Caso “Gallo Tapado”: Abogado se opondrá a más prisión preventiva para extesorero del BNCR

A las 9:05 a.m. de este lunes 5 de mayo, la representación legal del extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de apellidos Olivas Valle, aseguraba no tener indicios sobre la acusación planteada por 33 presuntos delitos de peculado en el caso "Gallo Tapado".

Carlos Manuel Rivera, abogado del imputado, señaló que a esa hora no había obtenido notificación formal o copia de la acusación comunicada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) debido a que, según las respuestas que obtuvo del juzgado penal, aún no había sido presentada.

El viernes 2 de mayo, la Fapta emitió un comunicado de prensa en el que detalló que Olivas Valle fue acusado (con solicitud de apertura a juicio) de 33 delitos de peculado al considerar que existía suficiente prueba para vincularlo con la sustracción de ₡3.239 millones de las bóvedas de la sede central del BNCR, en San José, que trascendió a finales de 2023.

El peculado es la sustracción (o desviación) de dinero o de bines cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada a un funcionario público debido a su cargo. Según el Código Penal, se castiga con penas de prisión que van de los 3 a los 12 años.

Rivera apuntó que conocieron sobre la acusación a través de los medios de prensa y consideró que se trata de una "movida" del Ministerio Público para prorrogar la prisión preventiva contra el exfuncionario.

La medida cautelar, que el imputado cumple desde hace 18 meses, vence el próximo 8 de mayo y el abogado apunta a que la Fapta planteó la acusación en este momento para propiciar una prórroga.

"El imputado (Olivas Valle) es el primero que debe conocer de la acusación. Mucho antes que la prensa", puntualizó el abogado.

El representante adelantó que plantearán que Olivas cumpla otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por mientras se agenda el juicio. Según detalló, se basarán en lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para apelar la intención del Ministerio Publico.

"El imputado también tiene derecho a enfrentar el proceso penal en libertad. Olivas Valle no es un presunto delincuente común. No es un peligro para la sociedad. No es un homicida, un sicario o un narcotraficante. Estamos hablando de supuestos delitos que ocurrieron en el ejercicio de la función pública. Ya 18 meses privado de libertad, me parece que es momento suficiente para que el tribunal de apelación le conceda a él una de las medidas cautelares que están establecidas en el Código Penal, que puede ser arresto domiciliario, monitoreo electrónico o impedimento de salida del país", comentó Rivera.

El abogado detalló que Olivas "nunca ha salido del país" y que ante esto no se puede presumir que, con una medida diferente a la prisión preventiva, se fugará. Por eso, apelarán la intención de que se mantenga privado de libertad.

Olivas Valle, de 37 años, fue detenido el 8 de noviembre de 2023 y desde entonces está en prisión preventiva.

Otras 7 personas (empleadas del banco) fueron detenidas en noviembre de 2023 en las acciones desplegadas por el Ministerio Público y el OIJ, pero solo Olivas cumple prisión preventiva. Contra ella, la Fapta abrió un testimonio de piezas (expediente penal aparte por los mismos hechos bajo investigación).

En principio, al tesorero le imputaron los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Tras el avance de las pesquisas, la fiscalía también abrió un expediente aparte contra el sujeto por aparente lavado de dinero.

El caso

Los rumores de "desorden" y "manejos irregulares" en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del BNCR fueron la punta del iceberg que permitió descubrir la presunta sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la institución.

Las aparentes anomalías en el manejo del efectivo se conocían desde mediados de 2023, según consta en la orden de allanamiento por este caso. Para entonces, ya existían alertas confidenciales sobre presuntas irregularidades de funcionarios destacados en esa dependencia.

La Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR realizó el estudio CCN-CSI-060-2023-IN3, en el cual se fiscalizó la Administración del Numerario (área donde se gestiona el efectivo que ingresa procedente de tulas o colas de billetes), entre el 31 de julio y el 29 de agosto.

