La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se prepara para llevar a los tribunales el cobro de la billonaria deuda del Estado, con la expectativa de obtener un fallo favorable.
Sin embargo, la institución advierte que el principal riesgo no está en ganar el proceso judicial, sino en la capacidad real del Ministerio de Hacienda para honrar el pago.
Así lo explicó el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, quien detalló que la institución ha avanzado en la preparación de los casos para asegurar una defensa sólida en sede judicial. Según indicó, el trabajo técnico y legal apunta a que los tribunales fallen a favor de la Caja.
Sin embargo, insistió en que el problema de fondo trasciende el ámbito legal. Incluso si los tribunales fallan a favor de la CCSS, persiste la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para pagar.
"El día que sentencien a favor de la Caja los 3,7 billones, la pregunta es: ¿Hacienda tiene la capacidad de poder cumplir con esa obligación legal?", cuestionó.
Esta preocupación lleva a la institución a mantener abierta la posibilidad de una conciliación. La Caja considera que un acuerdo podría ser una alternativa más viable para asegurar el pago, tomando en cuenta la magnitud de los recursos involucrados.
El gerente financiero subrayó que, en última instancia, el dinero proviene de los contribuyentes. "Si de algún lado tienen que salir los 3,7 billones es de nosotros", advirtió.
Convenios insuficientes
Durante años, la CCSS intentó resolver el tema mediante acuerdos con el Ministerio de Hacienda. Entre 2003 y la actualidad se firmaron más de 12 convenios de pago, incluyendo uno por $420 millones en 2016. No obstante, el crecimiento acelerado de la deuda hizo insuficiente este mecanismo.
Ante ese escenario, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó avanzar hacia un proceso formal de cobro, que eventualmente escale a instancias judiciales si la vía administrativa no da resultados.
Estado del proceso
Actualmente, la institución se encuentra en una fase preparatoria. Ya inició algunos cobros específicos relacionados con recursos del impuesto al tabaco, dispositivos de vapeo y gastos administrativos. Estos casos siguen el debido proceso antes de llegar a tribunales.
Picado enfatizó que el éxito judicial de la CCSS se sustenta en un elemento clave: la solidez del marco legal que respalda las obligaciones del Estado.
"Esto no es una discusión legal. Nunca ha habido un cuestionamiento de la base jurídica o normativa de estas obligaciones", señaló. Añadió que las diferencias con Hacienda se centran en los montos y en los métodos de cálculo, no en la existencia de la deuda.
Para enfrentar esos cuestionamientos, la Caja ha trabajado en documentar de forma exhaustiva cada componente del cobro. Esto incluye bases de datos completas sobre reportes de patronos, trabajadores y pensionados, con el objetivo de garantizar que la información sea verificable en un juicio.
El cálculo principal se basa en el cobro del 0,25% sobre la masa salarial reportada. Según Picado, la institución cuenta con registros mensuales que permiten sustentar ese cálculo con alta precisión.
"Hemos tenido en algunos casos (con Hacienda) coincidencia del 99% de datos", indicó.
Reconoció que pueden existir discrepancias menores, por ejemplo, por reportes de personas fallecidas que no han sido depurados a tiempo, pero aseguró que estos casos no modifican de forma significativa el monto total.
La deuda del Estado total con la CCSS asciende a aproximadamente 4,4 billones de colones, aunque tras procesos de conciliación podría ajustarse ligeramente. Aun así, el jerarca financiero considera que se mantendrá en niveles similares.
El funcionario también explicó que la deuda no corresponde a un único concepto, sino a múltiples obligaciones. Entre ellas figuran las cuotas de aseguramiento de poblaciones cubiertas por el Estado, aportes complementarios de trabajadores independientes, financiamiento de leyes especiales y otros rubros como la fecundación in vitro y pruebas de paternidad.
Según detalló, entre cinco y seis componentes concentran más del 90% de la deuda total del seguro de salud, que ronda los 3,7 billones de colones dentro del monto global.