CCSS impugna informe de la Contraloría que exige medidas ante fallido sistema informático
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó impugnar un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que ordena tomar una serie de medidas ante la crisis generada por la implementación del sistema informático ERP-SAP.
En el informe, la CGR emitió una serie de órdenes que fueron discutidas por el órgano colegiado este jueves.
A la junta directiva:
- Instruir a las Gerencias Financiera y de Logística la elaboración, implementación y supervisión de un plan de recuperación de las operaciones en el entorno del ERP.
- Garantizar que dichas gerencias cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejecutar el plan.
- Restituir las funciones otorgadas al Plan de Innovación mediante el oficio PE-2313-2025, trasladándose nuevamente a las gerencias competentes.
- Establecer mecanismos de seguimiento y control desde la Junta Directiva para asegurar la trazabilidad de las acciones implementadas.
A las Gerencias Financiera y de Logística:
- Elaborar el plan de recuperación considerando objetivos, acciones, resultados, plazos, responsables, riesgos y puntos de control.
- Obtener apoyo experto independiente con experiencia en sistemas ERP de clase mundial.
- Definir mecanismos efectivos de coordinación y ejecución, valorando la continuidad o sustitución del Comité Ejecutivo de Atención de Temas ERP.
- Contratar una auditoría externa especializada en ERP para evaluar la integridad y seguridad del sistema, la confiabilidad de los datos y las configuraciones de acceso.
Ante las órdenes de la CGR, los directivos acordaron que la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, presente un recurso de revocatoria con apelación. Además, solicitarán medidas cautelares administrativas para que se suspendan los efectos de las órdenes giradas.
Por otro lado, le pidieron a la Dirección Jurídica que para este lunes 17 de noviembre emitan un criterio sobre el alcance de las órdenes. En el acuerdo mencionaron que las órdenes representan "eventuales actos de coadministración" y que están "violentando la autonomía institucional", en sintonía con la narrativa del Gobierno.