Caso Pista Oscura: Tribunal ratificó medidas cautelares contra exministro Batalla, director de Aviación y alto mando de CNE
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ratificó las medidas cautelares contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, y otros implicados en el caso Pista Oscura, un escándalo de aparente corrupción del actual Gobierno, en el cual se investiga una posible multimillonaria desviación de recursos públicos para intervenir el aeropuerto de Guanacaste.
La resolución se dictó este miércoles. Si bien la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción (FAPTA) pretendía ampliar las restricciones e imponer impedimento de salida del país y la obligación de firmar periódicamente ante una autoridad judicial, con el fin de contener un eventual peligro de fuga, una jueza no acogió dicha solicitud.
No obstante, ni Batalla ni el resto de funcionarios quedaron sin medidas cautelares, sino que se mantienen las mismas que les fueron impuestas desde el 19 de mayo de 2025.
En el caso del exjerarca, detenido meses atrás, pesa la prohibición de comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar, de manera directa o por terceras personas, así como mediante medios electrónicos, redes sociales, llamadas o mensajes, a los testigos.
Además, se le prohíbe el ingreso a las instituciones públicas involucradas, a saber: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
En la causa penal también fue detenido el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, sobre quien pesa la prohibición de comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar, de manera directa o indirecta, a los testigos, por cualquier medio.
Asimismo, se le prohibió conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001, así como cualquier situación laboral de los testigos, e ingresar a las oficinas centrales de la Dirección General de Aviación Civil, por lo cual deberá adoptar las medidas necesarias para atender el resto de sus labores en otras dependencias de dicha entidad.
También se le impidió conocer cualquier asunto relacionado con la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC, donde laboran antiguos miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto bajo investigación.
A ellos se suma Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, sobre quien se mantienen las restricciones de prohibición de comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a los testigos.
Además, se dispuso la reubicación de su puesto como ingeniero fiscalizador dentro de la Comisión Nacional de Emergencias, en alguna otra oficina afín a su perfil profesional. También se le prohíbe conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001.
El único que se mantiene sin medidas cautelares en este caso es el presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado Eduarte. Si bien contra los demás imputados no se logró ampliar las restricciones solicitadas por el Ministerio Público, sí se mantienen vigentes las ya impuestas.
La nueva audiencia estaba pendiente de realizarse luego de que, el pasado 29 de julio, la jueza Ilsi Pérez anuló la resolución dictada el 19 de mayo, en la cual se dejó en libertad y sin ninguna medida cautelar al jerarca de la CNE tras su detención, y se impusieron restricciones reducidas al resto de imputados.
El primer juez que tramitó la solicitud de medidas cautelares, a mediados de mayo, rechazó la mayoría de las restricciones planteadas por el Ministerio Público.
Luego, el Juzgado Penal acogió una apelación presentada por la Fiscalía, mediante la cual se solicitó convocar una nueva audiencia para valorar la imposición de otras medidas contra Picado, considerado una de las fichas inamovibles del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Dado que tres de los imputados son funcionarios activos del Gobierno, inicialmente también se solicitó la suspensión de sus cargos; sin embargo, esta medida no fue concedida.
Caso Pista Oscura
En este escándalo de corrupción se investiga la posible desviación de $40 millones destinados a reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, así como una aparente reducción de las obras en perjuicio del erario público.
Los imputados son vinculados con la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la calzada de aterrizaje de la terminal aérea ubicada en Liberia.
En mayo, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público, allanó las viviendas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde además procedió a su detención, al figurar como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. La primera está relacionada con la preparación del contrato para las obras y la modificación del decreto de emergencia por tormentas tropicales, el cual fue alterado meses después para incluir al cantón de Liberia y, por ende, a la terminal aérea.
La segunda línea se centra en la ejecución de las obras, ya que, al parecer, en medio de diversas irregularidades se redujo la cantidad de reparaciones en la pista, mientras que el valor del contrato disminuyó únicamente en $4 millones.
Según la jueza que resolvió la apelación, existieron discrepancias en la resolución anterior, por lo que, con esta nueva decisión, deben valorarse elementos que fueron omitidos para determinar las medidas cautelares correspondientes contra el presidente ejecutivo de la CNE.
La jueza señala en el documento que a Picado Eduarte se le imputa haber afectado la Hacienda Pública al incluir al cantón de Liberia en una declaratoria de emergencia emitida a raíz de dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie, fenómenos que provocaron estragos en el país en julio de 2022.
Sin embargo, la investigación apunta a posibles favorecimientos derivados de esa declaratoria, firmada por el mandatario Chaves Robles en Casa Presidencial, ya que se presume que fue utilizada para otorgar un contrato destinado a reparar la pista, pese a que esta no habría sufrido daños directamente causados por los fenómenos naturales mencionados.
Desde el inicio, Picado trabajó con el mandatario, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el exministro de Obras Públicas, Luis Amador, en la elaboración del decreto ejecutivo que permitió licitar las obras por la vía de emergencia, sin fiscalización previa de la Contraloría General de la República (CGR).
La jueza indicó que la figura del imputado Picado Eduarte es de suma relevancia para la investigación, ya que, al ocupar el cargo de mayor jerarquía dentro de la CNE, se presume que propició la inclusión de datos falsos en el acuerdo 91-06-2023.
Dicho acuerdo sirvió como base para ampliar el decreto ejecutivo que permitió disponer de los fondos de emergencia mediante un régimen de excepción, con el fin de evitar un proceso ordinario de contratación administrativa.
Ante este panorama, Pérez concluyó que el imputado no tuvo una intervención mínima, como lo había sostenido previamente el Juzgado.
Esa instancia también había señalado que no existía prueba de participación por parte de Picado; no obstante, la jueza consideró que el acuerdo adoptado por la junta directiva de la CNE —presidida por Picado— fue determinante para encaminar la firma del decreto de emergencia.
Según la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción (FAPTA), Picado figura como uno de los principales gestores de las irregularidades, al facilitar la firma del decreto mediante acciones que califican como delictivas.
Rodrigo Chaves Robles también figura como imputado por estos hechos, aunque en una causa paralela a cargo de la Fiscalía General, debido a su condición de integrante de uno de los supremos poderes del Estado.