Caso UPAD: Fiscalía revisa hasta 40 mil imágenes en celular de Carlos Alvarado
Diligencia por caso UPAD comenzó el lunes, pero son cientos de miles de archivos por inspeccionar uno a uno
Cinco días después de iniciada la revisión de los celulares del expresidente Carlos Alvarado, la Fiscalía Anticorrupción (Fafta) apenas ha logrado examinar uno de los tres dispositivos, que contiene al menos 40.000 fotografías. La diligencia, enmarcada en el caso UPAD, se extenderá hasta el 30 de mayo, pues también deben revisarse otros 2 celulares y 12 equipos electrónicos.
Además, aún falta analizar otros formatos de archivo, como videos y audios.
El caso UPAD hace referencia a la investigación contra el expresidente Alvarado y otros funcionarios públicos tras la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en el 2020.
Los cuestionamientos se centraron en el manejo de datos sensibles y privados (socioeconómicos, de salud y crediticios) sin el consentimiento de los ciudadanos ni una ley que lo respaldara, así como en la falta de criterio técnico y de protocolos de ciberseguridad para proteger la información recabada.
A diferencia de otros casos en los que la policía judicial y la Fiscalía utilizan programas especializados para revisar, por ejemplo, conversaciones, en este caso —al no tratarse de textos u otro tipo de comunicaciones— el proceso no puede estar a cargo únicamente de los investigadores, sino que deben estar presentes los abogados de los imputados.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública delegó el procedimiento en el Ministerio Público, con el auxilio de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La diligencia se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea, de manera privada, en una sala sellada para resguardar la evidencia, con la presencia de cada parte interesada y su respectiva representación legal.
En el proceso no participa la Procuraduría, en su condición de abogado del Estado y querellante. Además, la mayoría de abogados no está asistiendo; prácticamente solo se encuentran presentes los defensores de Alvarado.
Los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara detallaron que el proceso ha sido extenso y se ha desarrollado por etapas a lo largo de varios años. En una primera fase, se abrieron los dispositivos para efectuar imágenes forenses de los discos, es decir, copias íntegras de su contenido con fines de resguardo y análisis técnico.
Posteriormente, el inicio del análisis de la información se vio pospuesto debido a discusiones jurídicas con el Ministerio Público respecto a los alcances de dicha revisión, específicamente sobre si esta debía abarcar la totalidad del contenido o limitarse a parámetros definidos.
El escándalo UPAD estalló el 21 de febrero de 2020, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto ejecutivo. Esta normativa oficializaba la creación de la UPAD, pero generó alarma al establecer que las instituciones públicas debían permitir el acceso a toda información que fuera requerida por dicha unidad.
Entre los cuestionados también figuran Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia —quien firmó el decreto y renunció poco después del estallido del caso—, así como tres asesores de datos que integraban la unidad, de apellidos Fernández, Madrigal y Canales. La investigación motivó el primer allanamiento a Casa Presidencial.