En esa misma línea, el 23 de agosto de 2023, se realizó una charla con funcionarios destacados en la Administración del Numerario "a raíz del desorden en el manejo del dinero en efectivo percibido por analistas en el CIPE y por información confidencial recibida en esa misma dependencia".

Esa fue la primera ocasión en que se advirtió sobre el "manejo irregular" asociado al tesorero de apellidos Olivas Valle, quien figura como principal imputado en la presunta sustracción millonaria del dinero.

A partir de estos hallazgos, la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR, decidió intervenir las oficinas encargadas de la gestión del efectivo que ingresaba a las bóvedas y se procedió a efectuar un arqueo físico en octubre.

"De esta manera, tal y como consta en el adendum CCN-CSI-076-2023-IN4, el 3 de octubre de 2023 la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR inició un arqueo del CIPE, el cual terminó el 4 de octubre de 2023. Ejercicio que fue repetido nuevamente el 6 de octubre de 2023, determinando así que existe un faltante de 3.239.829.421,40 colones en efectivo, que debían estar en custodia del señor Olivas Valle", cita la orden de allanamiento que dio pie a las detenciones de 8 de los 9 imputados en la causa penal, el 8 de noviembre de 2023.

El OIJ y la Fapta arrancaron las pesquisas luego del 23 de octubre de 2023, tras la información reportada en medios de comunicación. El BNCR tardó casi 3 semanas en presentar una denuncia penal por el hecho y, más bien, las autoridades investigan si la entonces directora jurídica de la entidad, de apellidos Herrera Cantillo, procuró que la presunta sustracción del dinero no trascendiera a la esfera pública.

En la hipótesis inicial, el OIJ apunta a que Olivas Valle habría sustraído dinero en efectivo durante 7 ocasiones distintas entre agosto y setiembre. Ante la aparente falta de arqueos físicos y controles exhaustivos desde el año 2019, investigarían si existe sustracción de dinero en los últimos 4 años

La fiscalía apunta a que Olivas se asoció con otros funcionarios, cuyos rangos y apellidos se detallan a continuación, para ejecutar la sustracción de los dineros:

• Ugalde Morales: Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo.
• Blanco Oviedo: Supervisor de Procesamiento de Efectivo.
• Cerdas Martínez: Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo.
• Hernández Saborío: Contador de efectivo.
• Madrigal Faerrón: Jefe de Tesorería.
• Bolaños Zúñiga: Guarda de seguridad.

Olivas se habría encargado de la ejecución material de las sustracciones de dinero, lo cual desarrolló valiéndose de la incomunicabilidad que existió entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Al parecer, Olivas entregó al imputado de apellidos Ugalde Morales sumas de dinero inferiores a las recibidas por los demás funcionarios del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).

De esta manera, logró acumular de manera injustificada una suma superior a los ₡4.556 millones, de los cuales ₡3.239 millones fueron sustraídos de las instalaciones del banco.

La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle, aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR, habría introducido fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.

Al presuntamente sustraer los billetes, salía caminando de la esclusa y del puesto de seguridad del CIPE. Siempre con el sobre de manila amarillo en la mano derecha.

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de procesamiento de efectivo) y Cerdas Méndez se habrían encargado de "ocultar el desbalance contable que generó la sustracción del dinero en efectivo realizado por Olivas Valle". Esto lo lograban, según la fiscalía, mediante el registro de información falsa en los arqueos que diariamente debían realizar, así como con la omisión y ejecución y verificación de los controles establecidos en cada una de las funciones que tenían a cargo.

A partir de esto, presuntamente, Olivas Valle tuvo posibilidad de sustraer los ₡3.293 millones en el lapso temporal bajo investigación.

Para el Ministerio Público, la "organización criminal" procedió a establecer un esquema operacional que tenía como objetivo justificar el origen del dinero que adquirieron producto de la actividad ilícita.

Para ello, el tesorero, entre enero de 2022 a octubre de 2023, habría procedido de manera sistemática y reiterada a comprar hasta ₡60 millones mensuales en lotería (chances y Tres Monazos) a razón de ₡2 millones a ₡3 millones por día.

"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.

Olivas Valle era funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea.