apellidos Pacheco Dent.
El mandatario aseguró, este miércoles 21 de agosto, que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las pretensiones de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público en fijar prisión preventiva como medida cautelar contra Pacheco Dent y otros 4 imputados en la causa 24-000003-1851-PE. Sin embargo, esa fiscalía nunca solicitó imponer prisión preventiva contra alguno de los imputados.
La Fiscalía Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar 29 árboles en 16 hectáreas ubicadas en una finca propiedad de la sociedad Playa Manzanillo S.A., representada por Pacheco Dent, quien tiene relación cercana con el presidente Chaves.
El terreno en cuestión es parte de un área de 188 hectáreas de zona boscosa que pertenecían al Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo hasta 2014, cuando una ley las desafectó. Sin embargo, desde 2019, la Sala Constitucional ordenó al Sinac demarcarlas nuevamente como parte del refugio, tal como habían sido concebidas originalmente. Esto último aún no ha sido concretado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Además de Pacheco Dent, investigan al jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y una regente ambiental particular de apellidos Camacho Calvo.
Pacheco Dent fue designado por la Administración Chaves (2022-2026) como miembro de la Comisión Fílmica Nacional, adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) desde el 31 de mayo de 2023. Además, durante 2023, registró numerosas visitas a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario.
Asimismo, en 2022, Chaves y altos mandos de gobierno celebraron actividades sociales en una finca que -para entonces- pertenecería a una sociedad de la esposa del empresario.
El Ministerio Público nunca solicitó prisión preventiva contra los imputados en esta causa, como lo dijo el mandatario en la conferencia de prensa semana.
Estas fueron las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía:
- Contra Pacheco Dent: impedimento de salida del país, entrega del pasaporte y firmar una vez al mes ante la Fiscalía Agrario Ambiental con sede en Guápiles.
- Contra Cruz Torres, Campbell Lindo y Salas Rodríguez (todos funcionarios del Sinac): suspensión del cargo por 6 meses y no acercarse a las oficinas del Área de Conservación La Amistad Pacífico (Aclac) del Sinac.
- Camacho Calvo (regente ambiental): Inhabilitación del cargo y prohibición para emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.
Félix Castellón Ruiz, juez penal del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra todos los imputados y señaló la ausencia de prueba suficiente para argumentar el posible dolo en las actuaciones investigadas.
Según el juez Castellón, "el empresario tiene derecho de propiedad sobre el territorio donde se realizó la tala, que como administrado gestionó ante la administración pública la autorización para realizarla y que ante la Municipalidad de Talamanca expresó, según el Plan Máster, su intención de aprovechar el terreno en cuestión con un fin urbanístico". Además, que para efectuar las gestiones se asesoró con la perito Camacho Calvo.
El Ministerio Público apeló la decisión del juez y solicitarán las medidas cautelares en una nueva audiencia.
La investigación versa sobre los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Otra causa
Este caso es distinto al de los allanamientos efectuados el pasado martes 20 de agosto, los cuales están ligados con la causa penal 23-000250-1218-PE donde se investigan presuntas anomalías en la confección del Plan Regulador Costero de la Municipalidad de Talamanca.
El Público investiga la presunta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la ZMT de Talamanca, para el otorgamiento de permisos de construcción dentro de la zona restringida.
"Al parecer, el plan se hizo contraviniendo la normativa nacional e internacional, afectando los bosques y humedales cercanos al Refugio Mixto de Gandoca Manzanillo, en Talamanca", citó el reporte oficial de la entidad, a través de un comunicado de prensa.
Las fiscalías que lideran la investigación señalan que se presume que esto se logró tras un acuerdo (presuntamente ilícito) entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones, entre las que se encuentran la Municipalidad de Talamanca, el ACLAC del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Entre los lugares registrados figuraron 11 casas (incluida la del alcalde de la Municipalidad de Talamanca) así como oficinas públicas y empresas ubicadas en Limón, Santo Domingo de Heredia, Curridabat y San José.
Entre los investigados figuran funcionarios (y exfuncionarios) de la Municipalidad de Talamanca y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En el listado destaca el alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez.
El Ministerio Público confirmó este miércoles la detención de una única persona: un geógrafo del Sinac de apellidos Domínguez Barros, quien labora en la oficina del ACLAC.
Este jueves, Domínguez aún estaba a la espera de la audiencia de fijación de medidas cautelares.

