Caso Shipment: 7 meses de prisión para empresarios sospechosos de vender armas a bandas narco
Dos empresarios de apellidos Beckfort Salazar y Suárez Méndez, sospechosos de liderar una red dedicada a la alteración y venta de armamento a organizaciones criminales, desmantelada mediante la Operación Shipment, deberán cumplir seis meses de prisión preventiva.
El Juzgado Penal de San José impuso la medida cautelar a solicitud de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), tras la captura de ambos el pasado jueves 15 de enero. El encarcelamiento vence el 15 de julio de 2026.
El día de la detención, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ejecutaron cinco allanamientos en Granadilla de Curridabat, San Francisco de Dos Ríos, una torre de apartamentos en Paseo Colón, en San José, así como en Heredia.
Esto permitió desarticular esta red que, según las autoridades, habría llegado a proveer armas al Cártel del Caribe Sur, considerado la primera organización delictiva de ese calibre en el país.
Ambos sospechosos mantenían un perfil empresarial, pues figuraban como representantes de dos sociedades mercantiles denominadas Multillaves y Polifibras, las cuales presuntamente eran utilizadas para encubrir el negocio ilícito.
Además, Suárez Méndez es ingeniero civil, profesión que, según las autoridades, habría sido utilizada para disimular las ganancias ilícitas que obtenían. Así lo explicó el director del OIJ, Michael Soto.
"Les da un perfil de alta relevancia y que los podía hacerse pasar discretamente ante algún incremento económico porque podrían argumentarlo dentro de la labor empresarial o dentro de su perfil profesional", detalló el jefe policial.
Incluso, los sospechosos mantenían una residencia en una torre de apartamentos de alta plusvalía ubicada en Paseo Colón, uno de los sitios que utilizaban para almacenar el arsenal y que también fue allanado.
Según las autoridades, este tipo de inmuebles ofrece mayor seguridad y discreción, lo que facilita ocultar armamento sin levantar sospechas entre los vecinos.
De ese inmueble habrían salido, al parecer, 10 fusiles y ₡2,5 millones, los cuales fueron trasladados por un menor de edad en un autobús con destino a Limón, el pasado 20 de noviembre.
La red de trasiego de armas golpeada la semana pasada no solo comercializaba armas de corto alcance, como pistolas y revólveres, sino también armamento de grueso calibre, incluidos fusiles de guerra y rifles utilizados por francotiradores.
Todo este material fue hallado en uno de los cinco puntos allanados: una vivienda ubicada en Granadilla de Curridabat, acondicionada como una especie de madriguera con bodegas ocultas. Allí ubicaron 100 paquetes de droga, los cuales deberán ser analizados para confirmar si se trata de cocaína.
De acuerdo con la investigación, el grupo se dedicaba a fabricar o modificar armas de fuego para luego distribuirlas a organizaciones criminales, presuntamente a precios elevados.
Uno de los negocios más lucrativos para la estructura habría sido la conversión de pistolas calibre 9 mm en armas automáticas, el tipo de armamento más utilizado para cometer homicidios en Costa Rica.
Para ello, bastaba con una pieza conocida como switch, un pequeño componente metálico de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros, que al ensamblarse modifica el mecanismo del arma y permite realizar hasta 30 disparos continuos al accionar el gatillo en cuestión de segundos.
Especialistas en armas del OIJ analizaron el material decomisado y lo localizado en las viviendas allanadas, ya que no se descarta que el grupo también se dedicara a la fabricación de fusiles mediante impresiones 3D o al ensamblaje de piezas importadas de forma individual, camufladas como herramientas de cerrajería o repuestos para motocicletas.
Las investigaciones apuntan a que al menos cuatro personas integrarían esta estructura criminal, la cual mantenía vínculos con bandas delictivas de alto perfil y abastecía de fusiles a organizaciones como el Cártel del Caribe Sur.
La pesquisa se originó el 20 de noviembre del año anterior, cuando el menor de edad fue detenido en un autobús de la empresa Caribeños. Ese mismo día, el OIJ ejecutó un operativo en barrio Atlántida, donde decomisó un arsenal de 32 armas, entre pistolas y rifles AR-15 y AK-47, en una bodega vinculada a la banda de sicarios liderada por Tony Alexander Peña Russell, alias La T.
Peña Russell fungía como el brazo armado del Cártel dirigido por los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, ambos en proceso de extradición a Estados Unidos.
La coincidencia temporal entre ambos decomisos reforzó la hipótesis de una relación de proveeduría entre la red investigada y dicha organización criminal.
Otros hechos fortalecieron esta línea investigativa, como la incautación de 100 paquetes de marihuana con destino a Limón, un enfrentamiento armado con la Fuerza Pública en la ruta 32 y un operativo ejecutado en enero, que derivó en una persecución policial, intercambio de disparos y decomiso de droga en la zona atlántica.
Según el OIJ, las estructuras criminales asentadas en Limón controlan el tráfico de marihuana en el país y, tras recientes decomisos, habrían buscado reabastecerse de armamento. La investigación permitió establecer que el grupo utilizaba negocios legales y conocimientos en cerrajería para modificar armas y comercializarlas de forma ilícita.
Tras labores de vigilancia y seguimiento, el OIJ realizó los allanamientos.