Caso Topo: levantan medidas a jueces y fiscales sospechosos de filtrar información a abogado asesinado
Deberá realizarse una nueva audiencia para volver a valorar medidas cautelares
Los 3 jueces y 3 fiscales detenidos en el caso Topo, sospechosos de filtrar información sobre causas penales a un abogado defensor de bandas criminales en Cartago, quedaron completamente en libertad y sin medidas cautelares tras 24 días de su captura.
A todos ellos se les vincula con el exjuez Luis Diego Ulloa, quien al parecer dejó el Poder Judicial para defender legalmente a grupos delictivos de la Vieja Metrópoli. Contra los 6 funcionarios se dictaron medidas cautelares el pasado 23 de junio, tales como la separación del cargo.
No obstante, los fiscales y jueces apelaron la decisión y el Juzgado a cargo anuló las medidas cautelares, al declarar ineficacia de la resolución inicial. Por ende, ya no rigen y se ordenó realizar una nueva audiencia.
Ahora le toca al Ministerio Público hacer la solicitud otra vez y que un juez valore todos los argumentos de los defensores. Andy Jack Sánchez, representante de uno de los funcionarios, confirmó que con esa determinación los 3 empleados señalados quedan sin ningún tipo de restricción hasta que se designe fecha para la nueva audiencia de medidas cautelares.
Son tres aspectos esenciales que decantaron hacia esta decisión. Primero la ausencia de fundamentación por parte de la jueza que dictó las medidas cautelares, en cuanto a análisis de tipicidad. El segundo es una errónea valoración en cuanto a los peligros procesales porque son personas que tienen sólidos arraigos y el tercer motivo, desde el análisis de proporcionalidad, son delitos que eventualmente algunos hasta no tienen ni siquiera pena privativa de libertad, entonces en ese caso se hace innecesario.
¿Volverán al Poder Judicial?
Inicialmente, sobre un juez de apellido Sánchez se ordenó prisión preventiva, pero un breve plazo: un mes. Las fiscales de apellido Kikut y Ulloa, así como el fiscal apellido Darcia y el juez de apellido Cabezas, fueron suspendidos de su puesto, sin ir a prisión.
A ellos se les obligó a no acercarse a los despachos judiciales investigados, no acercarse a testigos de la causa, no salir del país, firmar una vez al mes ante la Fiscalía Anticorrupción y mantener domicilio fijo. La jueza de apellido Padilla fue sometida en principio a esas mismas medidas cautelares, excepto que ella sí pudo volver a trabajar inmediatamente.
El Juzgado de Turno Extraordinario de San José había dictado las medidas cautelares sobre los 6 funcionarios sospechosos de varios delitos: los tres jueces identificados los apellidos Cabezas, Sánchez, Padilla, así como los tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado.
CRHoy.com consultó al Poder Judicial cuál será el futuro de los funcionarios ahora que levantaron la medida cautelar que les impide desempeñarse en su puesto de trabajo o si la Inspección Judicial pidió algún tipo de suspensión en el proceso disciplinario.
También se consultó al Ministerio Público qué sucederá con la solicitud de medidas cautelares, pero al cierre de esta nota, las consultas están en trámite.
Caso Topo: revisión a celular de exjuez asesinado permitió vincular 6 funcionarios con posible corrupción.
Todo inició con el asesinato
Las investigaciones iniciaron con la muerte del exjuez apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago. Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y se dedicaba a representar legalmente a estructuras criminales conocidas y trascendentes en Cartago.
Previo a su muerte, en apariencia aprovechaba la relación de amistad y relación con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
La incautación y posterior revisión del teléfono de Luis Diego Ulloa, fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales. Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo, confirmó días atrás el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El volumen de trabajo fue tal, que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información. La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.